Aumenta la polémica internacional por el operativo de las Fuerzas Armadas de Paraguay contra el movimiento guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que terminó con un saldo de menores de edad muertas el miércoles 2 de septiembre. Según las propias autoridades locales, las niñas fueron "abatidas".
¿Qué pasó?
Un comando de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) irrumpió en una base del EPP, localizada en el departamento de Concepción, en medio de una selva de unas 4.500 hectáreas: "Creo que históricamente este es el campamento más importante al que hemos accedido", describió el general de la FTC, Héctor Grau, en declaraciones públicas.
Como resultado de este gran despliegue militar se produjeron las muertes de las dos menores, en hechos que todavía deben ser investigados. Al darse a conocer la noticia, la Fiscalía y el Ejército paraguayo sostuvieron que hubo un "enfrentamiento".
Los uniformados también afirmaron que presuntos combatientes del grupo rebelde lograron escapar y que algunos salieron heridos.
Además, las fuerzas estatales habrían logrado incautar armas, municiones, explosivos, alrededor de 16.000 dólares y 3 millones de guaraníes [430 dólares], que "serán analizados si fueron producto de algún secuestro o extorsión", dijo el fiscal Federico Delfino.
De hecho, el propio Ministerio Público difundió imágenes del hallazgo, donde también se ven libros —como 'El Capital', de Karl Marx— y documentos ligados a la ideología del grupo insurgente. En uno de ellos se ve el rostro de Ernesto 'Che' Guevara, el ícono argentino de la izquierda latinoamericana.
Desinformación
El mismo día de la muerte de las menores de edad, el presidente, Mario Abdo Benítez, fue al lugar de los hechos para felicitar al escuadrón de la FTC. También publicó una foto en redes sociales, donde se mostraba junto a los uniformados e incluso portaba un arma en su cintura. "Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP", concluyó el jefe de Estado. Incluso comunicó el relato oficial: "Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos".
Entre tanto, las fuerzas de seguridad indicaron que las víctimas eran menores, pero no se aclaraban las edades ni sus respectivas identidades. La Fiscalía Antisecuestros llegó a decir que se trataba de adolescentes. También se informó que habrían ingresado al país en noviembre, procedentes de Argentina.
Carmen Villalba, una referente del EPP detenida y familiar directa de las fallecidas, envió un audio a la Gremial de Abogados de Argentina, desmintiendo el relato oficial. Reveló que las muertas no eran combatientes, sino que se trataba de niñas de 11 años, que visitaban a familiares del grupo. Su mensaje se viralizó rápidamente.
A su vez, la abogada que representa a los padres en Paraguay, Daisy Irala Toledo, dio a conocer los presuntos nombres de las niñas: Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba. De hecho, compartió sus posibles documentos, y también sostuvo que tenían 11 años de edad.
Análisis de los cuerpos en medio de sospechas
Una vez acabado el "enfrentamiento", las autoridades enterraron rápidamente los cuerpos, supuestamente, por el protocolo de la pandemia. Para Irala Toledo, se trató de un intento por esconder la cantidad de balas "por la espalda" que habrían recibido las pequeñas.
En medio de la conmoción generalizada, la Justicia ordenó exhumar los cadáveres para hacer las autopsias, pero el viernes la letrada denunció públicamente que no le permitieron ingresar a la morgue: "No esperamos nada bueno de la 'Justicia' de los injustos", criticó en Facebook.
Por su parte, el médico forense Pablo Lemir informó que los cuerpos tienen entradas de balas "de atrás para adelante", pero también "de adelante para atrás". Además, desdijo la información forense previa, asumiendo que sí tienen 11 años. No obstante, una evidencia importante fue quemada por los uniformados: las prendas de las pequeñas, que podían servir para definir la distancia de los disparos.
Mientras tanto, se difundieron más documentos que demostrarían que las niñas eran argentinas. El 4 de septiembre, Última Hora mostró las aparentes partidas de nacimiento de las pequeñas: de ser correctas, nacieron en la localidad de Clorinda, provincia de Misiones (Argentina). Esto es importante porque, en ese caso, el país vecino debería involucrarse en la trama.
Finalmente, Paraguay tuvo que pedir ayuda a Argentina para identificar a las víctimas, y el pasado viernes la Cancillería peronista contestó de manera contundente: "Al consultarse el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), fue posible determinar que las fallecidas son dos menores, de nacionalidad argentina". También confirmaron que tenían 11 años, como sostenían los allegados. Sin embargo, en un posible intento por alejar a Buenos Aires del caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Abdo respondió que "existen evidencias de que nacieron en territorio paraguayo", aunque no se aclararon cuáles son esas pruebas.
Fuera de los comunicados diplomáticos, voces argentinas de Relaciones Exteriores le dicen a RT que "todo lo que dijeron los militares paraguayos se va desmintiendo".
Reclamos internacionales a Paraguay
El Gobierno de Alberto Fernández pidió "contar con la colaboración del Gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades". También rechazó las acusaciones de Héctor Grau, general paraguayo de las TFC, quien afirmó que Argentina se convirtió en una "guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo".
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió todo lo acontecido. El organismo de la OEA instó a Paraguay a investigar las circunstancias de las muertes y "a redoblar los esfuerzos en la adopción de medidas de prevención al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos armados en el país".
El pronunciamiento de la ONU fue más tajante. Jan Jarab, jefe de la oficina de Derechos Humanos para América del Sur, pidió esclarecer este "hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas, a quienes el Estado debía proteger".
Como respuesta, la Cancillería paraguaya tildó de "irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab". Y acotó: "El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina [la ONU], sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas".
Con este marco general, falta que la Fiscalía paraguaya informe de manera fehaciente la nacionalidad de las pequeñas y, también, que la Justicia local inicie una investigación seria de los hechos. Caso contrario, se podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentar una demanda contra el Estado paraguayo, por no garantizar los derechos del niño y, mucho menos, su vida. Pero, además del Gobierno, resta por ver la responsabilidad de los tutores legales de esos menores, y analizar de qué forma llegaron al lugar donde ocurrieron los hechos.
Leandro Lutzky
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