A más de 100 días de la desaparición de Facundo Castro en Argentina: ¿existe una asociación ilícita destinada a encubrir a la Policía?

120 kilómetros separan a la pequeña localidad de Pedro Luro de la ciudad de Bahía Blanca, el cuarto centro urbano más importante de la provincia de Buenos Aires, que por estar en el extremo sur conecta con la Patagonia. Esa distancia intentó recorrer Facundo Astudillo Castro el pasado 30 de abril para ver a su exnovia, con quien había terminado en febrero una relación y convivencia de dos años, que quería recomponer. 

No era el mejor momento para intentarlo, pero el joven de 22 años 'se la jugó' a riesgo de ser detenido por violar la cuarentena que rige en el país por el coronavirus. Salió entonces a pie de la casa de su madre, quien desaprobaba el vínculo con la pareja de su hijo por considerarlo "tóxico", según le dijo a Cenital. A 30 kilómetros de Luro, en Mayor Buratovich, partido de Villarino, Astudillo Castro fue retenido por un control de la Policía, que le labró un acta a las 10 de la mañana por incumplir el aislamiento. Fue el inicio de una secuencia que hasta hoy, a más de 100 días de su desaparición, permanece cubierta de misterio y sospechas sobre el accionar policial. 

El último contacto que Facundo tuvo con Cristina Castro, su mamá, fue una comunicación telefónica a la 13:30, donde le dice: "No sabés dónde estoy, no me vas a volver a ver". Se cortó y desde ese momento no hay noticias de él.

La madre estaba enojada porque se entera en ese momento que Facundo se había ido a ver a la novia, con quien había terminado mal en febrero, sin permiso para circular. Ese mismo enojo hace que no busque volver a contactarlo, hasta que por amigos del chico se entera que nunca llegó a la casa de su expareja, Daiana González. El día 18 de junio la mamá de Facundo se presenta en la comisaría de Mayor Buratovich para realizar la denuncia, pero un comisario y cinco patrulleros le impiden el ingreso: "Señora, usted no tiene nada que hacer acá", le dijeron.

En ese marco aparece la oficial Xiomara Flores, quien declara haber visto a Facundo Castro haciendo autoestop sobre la ruta 3, y asegura haberlo llevado en su vehículo desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone, 25 kilómetros más en el sentido hacia Bahía Blanca. Casualmente o no, la oficial que da este testimonio es la hermanastra de la oficial que infracciona a Castro, Jana Jennifer Curuhinca, quien compartía el control con Mario Gabriel Sosa.

La mamá de Facundo le pide precisiones a Flores, pero esta le responde que no puede darle más información "por orden de sus superiores". Allí comienzan una serie de contradicciones y versiones encontradas.

Procedimientos "ilegales"

En Origone, aparece un policía de nombre Alberto González, quien afirma haber demorado a Facundo. Según González, como el joven no tenía DNI (en realidad sí lo tenía) le tomó una foto de su licencia de conducir —de una moto que vendió— y lo dejó seguir, porque le avisaron que ya había sido detenido en el otro pueblo. En una primera versión, afirmó que Astudillo se subió a una camioneta Renault Oroch en dirección a Bahía Blanca. Luego cambió su testimonio y sostuvo que se había ido caminando por la ruta.

Esas dos situaciones, tanto la de Buratovich como la de Origone, son "irregulares e ilegales", señala Leandro Aparicio, el abogado de la familia Castro, en diálogo con RT. Los agentes deberían haber detenido al joven y registrado su ingreso en sede policial.

Ahora bien, la prueba central de la querella se basa en la declaración de tres testigos, no vinculados a la policía, que desde el vehículo en el que viajaban dicen haber visto a Facundo cuando era introducido en un patrullero por dos uniformados, en la zona de Buratovich, cerca de las 15 de aquel 30 de abril. De hecho, existe una fotografía que muestra a Astudillo Castro cuando fue detenido, de espaldas frente a una camioneta de la Policía, y al lado de un oficial: Mario Gabriel Sosa.  

