Marihuana legal en Uruguay: más de 50.000 usuarios inscritos, menos tráfico y descenso de detenciones

Después de la regulación total de la marihuana, más de 50.000 uruguayos pueden consumir la planta sin ser consideradas delincuentes, además de que se redujeron tanto el mercado ilegal como las detenciones por delitos vinculados a la ley de drogas, pero todavía hay problemas en la distribución en farmacias e incógnitas de los resultados concretos que la estrategia tendrá en el largo plazo.

Así lo revelan los últimos monitoreos y evaluaciones oficiales de la ley 19.172 relativa a la regulación de la marihuana y sus derivados, que el Parlamento aprobó en 2013. Siete años más tarde, Uruguay sigue siendo el único país del mundo que legalizó por completo la cadena de producción, venta y consumo del cannabis.

Un informe elaborado por la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas explicó que, hasta fines del año pasado, 50.659 personas estaban habilitadas para acceder a marihuana a través de los canales legales: 7.871 eran cultivadores domésticos, mientras que 4.187 formaban parte de clubes y 38.601 se inscribieron como adquirentes en farmacia.

Todos ellos representan el 21 %  de las personas que declararon uso de sustancias de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas realizada en 2018, pero el estudio considera que en realidad hay un subregistro porque es usual que consumidores de marihuana no estén anotados todavía a través de ninguna vía legal.

Otro reporte agregó que, en 2018, el mercado regulado alcanzaba a una de cada tres personas que consumían cannabis, gracias a lo cual en los últimos cuatro años el narcotráfico clásico, que consistía en el prensado de marihuana principalmente llevada desde otros países a Uruguay, se redujo cinco veces, al pasar del 58 % al 11 %.

Según los datos oficiales, entre julio de 2017 y octubre de 2019 se realizaron 670.211 transacciones de paquetes de cannabis de cinco gramos, mientras que a través de las farmacias se vendieron más de tres toneladas.

Agregó que los adquirentes en farmacias compran, en promedio, entre 15 y 17 gramos al mes, pero un 11 % de las personas registradas para este sistema no lo había usado ni una sola vez hasta octubre de 2019.

Problemas de distribución

"Otros indicadores muestran un desaceleramiento en la venta a través de farmacias, fruto de los problemas en el abastecimiento", señaló el informe, lo que explica que luego de un pico de ventas diarias en 2018, que llegó a un promedio de 5.961,6 gramos, en 2019 no se superaron los 4.400 gramos.

El faltante también se notó en la caída de clientes, ya que en enero de 2019 hubo 10.560 compradores en farmacias, pero para octubre la cifra se redujo a 8.328.

"Actualmente, el problema más relevante de la regulación es el relativo al abastecimiento a través de la farmacia. El mismo podría ser mayor de lo que es y ello garantizaría un mayor control del producto consumido en el país. Es importante destacar que las estimaciones que se han realizado por parte de Monitor Cannabis Uruguay establecen que el mercado de cannabis en Uruguay es de unas 40 toneladas al año. A través de farmacias se estarían vendiendo unas dos toneladas al año", aseguró.

De esta manera, explicó, lo que se vende a través de farmacia está muy por debajo de lo capacidad de producción que existe, y está lejos de ser el principal abastecedor del mercado, tal como pensaban las autoridades al comienzo de la regulación.

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Procesamientos y condenas, a la baja

Los balances realizados hasta el momento confirman el descenso de los delitos de estupefacientes en Uruguay, pero entre las fuerzas de Seguridad existe la percepción de que hay una mayor violencia vinculada con el narcotráfico, aunque todavía carecen de elementos para adjudicarla a la legalización.

"Tal vez estemos en una situación en la que el narcotráfico ha permanecido estable en cuanto a sus dimensiones (la cantidad de personas involucradas) aumentando su conflictividad", señaló el informe de la Junta Nacional de Drogas.

Como la regulación provocó una mayor presión policial sobre la venta al menudeo de marihuana, agregó, ello se tradujo en una mayor distribución en pequeñas cantidades, la oferta de otras drogas y la consolidación de prisiones como mercados más grandes.

"En la explicación de estas adaptaciones parecen ser más importantes los cambios en la operativa policial, que los cambios fruto de la regulación del cannabis", señaló.

Por otra parte, expresó que la regulación generó cambios en la perspectiva de los operadores judiciales desde antes de ser promulgada, ya que los casos de tenencia comenzaron a ser tratados de manera diferente y el procesamiento con prisión deja de ser considerado como obligatorio en los delitos por posesión de marihuana.

"La tenencia de cannabis se juzga en forma más liberal y permisiva. Antes de la ley, tener una cantidad aproximada a los 40 gramos implicaba una altísima probabilidad un procesamiento judicial", recordó.

En cuanto a los delitos por estupefacientes, el promedio anual de 2010 a 2017 fue de 1.320, con el último año como el de menor incidencia, con 1.034, pero sigue siendo el tercer delito más frecuente en el país.

Con respecto a los procesamientos concluidos con sentencia, durante ese periodo se redujeron del 11 % al 8,0 %. En 2010, por ejemplo, hubo 1.289 personas procesadas por delitos de estupefacientes, en los que todavía se incluía la marihuana, pero en 2017 esa cifra ya había bajado a 1.010.

"Es posible pensar que parte del descenso en los delitos de drogas que ingresan al Poder Judicial están relacionados con la regulación del cannabis (aunque) los datos de los delitos del artículo 31 tipificados con la modalidad de posesión o tenencia presentan un comportamiento errático... los años intermedios no presentan un patrón de comportamiento claro", aclaró.

En este sentido, destacó que los delitos de tenencia de drogas ilegales descendieron 34 % en siete años, mientras que los delitos de drogas en su conjunto descendieron un 22 %. También hay un componente de género, ya que la cantidad de mujeres procesadas por estupefacientes cayó de 30 % en 2010 a 20 % en 2017.

Cecilia González