A finales de junio, el expresidente de Ecuador Rafael Correa señaló que consideraba presentarse como candidato a la Vicepresidencia de su país, en las elecciones que están previstas para el 7 de febrero de 2021.
"Si me permiten seré candidato, veremos si es que eso ayuda a una victoria electoral. Tengo que estar ahí por mi patria, pero también por mis compañeros perseguidos, por la tranquilidad de nuestras familias", dijo el exmandatario durante una videoconferencia.
Pero, aunque este sea su deseo, ¿tiene el camino abierto para presentarse a optar por este cargo? ¿Qué normativas han cambiado en el país desde su partida en 2017 y qué trabas enfrenta?
¿Por qué no se presenta a la Presidencia?
Correa no puede presentarse nuevamente como candidato a la Presidencia debido a las reformas constitucionales que se hicieron en 2018.
En febrero de ese año, se llevó a cabo una consulta popular para hacer varias reformas constitucionales y legales en el país. Entre las preguntas se incluyó una que indicaba: "Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015?".
En el anexo sobre esa pregunta, se agregó una disposición que indica que "las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi (2008) no podrán postularse para el mismo cargo".
Esa pregunta fue aprobada con 63,34 % de los votos. Por lo tanto se reformó la Constitución y Correa, electo dos veces presidente con la Constitución de Montecristi (2009 y 2013), no puede presentarse para ese cargo en Ecuador.
Sin partido
Una primera traba que han encontrado Correa y sus simpatizantes es la de agruparse a un partido político que pueda participar electoralmente, aunque han logrado solventarlo en el camino.
En 2017, una vez que el presidente Lenín Moreno marcó distancia de Correa, se generó una crisis interna en el partido gobernante Alianza PAÍS, fundado por el exmandatario en 2006 y que llevó al actual presidente al Palacio de Carondelet.
Tras esa disputa, el partido se dividió y quedó en manos de Moreno, quien es ahora su presidente. Un paso que la abogada María Cecilia Herrera, en entrevista con RT, califica como "un despojo ilegítimo".
Tras eso, los simpatizantes de Correa intentaron inscribir en el Consejo Nacional Electoral (CNE) al partido Revolución Ciudadana; sin embargo, el CNE lo rechazó. La institución, explica Herrera, se negó a "inscribir un partido que se llame Revolución Ciudadana, porque, argumentaron, esta era la denominación con la que se conoce a Alianza PAÍS".
Hubo un nuevo intento por inscribir a un partido, en esa oportunidad como Movimiento Revolución Alfarista, pero tampoco fue aprobado, según el organismo electoral, "por incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios". De acuerdo con Herrera, "ahí el problema que dijo el CNE es que, supuestamente, no se puede registrar a una organización que se llame a sí misma alfarista, que se declara de izquierda y socialista, pero asume el nombre de (Eloy) Alfaro que era una persona liberal".
Luego, hubo un intento más por estar en la palestra política-electoral como Movimiento Acuerdo Nacional (MANA), pero se generó una disputa de representación legal de esta facción y tampoco hubo resultados positivos.
Suspensión de Fuerza Compromiso Social
Ante las innumerables negativas del CNE, en diciembre de 2018, el movimiento Revolución Ciudadana se unió, finalmente, al partido Fuerza Compromiso Social (FCS), un partido político legalizado en el órgano electoral desde agosto de 2016.
Junto a FCS, los correístas pudieron participar en las elecciones seccionales que se llevaron a cabo el 24 de marzo de 2019, en las que se eligieron prefectos, viceprefectos, alcaldes y concejales en Ecuador. En esos comicios, este movimiento obtuvo 11,26 % de los votos de todo el país, ubicándose como la fuerza política más votada en el territorio ecuatoriano.
Tras esos resultados, en agosto de 2019, comenzó un proceso administrativo en la Contraloría General del Estado (CGE), que incluyó a esta fuerza política y a otras tres: Podemos (MNP), Libertad es Pueblo (LEP) y Justicia Social (MJS). En esa ocasión, la institución recomendó al pleno del CNE vigilar la situación legal de estos movimientos políticos con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica.