La semana pasada, un perro rastreador ubicó en un calabozo lúgubre y húmedo del destacamento de Origone una pequeña cajita de madera con forma de sandía, con una mariquita en su interior, que Cristina Castro señaló como un regalo de la abuela, que su hijo llevaba siempre en la mochila a modo de amuleto. Esto refuerza la hipótesis de que Facundo fue sometido por la Policía del partido de Villarino, que habría encubierto luego todo el procedimiento.

Ante la lentitud y las inconsistencias de la investigación realizada hasta ese momento, la familia Castro pidió el pase de la investigación de la Justicia provincial a la federal, así como el apartamiento de la Policía Bonaerense. Hasta el último día previo al cambio, intentaron presentarse un centenar de testigos que aseguran haber visto al joven en Bahía Blanca, dato que nunca se pudo constatar.

A partir del secuestro de los teléfonos celulares de los cuatro agentes implicados, surgen nuevas pruebas. Por ejemplo, se descubre que de los dispositivos de Jana Curuhinca y Mario Sosa fueron borrados entre 20 y 30 mensajes de texto y voz.

"Sosa olvidó de borrar solo un mensaje, que dice así: 'No te preocupes Janita, nadie sabe que fuimos nosotros. Aparte, el jefe dice que hicimos nuestro deber'", detalla Aparicio.

La 'desaparición forzada' de Facundo, el caso que desafía al gobierno de Alberto Fernández

Con el apoyo de organismos de derechos humanos y la Comisión por la Memoria (CPM), la querella pidió la detención de estos cuatro policías. Pero tanto el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, como la jueza María Gabriela Marrón, consideran "prematuro" detener a los uniformados, porque sostienen que no hay elementos determinantes que indiquen su culpabilidad en la desaparición. 

¿Una asociación ilícita encubridora?

La familia Castro también pidió la imputación de otras once personas, entre las cuales incluye a un periodista local, al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, y al secretario de Acción Ciudadana del partido, Martín Pacheco.

Las sospechas sobre autoridades municipales surgen debido a que, en un primer informe oficial basado en el registro fotográfico de las patentes que ingresan y egresan de Villarino por la ruta, aparece el vehículo de los tres testigos que vieron a Facundo subir al patrullero. Pero en un segundo informe, ese mismo automóvil desaparece. La información aparece primero en un medio de Bahía Blanca (La Brújula 24), que Aparicio vincula "con los servicios de inteligencia", y que estaría, a criterio de Aparicio, difundiendo información falsa sobre la causa, en la que se investiga una "desaparición forzada", un delito considerado de lesa humanidad. 

Para el abogado, "existe una asociación ilícita destinada a desviar la investigación, sembrar pruebas y tratar de destruir la prueba real y concreta, buscando quitar credibilidad al testimonio de los tres testigos".

El rol del Estado frente a una búsqueda infructuosa

Ante este cuadro de situación, los asesores legales de Cristina Castro responsabilizan al polémico ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, un hombre cuestionado incluso desde el oficialismo por su excesivo protagonismo mediático y una tendencia a la llamada 'mano dura' de las fuerzas del orden. "O es un encubridor de la Policía o es un incompetente. Porque dice que no advirtió ninguna irregularidad", analiza Aparicio. Y eleva las responsabilidades políticas: "Es una contradicción de un Gobierno que se dice de centro izquierda, tenga a un ministro de Seguridad bien de derecha".

Este medio intentó comunicarse insistentemente con el funcionario apuntado, pero no tuvo respuesta. 

El abogado de la familia Castro considera que el Estado Nacional, el "principal desaparecedor" en la historia del país, no ha hecho lo suficiente para encontrar a Facundo. "El Gobierno ha declamado, se ha preocupado, ha llamado el presidente [Alberto Fernández] pero en definitiva no hay un aporte real. Entiendo que están deslizando que se tardó un mes en denunciar, un poco responsabilizando a la madre. Pero el problema no es la demora en la presentación, sino que se lo denunció a la misma policía que lo desapareció". 

Según revela Aparicio, aquél 18 de junio en que Cristina Castro llegó al destacamento policial de Buratovich a buscar a su hijo, sintió que Facundo ya estaba muerto. Esa sensación de desesperanza, tan angustiante para una madre, permanece hasta hoy.

Emmanuel Gentile