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El Gobierno de Argentina anula el decreto para la expropiación de la agroexportadora Vicentin
El presidente Alberto Fernández culpó al juez que intervino en el concurso de acreedores por no permitir que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decidió este viernes dar marcha atrás en su intención de intervenir y expropiar la empresa agroexportadora Vicentin, en proceso de quiebra e investigada por maniobras de fraude al Estado.
La decisión fue adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deroga el decreto anterior, el cual establecía un procedimiento de estatización y regularización de deudas para sostener la producción y las fuentes de trabajo de la compañía.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario apuntó contra el juez que intervino en el concurso preventivo de crisis de Vicentin, Fabián Lorenzini, quien, según Fernández, "no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía".
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
De acuerdo al presidente, Lorenzini impidió también el acceso de la intervención por parte los funcionarios asignados por el Gobierno, y mantuvo en sus funciones a los directores responsables de la crisis, quienes "ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".
Por esa razón, la Casa Rosada prefirió "no comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".
El jefe de Estado indicó que la intención de su administración siempre fue la de rescatar a la empresa Vicentin, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Sin embargo -remarcó- antes de ello tiene la obligación de que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que cayó la firma, así como dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.
La empresa, una de las principales exportadoras de granos y aceites del país, adeuda unos 1.350 millones de dólares, y una posible quiebra dejaría a 2.600 personas sin trabajo. Por otra parte, la Justicia investiga créditos por 300 millones de dólares que le otorgó el Banco Nación, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la firma ya estaba ahogada financieramente. La cifra supera además el límite que la ley permite entregar a la banca pública
El proyecto oficial de expropiación de Vicentin recibió varios reveses desde que lo anunció el líder peronista. A pesar de la crisis sanitaria y la cuarentena que rige en el país por el coronavirus, hubo protestas en defensa de la propiedad privada y contra el "comunismo" de Alberto Fernández.
En medio de la tensión política, el juez Lorenzini decidió restituir la administración de la empresa Vicentin a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de "veedores" a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. Tras calificar la medida medida judicial como "absurda", Fernández aseguró que no habría marcha atrás con la iniciativa.
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