La organización Amnistía Internacional convocó a investigar la violencia que estalló el año pasado en Bolivia, que dejó un saldo de por lo menos 35 muertos, 833 heridos y múltiples violaciones a los derechos humanos, desatando una crisis política, social y económica que se agravó con la pandemia de coronavirus.
'Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia', es el título del informe realizado por el organismo, en el que documentó la represión a manifestantes y el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las protestas posteriores a los fallidos comicios del pasado 20 de octubre, que quedaron anulados.
Después de que Jeanine Añez se autoproclamara presidenta, se anunció que las nuevas elecciones generales se realizarían el 3 de mayo, pero tuvieron que suspenderse debido a la pandemia. Entonces se fijó una nueva fecha para el 6 de septiembre, pero luego se postergó para el 18 de octubre, lo que motivó nuevas protestas en un país en el que la tensión política es permanente.
Amnistía Internacional consideró que Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada.
"La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas.
Amenazas, hostigamiento y persecución
El informe pidió a los candidatos presidenciales asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral que comenzó en octubre del 2019 serán investigadas, así como garantizar los derechos de las víctimas y prevenir nuevas agresiones.
Sin embargo, reconoció que es preocupante que la retórica violenta se mantenga durante las campañas, ya que el gobierno interino se ha caracterizado por hostigar y amenazar a opositores, a líderes políticos y a periodistas.
"Además, se han hecho acusaciones a personas por participar en 'movimientos de desestabilización y de desinformación' y de hacer 'guerra virtual' contra el gobierno", señaló.
Tal hostigamiento, agregó, limita de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud.
"Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad", advirtió.
El informe llamó a los candidatos a comprometerse a garantizar la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Además, solicitó al gobierno que se tomen medidas urgentes para atender la emergencia provocada por la pandemia que en las últimas semanas alcanzó dimensiones muy preocupantes en el país, afectando desproporcionadamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a los pueblos Indígenas.
Hasta el 20 de agosto habían sido reportados 105.050 casos y 4.233 de muertos por coronavirus.
Tensa calma
La semana pasada, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, agrupaciones simpatizantes del Movimiento al Socialismo, el partido del derrocado expresidente Evo Morales, levantaron los bloqueos que mantuvieron durante 12 días en carreteras de todo el país en protesta por el cambio de elecciones.
El cierre de caminos, las protestas masivas contra Áñez y las represiones de grupos civiles armados y de las fuerzas Armadas y de Seguridad en contra de los manifestantes habían elevado al máximo la crisis política, pero finalmente se logró un acuerdo gracias a que el Congreso promulgó una ley que garantiza que el 18 de octubre es el plazo máximo para las elecciones, es decir, que se podrían adelantar pero no pasar de esa fecha.
La propuesta fue apoyada por Morales, quien, desde su condición de refugiado político en Argentina, aseguró que era una forma de pacificar al país en un clima de violencia latente, por el que ya habían intervenido incluso organismos internacionales para llamar a un acuerdo.
Pero la confrontación política es tal que nada garantiza que la calma se mantenga hasta la realización de las elecciones, sobre todo por la desconfianza generalizada que hay hacia Áñez.
Esta semana, por ejemplo, se dieron a conocer los resultados de un estudio de opinión que periódicamente publica la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung en Bolivia, y en el que consultó a 118 personajes, entre ellos políticos, periodistas y académicos.
Al preguntarles si creen que el gobierno está comprometido con la realización de las elecciones para este año, el 68,2 % dijo que no, lo que consolida la denuncia de los opositores que creen que la presidenta de facto hará todo lo posible para evitar que los comicios se concreten este año con la esperanza de que el candidato del MAS, Luis Arce, deje de liderar las encuestas.