Alberto Fernández presenta un proyecto de reforma judicial en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó este miércoles en Casa Rosada su proyecto de reforma judicial, una iniciativa que provoca un fuerte rechazo de la oposición macrista, que la considera un plan para garantizar la impunidad de funcionarios kirchneristas que enfrentan causas de corrupción. 

Para el oficialismo, en cambio, se trata de un objetivo primordial, planteado incluso antes de haber retomado el poder, en diciembre del año pasado. Por un lado, busca terminar con la postergación o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, así como impedir la construcción de falsas causas y detenciones arbitrarias, una serie de discrecionalidades de la Justicia que le atribuyen a la anterior gestión. 

"Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo hoy no es otra cosa que pedir una justicia independiente y transparente, en la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos", dijo el mandatario durante el anuncio. Y añadió: "Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas". 

De hecho, por estos días se investiga en los tribunales a exfuncionarios de Mauricio Macri en la presunta utilización de servicios de inteligencia estatal, en un circuito de espionaje ilegal, extorsiones y armado de denuncias contra sus rivales políticos.   

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En concreto, la reforma propuesta por el Gobierno implica la duplicación de los juzgados federales, y la designación de un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. Se cree que este consejo será el encargado de analizar la posible ampliación de la Corte Suprema, de cinco a nueve miembros.

Este último es uno de los puntos que provocó mayor resistencia de sectores de la oposición, ya que uno de sus once integrantes es Carlos Alberto Beraldi, abogado de la vicepresidenta y ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta múltiples procesos judiciales que ella misma considera parte del 'lawfare' (guerra judicial) del cual sería víctima. 

El macrismo se opuso también a la idea de ampliar el máximo tribunal de Justicia. "El objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad", señalaron desde la coalición opositora. 

Por otra parte, el proyecto apunta a mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales existentes con los once de penal económico y duplicando su número, para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros. 

Además, impulsa la aplicación en todo el territorio nacional de un sistema acusatorio -a través de un mayor protagonismo de los fiscales- y de los juicios por jurados populares, esquemas que se aplican solo en algunas provincias.

En teoría, el Gobierno cuenta con el número suficiente de legisladores como para que el proyecto pase sin sobresaltos por el Senado.

Pero la idea de reformar el sistema judicial también cuenta con un respaldo de la población en general. En una encuesta realizada por la consultora Analogías, el 77 % consideró 'bastante necesaria' una modificación en ese sentido. 

Comodoro Pro

Otra causa que involucra a ex funcionarios del macrismo intenta determinar si existió durante sus días en el poder una 'mesa judicial' que presuntamente interfería en causas sensibles para el Gobierno, o que pudieran alimentar el discurso de la llamada 'corrupción K', como las repetidas indagatorias a las que fue convocada Cristina Fernández, en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. 

Ese aparente entramado político-judicial que uniría a algunos magistrados de ese tribunal con la anterior administración, con el fallecido juez Claudio Bonadío como principal figura, le valió al kircherismo para rebautizar el edificio como 'Comodoro Pro', por el partido amarillo fundado por Mauricio Macri en 2005. 

La reforma que tratará el Congreso de Argentina busca impactar de lleno en la estructura de Comodoro Py, ampliando y unificando el número de juzgados criminales con aquellos del fuero penal económico, que investigan hechos de contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria.

Emmanuel Gentile