A nueve meses de haberse autoproclamado como presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez enfrenta una grave crisis política que se traduce en presiones para que renuncie al cargo y a su candidatura con miras a las elecciones generales, cuyo nuevo cambio de fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre ha provocado protestas y bloqueos masivos en todo el país.
El pasado 3 de agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad comenzaron movilizaciones para exigir que las elecciones se realicen el mes próximo y dejen de postergarse. Las acciones se enfocaron en decenas de cortes de carreteras que, en algunos casos, conllevaron el desalojo y la represión por parte de las fuerzas de Seguridad, militares o grupos paramilitares.
Con el paso de los días, cada vez más organizaciones sociales se han sumado a las protestas, mientras que organismos internacionales han convocado a evitar una escalada de violencia.
La víspera, la tensión política se incrementó con una multitudinaria marcha en la ciudad de El Alto, que fue encabezada por la Federación de Juntas Vecinales, una influyente organización social que exigió la renuncia de Áñez y que advirtió que las protestas pueden radicalizarse si la presidenta de facto decide seguir en el cargo.
Eduardo Quispe, uno de los líderes de la Federación, reiteró que Áñez debe renunciar porque no supo responder de manera adecuada a la pandemia de coronavirus y, además, porque incumplió su palabra y se postuló como candidata a la Presidencia en los próximos comicios, algo que había prometido que no haría.
La Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia también realizó este miércoles una protesta masiva en El Alto y anunció que profundizará las movilizaciones en el resto del país.
El clamor para que Áñez renuncie se intensifica a diario en los bloqueos, en donde los manifestantes se identifican con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del derrocado expresidente Evo Morales, que postuló a la Presidencia a su exministro de Economía, Luis Arce, quien encabeza las encuestas.
Como una forma de atemperar la crisis, Morales propuso desde Buenos Aires, en donde está refugiado, un pacto para que las elecciones se realicen el 18 de octubre, pero con la garantía de que no volverán a ser pospuestas.
Los reclamos al gobierno son replicados por sectores más radicalizados, entre ellos militares, que exigen que se le quite el registro al MAS como partido político, que la presidenta renuncie a su candidatura, que se cierre el Parlamento y que las Fuerzas Armadas "defiendan el Estado". En caso contrario, amenazaron, ellos se sumaran "para garantizar la estabilidad y seguridad del país".
Llamado a la pacificación
En medio del convulsionado contexto político y social, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas respaldaron a las autoridades electorales e hicieron un llamado a los manifestantes para que cesen los bloqueos en las carreteras.
"Expresamos nuestro pleno apoyo al Tribunal Supremo Electoral y reiteramos nuestro acompañamiento a los esfuerzos que ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral", señalaron los organismos en un comunicado conjunto titulado 'El cambio es la paz y el entendimiento'.
"Hacemos un llamado a los sectores movilizados, que están bloqueando caminos a deponer aquellas actitudes en bien de la convivencia entre bolivianos y bolivianas. Hoy, más que nunca, la unidad y la solidaridad son fundamentales para enfrentar los grandes retos de salud pública y la crisis política institucional que nos pone en escenarios de conflictividad y violencia, cuyas consecuencias podrían ser mayores si se mantienen las posiciones encontradas", agregaron.
Violaciones de derechos humanos
A la crisis del gobierno de Áñez se sumó una denuncia internacional que interpusieron diversas organizaciones de derechos humanos en contra del gobierno de facto por las masacres realizadas en las localidades de Sacaba, en Cochabamba, el pasado 15 de noviembre, y cuatro días después en Senkata, en El Alto.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia y la Red Universitaria de Derechos Humanos explicaron que hay "abundante evidencia" de que, tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas contra el gobierno de Áñez y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas.
Recordaron que el 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, Áñez firmó un decreto para garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas, las cuales impidieron que las víctimas de las represiones recibieran atención médica.
"En las dos masacres, los recuentos relatan que quienes se acercaron a brindar socorro también recibieron disparos. La violencia continuó en los hospitales: las víctimas fueron acosadas por policías y por el mismo personal de salud, que las humilló por su supuesta afinidad con el MAS y con ofensas racistas", explicaron.
Las denuncias, que fueron presentadas a la Relatoría de Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y al Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas, incluyen como pruebas archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas obtenidos por organizaciones bolivianas e internacionales.
Además de que Áñez no avanzó en investigar masacres que incluyeron torturas y amenazas a las y los testigos, las organizaciones advirtieron que la persecución política, la restricción, la represión y la criminalización de la protesta no han cesado y se agravan en Bolivia.
Por su parte, el exministro de Planificación de Desarrollo René Orellana insiste en el peligro de una confrontación interna grave, de no resolverse la crisis política por la vía electoral. "Es urgente resolver la crisis política y, si no la resolvemos por la vía de un proceso electoral, vamos a desencadenar en una crisis confrontacional social muy grave", destacó el exministro.