El juez encargado de la macrocausa en la que se incluye el llamado 'caso Kitchen' ha resuelto imputar al exministro español de Interior Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable de la operación de espionaje al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, en cuyo poder obraban supuestamente documentos comprometedores para algunos altos cargos del partido.
Fernández Díaz se encontraba al frente del ministerio de Interior cuando desde ese departamento se autorizaron varios pagos al chófer de la familia de Bárcenas para que este averiguara dónde se escondían los documentos sensibles.
Aunque la responsabilidad directa de esas autorizaciones se atribuyen técnicamente al entonces número dos de Interior, Francisco Martínez Vázquez, el magistrado imputa al exministro porque, a su criterio, la investigación sitúa al Ministerio del Interior "en el centro nuclear" de la operación Kitchen, y desde allí "se dirigió y coordinó" la operativa, con la supuesta "participación directa" de Fernández Díaz.
En concreto, le atribuye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de malversación de caudales públicos.
Información comprometedora
El 'caso Kitchen' es la séptima de las diez piezas del macrocaso conocido como 'caso Villarejo', que investiga un complejo entramado de chantajes, extorsiones y delitos fiscales a través de servicios presuntamente prestados u organizados por el excomisario de policía José Manuel Villarejo, a quien se atribuye un uso ilícito de sus contactos en las instituciones del Estado para llevar a cabo sus actividades.
La 'Operación Kitchen', que da nombre al caso, es el operativo parapolicial concreto que tenía como objetivo la localización y sustracción de los documentos sensibles que obraban en poder de Bárcenas, un plan cuya existencia salió a la luz a raíz del descubrimiento de un 'pendrive' en el domicilio de Villarejo.
Los documentos que querían arrebatarle a Bárcenas estarían vinculados a una supuesta trama de financiación ilegal del PP, y en ellos habría información suficiente para incriminar a altos cargos del partido.