México vive una guerra política en medio de un proceso anticorrupción sin precedentes en la historia del país.
Un acontecimiento que se produjo a partir del cambio de régimen político en 2018 y que explica en buena medida el continuo choque entre el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y algunos de sus antecesores, señalados recientemente en una denuncia de participar en una presunta red de corrupción que habría saqueado los bienes de la nación durante décadas.
Un caso que sintetiza un antagonismo político entre grupos, que comenzó a gestarse con la instauración del modelo económico neoliberal en México.
1. La instauración del neoliberalismo
Tras una serie de crisis económicas, devaluación de la moneda y altos niveles de inflación, a mediados de la década de 1980 el Gobierno de México optó por cambiar su modelo económico estatista para adoptar el proyecto neoliberal impulsado por EE.UU.
Aunque el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) inició la adopción de medidas neoliberales dentro de su administración, fue realmente el expresidente Carlos Salinas Gortari quien, tras llegar a la Presidencia en medio de acusaciones de fraude electoral, profundizó los cambios en el modelo económico de 1988 a 1994.
El cambio de modelo incluyó una serie de privatizaciones de empresas públicas. Así, de las 1.155 empresas paraestatales que México tenía en 1982, solo quedaron 216 para 1994. Esto significa que durante la adopción del modelo neoliberal, el país vendió el 81 % de sus empresas paraestatales, según el libro 'El gran acuerdo', escrito por la socióloga Elvira Concheiro.
Este proceso permitió que un grupo de empresarios beneficiados amasaran enormes fortunas con la privatización de empresas de telefonía, bancos, minas, aerolíneas, acereras, carreteras, televisoras y otros bienes nacionales.
Las privatizaciones permitieron el florecimiento de una nueva oligarquía, compuesta por empresarios cercanos al expresidente Salinas, quienes recibieron bienes de la nación mediante procesos turbios, que en su momento fueron cuestionados por la oposición.
Entre ellos, Andrés Manuel López Obrador, quien comenzó a ganar notoriedad en la década de 1990 al denunciar fraudes electorales y convertirse en dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las principales fuerzas de oposición de aquel tiempo.
2. Cambio de partido, continuidad de modelo
El proceso privatizador en México se extendió durante las siguientes administraciones. Con el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se privatizaron ferrocarriles, aeropuertos y se produjo un costoso rescate bancario que se sigue pagando hasta la fecha.
Posteriormente, se produjo una alternancia en el poder, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fuera sustituido por otra fuerza, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el cual mantuvo el mismo modelo económico de corte neoliberal.
Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se privatizó parte del sector eléctrico, la petroquímica y se continuó con la entrega de concesiones mineras y en el ámbito energético.
En este periodo, la administración de Fox operó políticamente para impedir la candidatura presidencial de López Obrador, quien en ese entonces era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mediante un proceso de "desafuero". En este proceso, el expresidente Salinas, quien mantuvo una influencia importante entre las élites políticas y económicas, operó políticamente para difundir algunos videoescándalos que involucraban a colaboradores de López Obrador.
El apoyo de la gente impidió que este asunto prosperara y López Obrador contendió a las elecciones presidenciales de 2006, en las cuales, el panista Felipe Calderón (2006-2012) terminó asumiendo la Presidencia del país en medio de acusaciones de fraude.
En este sexenio, López Obrador fue expulsado de facto de su partido, el PRD, y enfrentó un proceso de censura en los grandes medios de comunicación, mientras recorría el país para construir un movimiento político antagónico a Calderón. Algo que explica los continuos choques verbales que desde entonces han mantenido ambos mandatarios.
El proceso privatizador continuó con Calderón, quien otorgó grandes condonaciones de impuestos a las cúpulas empresariales que habían apoyado su campaña presidencial y percibían a López Obrador como un "peligro" para los intereses del capital privado y la inversión extranjera.
Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón detonó un escenario de violencia sin precedentes en la historia reciente de México, y ese fue un factor determinante para el regreso del PRI al poder, a través de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El grupo cercano de colaboradores de Peña Nieto tenía vínculos con el grupo del expresidente Salinas (como Luis Videgaray, mano derecha de Peña, quien fuera discípulo de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda salinista). Algo similar ocurrió con Emilio Lozoya Austin, director de Pemex con Peña Nieto, y cuyo padre fue secretario de Energía de Salinas.
Durante este sexenio, se impulsó la reforma energética que abrió la industria petrolera y el sector eléctrico a la iniciativa privada, medida que junto con otras reformas estructurales, fueron apoyadas por las cúpulas empresariales, que tienen una gran influencia en medios. También se registraron niveles de corrupción sin precedente en el país.
Un escenario que generó condiciones para un cambio de régimen político tras las elecciones presidenciales de 2018.
3. Presidente antineoliberal
"El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción", dijo López Obrador durante su discurso de posesión como presidente del país, el 1 de diciembre de 2018, en el que decretó el fin del periodo neoliberal.
A lo largo de su mandato, López Obrador ha impulsado una serie de medidas anticorrupción que han llevado ante la Justicia a políticos de alto perfil, siendo el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el más destacado, luego de que el exfuncionario federal declarase haber formado parte de una red de corrupción que involucraría a tres expresidentes: Peña, Calderón y Salinas.
En este contexto se libra la guerra política del actual presidente contra sus antecesores y adversarios políticos, quienes históricamente contaron con el apoyo de las élites empresariales y burocráticas que se construyeron durante el régimen neoliberal.
Así, la reciente aparición de un video, que data de 2015, en el que se aprecia al hermano de López Obrador recibiendo dinero para presuntamente financiar a Morena de cara a las presidenciales de 2018, fue interpretada por el mandatario como una respuesta de sus adversarios ante los señalamientos de Lozoya, que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reducir cargos en su contra a cambio de denunciar a sus cómplices en la red de corrupción.
Esta batalla política se prevé que se extienda por lo menos hasta las elecciones intermedias de 2021, donde se disputarán 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados.
Además, será un asunto clave para la sucesión presidencial de 2024 y la continuidad del proyecto de la 'Cuarta Transformación' impulsado por López Obrador, frente a los remanentes del régimen neoliberal que actualmente conforman la oposición política en México.