Al comienzo de la pandemia de coronavirus en Argentina, la situación de hacinamiento en la cárceles y la falta de medidas claras para evitar la propagación de la enfermedad en los penales, motivó una serie de reclamos que, al igual que la crisis sanitaria, se extendieron hasta hoy. Desde entonces, el uso —supuestamente 'excepcional'— de armas de fuego en operativos represivos durante las protestas, dejó cinco personas muertas y otras cuatro heridas, algunas de ellas de gravedad.
La situación impulsó al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), un organismo estatal que fiscaliza las condiciones de detención en todo el país, a realizar un llamado a las autoridades, nacionales y provinciales, a que "se abstengan de utilizar armas letales para resolver conflictos en establecimientos penitenciarios". Dichos conflictos, remarca el organismo, se originaron en buena medida por el incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.
El Comité también instó a los gobiernos a "prevenir nuevos hechos de esta naturaleza y preservar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad ". El mensaje de alerta aludió además a las autoridades judiciales y los ministerios públicos, a quienes pidieron "extremar los recaudos para garantizar una investigación diligente y eficaz sobre lo que está ocurriendo en las cárceles".
❗️HILO📢El @CNPTArgentina insta a las autoridades nacionales y provinciales a abstenerse de usar armas letales en protestas o disturbios ocurridos en establecimientos penitenciarios. #CNPT#PPL#Argentina#SistemaPenitenciario✍️Comunicado completo👉 https://t.co/vcOxM1OlW0pic.twitter.com/4d3jsxRakJ
— Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (@CNPTArgentina) August 4, 2020
En Argentina, la ley de Ejecución Penal (24.660) establece que el personal penitenciario que está en contacto directo con los internos no debe estar armado, sino que debe recibir un entrenamiento físico adecuado que le permita actuar razonable y eficazmente para superar situaciones de violencia.
Señala además que el uso de armas reglamentarias está limitado a "circunstancias excepcionales, con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de agentes, de internos o de terceros". A la normativa se suman pactos y convenciones internacionales de derechos humanos a los que Argentina suscribió.
Según el CNPT, desde el inicio de la crisis sanitaria los casos de internos fallecidos por disparos de balas de plomo crecieron considerablemente respecto a lo que se venía registrando previo a la pandemia. En los mismos hechos se tomó nota también de varios heridos, algunos de gravedad, y otras muertes ocasionadas en el marco de la represión.
En todo 2019, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) contabilizó 50 muertes en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal, de las cuales 18 fueron por eventos traumáticos, es decir, que no fueron producto de un padecimiento físico o de una enfermedad. Del total de muertes violentas, 11 fueron por heridas de arma blanca, cuatro por ahorcamiento y tres por quemaduras.
El pasado 23 de marzo, en el penal de Coronda, Santa Fe, Alen Miguel Matías Montenegro, de 29 años, recibió dos disparos de arma de fuego y murió. Fue en el marco de una protesta en la que también hubo heridos. Las autoridades hablaron de un "ajuste de cuentas", pero dos semanas después secuestraron armamento del personal penitenciario involucrado.
El 21 de abril, agentes de la Unidad Penitenciaria N°1 de Corrientes matan a balazos a José Candia (22). El parte oficial inicial señaló en un primer momento que su muerte era consecuencia de una "pelea interna". Sin embargo, la autopsia reveló que tenía tres impactos de proyectiles de plomo y al menos diez postas de goma en su cuerpo.
Un día después se produjo la muerte de Federico Rey (23), detenido en la Unidad 23 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, por un balazo en su mandíbula. En el mismo penal, Gustavo Barreto, de 29 años, recibió disparos de ametralladora y quedó parapléjico.
Otras dos víctimas fatales del accionar represivo tuvo lugar el 16 de julio último en la Unidad Penal N° 1 de San Salvador de Jujuy, en la provincia homónima. Los detenidos exigían información sobre el personal penitenciario con síntomas de covid-19, y durante esa protesta ocurrieron las muertes de Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, ambos alcanzados por balas de plomo.