En marzo de este año, la institución pidió directamente al CNE dejar sin efecto la inscripción de estos partidos. Señaló que tras un examen realizado a estas fuerzas, se determinó que las cuatro incumplen con el 1,5 % de afiliados, que estipula como requisito el artículo 109 de la Constitución para ser legalizados, de acuerdo con el padrón del último proceso electoral.
Ante la falta de decisión en el CNE a sus recomendaciones, en junio pasado, la CGE predeterminó responsabilidades administrativas sobre las autoridades electorales y pidió la destitución y multa para tres consejeros: Diana Atamaint (presidenta del organismo), José Cabrera Zurita y Esthela Acero Lanchimba.
A menos de un mes después de solicitar esas destituciones y multas, el 19 de julio, el CNE acató las recomendaciones de la CGE y suspendió a los partidos.
No obstante, el pasado 1 de agosto, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz dejó sin efecto la decisión del CNE que suspendía a estos cuatro partidos. De acuerdo a la decisión del magistrado, la resolución del organismo electoral "vulnera los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política".
¿Estuvo justificada la actuación de la CGE?
Herrera señala algunos vicios con los que actuó la CGE. En primer lugar, la abogada explica que la Contraloría "no tiene las competencias para revisar las firmas", puesto que esas funciones son exclusivas del CNE, como lo establece el artículo 219 de la Constitución del país.
"El CNE tiene la competencia exclusiva de mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, verificar sus procesos de inscripción que, también, incluye el tema de las firmas", enfatiza.
La jurista indica que, en la Carta Magna, específicamente en los artículos 211 y 212, están definidas las funciones de la CGE. "La Contraloría tiene la competencia de velar por los recursos públicos del Estado, de verificar que los recursos públicos sean administrados bajo principios y criterios de economía, de efectividad, de eficiencia, entonces, no tiene nada que ver con estas funciones electorales", aclara.
Otro asunto que señala Herrera es que el calendario electoral, rumbo a los comicios de 2021, ya está en marcha. "Se supone que una vez iniciado el calendario electoral, no se permite que ninguna autoridad ni ninguna persona intente obstaculizarlo", subraya.
"En nuestro país, lastimosamente, se está librando una batalla jurídica contra la democracia, es un tema absolutamente político, lo que se busca es proscribir a Fuerza Compromiso Social, que representa, evidentemente, a las personas afines a Rafael Correa, quien representa a la mayor fuerza política de nuestro país", critica la abogada.
Además, señala un punto más en la actuación de la CGE, recordando que el actual contralor, Pablo Celi, ocupa el cargo como "subrogante". El funcionario no fue posesionado en la Asamblea Nacional y fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio —cuyas autoridades estuvieron provisionalmente tras, también, la Consulta Popular de 2018— que, mediante una resolución, decidió que permaneciera en el puesto hasta 2022.
'Caso sobornos', uno de muchos procesos
El tema administrativo-electoral es solo una parte de la situación de Correa en Ecuador. El exmandatario también enfrenta varios procesos ante la Justicia ecuatoriana, los más conocidos son el 'Caso Sobornos' y el 'Caso Balda', por los que tiene orden de detención en su contra. Sin embargo, por ninguno existe sentencia ejecutoriada (firme) que le impida inscribirse a una posible candidatura.
El 'Caso Sobornos' "es y será digno de estudio para las futuras generaciones, por la barbarie jurídica que significa todo lo que se ha hecho", comenta el abogado del exmandatario, Fausto Jarrín, en entrevista con RT.
Este caso comenzó en mayo de 2019, cuando el portal La Fuente publicó una investigación que tituló 'Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador'. En el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló la presunta participación de Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y otros exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido Alianza PAÍS con dinero de empresarios contratistas estatales.
Por este caso, cuyo juicio empezó el 10 de febrero de este año, ya hubo sentencia en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El veredicto se dictó el 7 de abril, a menos de dos meses de iniciadas las audiencias, durante el momento más estricto del confinamiento en el país por la pandemia del coronavirus. En la decisión, los jueces condenaron al exmandatario a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política.
