Dos semanas después de la conmoción que generó en Brasil el caso de una niña de 10 años violada por su tío y que tuvo que abortar, un caso similar vuelve a provocar malestar. Una niña de 11 años está embarazada de 25 semanas después de ser violada por su padrastro en el municipio de Amambai, estado de Mato Grosso do Sul.
Según recoge G1, la Policía Civil informó de que el embarazo de la menor se descubrió durante una consulta médica. La niña confesó entonces que su padrastro llevaba un año abusando sexualmente de ella, cada vez que su madre se iba de casa y él era el encargado de cuidarla. La madre aseguró que no sabía nada de los abusos que su hija sufría y que se enteró del embarazo durante la visita médica.
Por su parte, el padrastro, que llevaba días en paradero desconocido, fue localizado por la Policía y detenido. Durante el interrogatorio, reconoció los hechos.
Aborto legal
A mediados de agosto, tras una intensa polémica, se interrumpió el embarazo de la niña que durante cuatro años había sido violada sistemáticamente por su tío en Vitoria, en el estado de Espírito Santo. La menor se vio obligada a viajar al Pernambuco porque el hospital se negó a realizarle el procedimiento, a pesar de que un juez lo había autorizado.
Según la ley brasileña, el aborto está permitido en casos de violación, cuando se pone en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presenta anencefalia.
La semana pasada, el Ministerio de Salud publicó una normativa que establece que, independientemente de la voluntad de la víctima, el equipo médico debe notificar a la Policía los casos en los que haya indicios o se haya comprobado una violación.
Los especialistas consideran que esta medida supone un motivo de "vergüenza e intimidación" para la víctima, que en muchas ocasiones prefiere no denunciar. Además, la normativa especifica que antes del aborto se tiene que ofrecer a la mujer la posibilidad de ver al embrión o al feto en una ecografía.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, calificó de "ilegal" y "absurda" la medida. "Desde mi punto de vista es completamente ilegal y absurda. No es el Ministerio de Salud el que puede tomar la decisión, como ha hecho, de interferir en una ley", aseguró.
Maia exigió que el Gobierno se retracte y dijo que de no hacerlo buscará apoyos para tumbar la medida o recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal (STF).