Según el abogado especializado en derechos humanos Gustavo Palmieri, miembro de la CNTP, en ninguno de estos casos se verificó que la utilización de armas letales por parte de agentes estatales haya respondido a una agresión o amenaza con armas de fuego.
"En caso de que se diera, supongamos, un motín interno con apoyo desde afuera por un grupo armado, las autoridades lo hubieran reportado y quizás utilizado armas de fuego para repeler el ataque. En ninguno de los hechos se dio una situación crítica semejante", analizó Palmieri en diálogo con RT.
A pesar de las tempranas denuncias, la Justicia ha podido avanzar más en algunos casos que en otros. "Muchas veces las dificultades pasan por identificar al funcionario como responsable individual del abuso, debido muchas veces al ocultamiento. Ellos tienen muy clara conciencia de las consecuencias penales del delito, incluso a nivel jerárquico", remarca el miembro del Comité.
A nivel institucional, en mayo renunció el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, y se han cambiado autoridades en algunos casos o separado a personas implicadas o relacionadas con el hecho. Pero más allá de ello, es fundamental para el organismo seguir de cerca el desarrollo de cada causa para evitar que el caso quede impune.
Uno de los expedientes que puso en alerta al CNTP es el del crimen de Federico Rey, en Florencio Varela. A fines de julio, la Cámara de Apelaciones de Quilmes modificó la acusación que pesaba contra la alcaide mayor Eliana Heidenreich, la 'señora rubia' que señalaron los presos como presunta autora de los disparos. La carátula pasó de 'homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego', a 'homicidio culposo', que es un delito excarcelable.
"Los primeros elementos no estarían reflejando eso, ya que hubo disparos a conciencia contra una multitud", afirmó Palmieri.
En Argentina, así como en casi toda Latinoamérica, son habituales las condiciones de hacinamiento e insalubridad, lo que dificulta enormemente la aplicación de medidas de aislamiento e higiene. A nivel federal, la tasa de hacinamiento alcanza en promedio al 22,1 % de las 103.209 personas que se encuentran en prisiones y comisarías. Pero en algunas provincias el cuadro es aún peor: "La situación en los penales de de Buenos Aires es claramente inhumana. Creo que se podría haber mejorado antes las condiciones de vida para evitar un desborde de este tipo", describe el especialista.
Con la bomba de tiempo ya explotada, la Justicia adoptó medidas respecto a la morigeración de las penas, o el otorgamiento de prisión domiciliaria a condenados por delitos menores, para descomprimir las cárceles y evitar el contagio, algo que se ha aplicado en todo el mundo por la pandemia.
Esto provocó una fuerte resistencia de algunos sectores sociales, principalmente opositores de la derecha, que cuestionaron duramente al Gobierno peronista de Alberto Fernández. Mientras se repetían en TV y redes sociales imágenes de violentos motines, las editoriales de buena parte de los medios dominantes en Argentina hablaban de un 'plan para liberar presos' pergeñado por el kirchnerismo. El presidente salió a aclarar que se trataba de medidas recomendadas por organismo internacionales de salud, pero que aún así él no tenía injerencia en decisiones del poder judicial.
Lo cierto es que hubo situaciones realmente descuidadas en la toma de decisiones por parte de la Justicia. Y claro, fueron noticia. Un ejemplo claro es el del caso de un hombre de 68 años condenado por violar a una niña de 13 en el cumpleaños de su nieto, que fue trasladado a su domicilio, a solo 30 cuadras de la casa de su víctima.
Palmieri reconoce esa falta de sentido común de algunos magistrados, pero también advierte que los abusos judiciales que afectan la vida de los presos son menos conocidos mediáticamente. Antes de la pandemia, un joven detenido por un delito menor, en prisión preventiva, murió en la cárcel a pesar de haber recibido la libertad bajo fianza, porque el monto impuesto para su liberación era imposible de pagar para su familia, que vive en un barrio pobre de la provincia de Santa Fe.
El viernes, un día después de que el Gobierno hizo público el acuerdo con los acreedores por la deuda externa, el presidente Fernández anunció obras de infraestructura para cárceles bonaerenses. En el acto oficial, dijo que Argentina debe resolver la situación de hacinamiento, y reconoció que "la sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario".