Los magistrados determinaron que hubo cohecho; pero, en el caso específico de Correa y Glas, señalaron que "actuaron a través de influjo psíquico para instigar o incitar a los funcionarios a cometer el delito", dice Jarrín, al comentar la sentencia.
"Hablar de la posibilidad de delinquir con los pensamientos o de influenciar a través de la mente a otras personas ya no solo es risible, sino que es ridículo", agrega el abogado, que explica que el concepto de influjo psíquico, "cuando todavía existía ese tipo de instituciones en sociedades más desarrolladas", se intentaba probar a través de pericias psicológicas o psiquiátricas. "En este caso jamás se hicieron pericias psiquiátricas ni exámenes psicológicos absolutamente a ningún procesado y mucho menos se le puede hacer un examen psicológico a la víctima, porque, en este caso, la víctima es el Estado", critica.
Sentencia ratificada
La defensa apeló el veredicto y el 20 de julio el Tribunal de Apelación de la CNJ lo ratificó. "La sentencia no solo ratifica la anterior, sino que es un copia y pega, porque grandes segmentos del fallo son copiados del de primera instancia, lo cual es una nueva violación, una nueva aberración jurídica", añade Jarrín, que explica que lo único que cambió fue el tiempo de inhabilitación política, de 25 a ocho años, el lapso que dura la condena.
La defensa pidió ante la CNJ la "ampliación y aclaración" de la sentencia de apelación, pero fue negada el pasado 31 de julio. Desde esa fecha, los procesados tienen cinco días hábiles para presentar el recurso de casación.
"En mi experiencia personal, no he vivido nunca una casación que dure menos de cuatro meses", comenta Jarrín. Sin embargo, cree que en esta oportunidad este proceso podría ser resuelto en menos de un mes, porque, a su juicio, "el Estado ecuatoriano, a través de su Gobierno, está buscando una sentencia, previo a la fase de inscripción de las candidaturas" de los comicios de 2021, que está prevista del 18 de septiembre al 7 de octubre próximo, debido a que una vez que Correa se inscriba para participar en las elecciones, "queda cobijado por la inmunidad electoral y no se puede ejecutar ninguna orden de detención contra él".
Entonces, dice el abogado, "para poder ejecutar cualquier tema judicial en su contra, se verían abocados a esperar a que los resultados electorales estén ratificados" el próximo año.
"En razón de eso es que nosotros entendemos la premura, la excesiva diligencia con la que están actuando los jueces y eso es lo que nos genera muchos temores sobre la legalidad y la imparcialidad de las decisiones", dice el jurista.
En cuanto al 'Caso Balda', vinculado al presunto secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012, en Bogotá, Colombia, este se encuentra suspendido, debido a que no se puede juzgar en ausencia, detalla Jarrín.
Entonces, ¿podrá presentarse a la Vicepresidencia?
De momento, "las posibilidades fácticas de que el expresidente Correa sea candidato están inamovibles", opina Jarrín.
Sin embargo, la opción de ir por la Vicepresidencia se ha complicado en las últimas semanas. Apenas poco más de una semana de manifestar su intención por ese cargo, el CNE aprobó una reforma al Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, en la que establece que el postulante a una dignidad nacional debe ir de manera personal a las instalaciones del organismo electoral a inscribir su candidatura. Antes de este cambio, el representante de la organización política acudía a estas oficinas con la lista de candidatos escogidos para registrarlos.
En los consulados de Ecuador en Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Hamburgo, entre otros, algunos migrantes han interpuesto recursos en contra de la decisión del CNE, al considerarla una medida discriminatoria contra los ecuatorianos en el exterior, por lo que esperan un pronunciamiento del TCE.
Si nada cambia judicialmente antes de la inscripción, de llegar al país para inscribir su candidatura, tras ser proclamado dentro del partido, Correa podría ser apresado por alguna de las dos órdenes de detención en su contra, lo que le impediría acudir personalmente a la sede del CNE.
De esta manera, y con la reforma aplicada, el exmandatario solo tendría la posibilidad de presentarse como asambleísta por el exterior, candidatura que podría inscribir en un consulado ecuatoriano.
Edgar Romero G.
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