Después de que este lunes transcendiese la noticia de que el rey emérito Juan Carlos I de España había decidido trasladar su residencia fuera del país, varios medios españoles ya dan por confirmado que que se encuentra en República Dominicana y que se habría marchado solo, sin la compañía de su esposa la reina Sofía.
Al parecer, según las fuentes periodísticas, cuando la Casa Real hizo pública la misiva en la que el exmonarca comunicaba a su hijo y sucesor sus intenciones, Juan Carlos de Borbón ya había iniciado el viaje. Una ruta que le habría llevado primero a Sanxenxo, un municipio de Galicia, al norte del país; después a Oporto, en Portugal; y desde allí a tomar un avión en dirección a la nación caribeña.
Según estas informaciones, el rey emérito ya estaría en su nuevo país de residencia, un lugar que aparecía en todas las quinielas cuando se comenzó a especular en que el 'exilio voluntario' sería una de las salidas barajadas para preservar la institución de la Corona.
La salida elegida: el 'autoexilio'
Desde que en 2012 la opinión púbica española se despertara con el escándalo de la caída del entonces rey Juan Carlos I mientras disfrutaba de un safari de lujo en Botsuana, cazando elefantes, en compañía de su amante, en el peor momento de la crisis económica que azotaba al país, el goteo de noticias que han erosionado su figura no ha cesado.
Pero han sido las investigaciones sobre presuntos delitos fiscales y la percepción de comisiones ilegales tanto de la Fiscalía suiza, desde 2018, como de la Fiscalía española, desde hace tan solo dos meses, las que han terminado por abocar al exmonarca al extranjero, que representa el tercer acto del auténtico declive de su imagen pública.
El primer acto tuvo lugar el 27 de mayo de 2019, cuando anunció su retirada de la vida pública. Aunque no era público, para entonces Felipe VI ya hacía dos meses que había recibido una carta de los abogados de Corinna Larsen, examante de su precedecor, en la que le informaban de las cuentas opacas que Juan Carlos tenía en el extranjero.
El segundo se produjo el 15 de marzo de este 2020, cuando el país se encontraba inmerso en el shock del decreto del estado de alarma publicado un día antes y que establecía el confinamiento de la población para luchar contra el coronavirus. Entonces, Felipe VI anunció que retiraba la asignación económica a su padre (de casi 200.000 euros anuales) y que renunciaba a su futura herencia.
Continúan las investigaciones pese a la marcha del país
La salida del rey emérito del país no afecta a la marcha de las indagaciones de los Ministerios Públicos de Suiza y España. La investigación de las finanzas y las cuentas ocultas en paraísos fiscales por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales continuará como hasta la fecha.
Otro asunto es si el exmonarca decidiese sustraerse a la acción de la Justicia. Eso no sería posible si su destino fuese un país de la Unión Europea, como Portugal (donde residió de niño con su padre), u otros como Suiza (donde actualmente vive su hija menor), países que habrían sido vistos con mejores ojos por el Gobierno.
En el caso de República Dominicana sí existe un tratado bilateral de extradición con España desde la década de los ochenta, aunque el texto legal contiene una cláusula por la que no se procedería a la extradición si el delito hubiera prescrito en cualquiera de los dos Estados, por lo que existe la posibilidad de que no se llevara a cabo.
En cualquier caso, la Defensa de Juan Carlos de Borbón difundió este lunes un comunicado en el que informa de que el exmonarca, a pesar de "su decisión de trasladarse" fuera de España, "permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".
Además, en las últimas jornadas se ha especulado con que el exmonarca decidiera acogerse al artículo 305 del Código Penal español, por el que podría realizar una regularización fiscal voluntaria para evitar la apertura de un procedimiento penal, siempre que se llevara a cabo antes de la notificación de cualquier investigación.
¿De qué se le puede juzgar?
En Suiza, las investigaciones que está desarrollado el fiscal Yves Bertossa se centran en las supuestas comisiones percibidas por el exmonarca por la adjudicación del contrato de construcción del Ave a La Meca en el año 2008.
Sin embargo, en el caso español, las pesquisas solo pueden abarcar a partir de 2014, por lo que quedarían fuera los hechos ocurridos antes de esa fecha y solo se podría indagar acerca de los movimientos posteriores de dinero que pudieran suponer fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Hasta el 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación como rey de Juan Carlos I, el monarca era inviolable, tal y como consta en el artículo 56.3 de la Constitución española, donde se especifica: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Aunque ha habido mucha polémica alrededor de la figura de la inviolabilidad, acerca de si es extensible a su esfera privada, finalmente la jurisprudencia sostiene que es aplicable a todos los ámbitos de la vida del monarca.
A pesar de que desde que legó el trono a su sucesor ya sí puede ser juzgado, Juan Carlos conserva el aforamiento, por lo que solo puede ser procesado por el Tribunal Supremo de España.
Tres generaciones de Borbones en el 'exilio'
La decisión tomada por el rey emérito, a quien de momento no se le retirará el título, continúa una 'tradición' familiar, pues será el tercero de su familia en residir en el exilio, aunque por causas diferentes.
Su abuelo, el rey Alfonso XIII, huyó cuando se proclamó de forma democrática la República el 14 de abril de 1931. Estableció su residencia en Roma con su familia, allí nació solo 7 años después su nieto, quien reinaría con el nombre de Juan Carlos I.
El padre del actual rey emérito, Juan de Borbón, permaneció en el exilio durante 32 años, hasta 1963. Las relaciones con Franco fueron difíciles, a pesar de lo cual, en 1948 accedió a dejar a su hijo bajo la tutela del dictador cuando este solo tenía 10 años. Así aseguró el restablecimiento de la monarquía, puesto que el general nombró a Juan Carlos su heredero para la Jefatura de Estado.
Así, tras haber jurado las leyes del Movimiento franquista en 1969, Juan Carlos se convirtió en rey de España el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador y antes de que se hubieran celebrado elecciones democráticas en el país.
De hecho, el padre del exmonarca no solo le legó el trono, sino también tres cuentas en Suiza no declaradas con un importe de alrededor de 1.100 millones de pesetas (equivalentes a alrededor de 12 millones de euros actuales) y un patrimonio inmobiliario cercano a los 350 millones de pesetas.