El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles el informe realizado por una Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas (ONU), por considerar que está "plagado de falsedades" y no posee "rigor metodológico alguno".
Según Arreaza, la comisión que redactó el documento "a distancia" está controlada por "gobiernos subordinados a Washington" que, a su juicio, ejercen la "práctica perversa de hacer política con los Derechos Humanos (DDHH)" para agredir a Caracas.
El canciller reiteró que la cooperación de Venezuela con el Consejo de DDHH de la ONU -que ha sido renovada recientemente- se genera "de manera coordinada y constructiva" con la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
"Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la señora Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación", puntualizó el jefe de la política exterior venezolana, quien resaltó que su país desconoce, desde diciembre del año pasado, la actuación de cualquier otro mecanismo "politizado e inquisidor" que haya sido creado "con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH".
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo a RT que el "origen" de este informe es una "maniobra del Grupo de Lima" y recordó el trabajo conjunto que lleva a cabo el país con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que "ha funcionado muy bien".
¿Qué dice el informe?
La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, dijo en el informe que ese organismo dependiente de la ONU "encontró motivos razonables" para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas "han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos", que incluirían "ejecuciones arbitrarias" y el "uso sistemático de la tortura", lo que "constituye crímenes de lesa humanidad".
En el documento se asegura que el presidente Maduro y los ministros del Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, Vladimir Padrino, "tenían conocimiento de los crímenes". Según la recomendación de la misión, el Estado venezolano "debe exigir cuentas" a los presuntos responsables.
La misión alega que no pudo visitar Venezuela "debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y ante las "restricciones de viaje debido a la pandemia de covid-19", por lo que la dependencia elaboró su informe con "274 entrevistas a distancia".
Según la misión, investigaron "223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos" y examinaron otros 2.891 "para corroborar los patrones de violaciones y crímenes".
Del mismo modo, se agrega que se analizaron "documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta".