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La Justicia argentina suspende un contrato entre la petrolera YPF y una naviera por posible "defraudación" durante el macrismo

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El juez investiga si directivos de la compañía estatal y funcionarios públicos cometieron irregularidades en la licitación de 2019.
La Justicia argentina suspende un contrato entre la petrolera YPF y una naviera por posible "defraudación" durante el macrismo

El magistrado federal Sergio Ramos dictó una medida cautelar para suspender temporalmente la contratación que le hizo YPF, la petrolera argentina de control mayoritario estatal, a la Compañía Naviera Horamar, por presuntas irregularidades en la licitación de 67 millones de dólares durante el Gobierno de Mauricio Macri. 

En efecto, la Justicia local investiga si ejecutivos de la compañía y funcionarios del macrismo cometieron los delitos de "incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", sumado a la posible "defraudación contra la administración pública".

El acuerdo cerrado entre ambas empresas se pactó en septiembre del 2019, a pocas semanas de las elecciones presidenciales en ese país sudamericano. El trato consistía en la construcción de seis barcazas y tres remolcadores, que ahora debió ser frenada por disposición del juez. 

Un pedido gremial

La medida judicial fue planteada por la asociación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (SUPEH), en medio de la tensión que generó esta contratación: Horamar, una de las firmas más importantes del rubro marítimo, perteneciente al grupo multinacional Navios Maritime, hace sus fabricaciones en Paraguay. 

"Es increíble que YPF, una empresa que históricamente fue una de las impulsoras de la industria naval nacional, hoy termine favoreciendo el desarrollo del sector en un país vecino", se quejó Jorge Fedenczuk, un referente del gremio. 

Entre tanto, más allá de las responsabilidades particulares del caso, la interrupción del contrato supone un duro golpe para la compañía argentina, que planeaba reducir costos logísticos en la administración de combustibles. Con ese marco, la firma reestatizada en 2012, bajo la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ya se propone apelar la resolución del juez Ramos, según publicó Ámbito. 

"YPF ratifica que el llamado a la licitación para la prestación del servicio de transporte fluvial a partir del año 2021 se realizó sobre bases transparentes y competitivas, favoreciendo la participación de varios oferentes, de conformidad a las normas internas", sostuvieron voces de la empresa, mientras avanza la indagación. 

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