Malestar social acumulado y pedidos de reforma policial: Lo que destapa el caso de Javier Ordóñez en Colombia

Colombia está viviendo jornadas de importantes manifestaciones, disturbios y enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad, luego de que dos agentes de la Policía de Bogotá detuvieran de manera violenta al abogado Javier Ordóñez en la madrugada del miércoles, aplicándole reiteradas descargas eléctricas en el suelo y otros maltratos, hasta que finalmente murió.

Por el momento, el Ejecutivo reportó que en las dos primeras noches de tensión se produjeron diez muertes de civiles: siete en la capital, el epicentro de las manifestaciones, y tres en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Las autoridades también informaron el deceso de una mujer que habría sido atropellada por un autobús, posiblemente robado, y podría elevarse a 11 la cantidad de víctimas. Medios locales como El Tiempo señalan que algunas de ellas ni siquiera participaban de los reclamos, y solo transitaban por el lugar del conflicto.

Según las autoridades, en su "balance de dos días de vandalismo sistemático y coordinado", hay 194 policías lesionados, casi todos en Bogotá, y 209 ciudadanos heridos. De hecho, la Alcaldía abrió canales para denunciar casos de violencia o abusos cometidos en el marco de las protestas, pero pidió a la población que regresara temprano a sus hogares, para evitar mayores desmanes. 

Así, el caos creció tanto que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, expresó este viernes que "la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución". Por otro lado, los agentes implicados en el deceso del abogado ya fueron apartados de la fuerza, y el Gobierno prometió una investigación profunda.  

¿A quién responde la Policía?  

Con ese marco, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció el viernes que los efectivos policiales "asesinaron a Javier Ordóñez y dispararon indiscriminadamente a ciudadanos". También cuestionó: "Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. Entonces, ¿a quién obedecen?".

En Colombia, la Policía Nacional responde al Ministerio de Defensa, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde esas carteras suelen actuar exclusivamente en el cuidado de las fronteras o la protección de amenazas externas, y no sobre cuestiones internas. Esta dependencia también tiene a su cargo el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército colombiano, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Una de las principales críticas a este sistema de seguridad policial es que, a la hora de juzgar irregularidades de uniformados en servicio, se aplica la Justicia Penal Militar, y no el sistema judicial ordinario. Por eso el ministro Holmes Trujillo insistió en que se hará todo lo posible para que la causa "avance con celeridad".

En ese país, los únicos actos cometidos por efectivos que quedan en manos de la Justicia tradicional son los delitos de lesa humanidad. De todos modos, la Fiscalía General de la Nación adelantó que ya está trabajando para esclarecer el deceso de Ordóñez. 

A su vez, en medio de críticas por los reiterados casos de abusos de autoridad, empiezan a resonar más fuerte las voces que proponen una reestructuración policial: "¡Urge justicia, acción y reforma!", indicó la alcaldesa en redes sociales. Entre los cambios más planteados, se pide modificar el sistema de selección del personal, regular conductas -como el uso de las armas 'taser'- y garantizar un mejor sistema de control, ante la sensación de impunidad que generan las indagaciones militares. Igualmente, las conversaciones entre los legisladores apenas comienzan y cualquier cambio debe ser aprobado por el Congreso. 

Entre tanto, Claudia López informó que la capital acumula 137 denuncias de abusos policiales en lo que va del año, pero que "la Policía reportó solo haber abocado conocimiento de 38". Incluso reprochó: "Si ni siquiera inician investigación, ¿cómo se va a prevenir y sancionar?".  

Más allá del accionar policial, el ministro Holmes Trujillo ya estaba siendo cuestionado por la oposición a raíz de las más de 46 masacres registradas en 2020, u "homicidios colectivos", como le llama el Gobierno. Y, además de estos hechos de inseguridad, a inicios de septiembre un senador pidió su renuncia tras la polémica que generó el despliegue de tropas estadounidenses en territorio colombiano desde julio.  

Descontento acumulado

El contexto social en el país sudamericano ya estaba tenso desde 2019, cuando se produjeron multitudinarias manifestaciones para exigirle al Gobierno de Iván Duque mejoras en las políticas sociales. Esas masivas protestas se desarrollaron a la par de las revueltas en Ecuador y el estallido social de Chile, mientras parte de la sociedad latinoamericana mostraba su oposición a las administraciones de centroderecha. 

Colombia es, al mismo tiempo, el país con mayor desempleo entre los Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE): 19,7 % en julio, superando a otras 50 naciones. Y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2019 cerró con una pobreza multidimensional del 17,5 %, pero resta por ver cómo se encontrará el mercado laboral tras la pandemia.

Así, con la llegada de la emergencia sanitaria y el estado de cuarentena obligatoria, cesaron las movilizaciones por varios meses. No obstante, apenas comenzadas las primeras flexibilizaciones, el 7 de septiembre se produjo una caravana de vehículos convocada por sindicatos y organizaciones sociales, en el marco de un nuevo paro nacional. El objetivo principal de la jornada era oponerse a la publicación de un decreto presidencial que plantea cambios en las prestaciones sociales de los trabajadores, tildado de "reforma laboral" por los gremios. 

Mientras tanto, el país sigue conmocionado por el aparente crimen de Ordóñez, y crece la desconfianza sobre las posibles sanciones al interior de las fuerzas policiales. Con ese contexto, donde muchos expresan su ira en las calles, el pedido por mejores condiciones de vida continúa. 

Leandro Lutzky