La denuncia de una enfermera permitió el inicio de una investigación sobre presuntas esterilizaciones masivas de mujeres migrantes que habrían sido sometidas a intervenciones médicas, sin que ellas lo supieran ni mucho menos lo aprobaran, en un centro de detención en EE.UU.
El caso, que ya se convirtió en un escándalo con repercusión internacional, habría empezado en el estado Georgia, en el Centro de Detención del Condado de Irwin, que arrastra múltiples y añejas denuncias por abusos e irregularidades y que es operado por LaSalle Corrections, una de las empresas que manejan las prisiones privadas, que se han convertido en uno de los negocios más lucrativos de este país.
La congresista demócrata Pramila Jayapal, vicepresidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía, es una de las principales impulsoras de las investigaciones para sancionar a quienes estén involucrados en procedimientos médicos forzosos innecesarios padecidos por mujeres migrantes.
La semana pasada, Jayapal se refirió en un comunicado a las denuncias realizadas por Dawn Wooten, una enfermera del Centro de Detención de Irwin, y Project South, una organización no gubernamental que trabaja por la justicia social en el sur de EE.UU., en torno a los tratamientos forzosos aplicados en los últimos años por el ginecólogo Mahendra Amin.
"Me ha quedado dolorosamente claro que los informes iniciales probablemente sean parte de un patrón de conducta", lamentó la congresista.
También explicó que hay por lo menos cinco abogados independientes, que representan a las mujeres que denuncian haber sido sometidas a esterilizaciones forzadas innecesarias o procedimientos por parte de Amin. Aunque hasta ahora hay entre 17 y 18 migrantes involucradas, Jayapal advirtió que es posible que existan muchos otros casos similares sufridos por mujeres que ya fueron deportadas o que carecían de representación legal.
"Mis conversaciones con los abogados fueron asombrosas y representan la más abominable de las violaciones de derechos humanos. Una mujer, Pauline, que estuvo a punto de ser deportada esta mañana, consultó al médico simplemente sobre su ciclo menstrual. La sometieron a lo que le dijeron que sería un procedimiento simple, solo para despertar y descubrir que el médico le había extirpado parte de sus órganos reproductivos sin su conocimiento o consentimiento", contó la demócrata.
Horror e indignación
Entre las historias documentadas por Jayapal se encuentra la de una mujer ya deportada que fue a ver al médico por una simple afección relacionada con la diabetes, y que presuntamente terminó siendo sometida a una cirugía ginecológica, mientras que dos migrantes más habrían denunciado que fueron esposadas a la camay sometidas a procedimientos quirúrgicos, incluida una extirpación del útero, sin ningún consentimiento.
"Estoy horrorizada e indignada al escuchar estas historias, que contienen muchas coherencias y plantean serias preguntas no solo sobre este médico en particular, sino sobre todo el sistema de detención, en gran parte con fines de lucro, que es cómplice de los abusos de derechos y que durante mucho tiempo ha pisoteado y pasado por alto e ignorado descuidado la salud, el bienestar y los derechos humanos de los inmigrantes", señaló.
Jayapal ya pidió que el Congreso investigue las denuncias y que se suspendan las deportaciones de las migrantes que fueron víctimas de los tratamientos para que puedan testificar.
La congresista advirtió que la causa debe ir mucho más allá del centro de detención de Irwin, ya que los abusos médicos, incluida la atención obstétrica deficiente, bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se han documentado durante años.
"La esterilización forzada, particularmente de mujeres de color, tiene una historia larga y sórdida en EE.UU. Que ocurra en 2020 es más que inaceptable. Todas las mujeres, y todos los hombres, deberían estar absolutamente indignados y pedir justicia de inmediato. Todos, independientemente de su estatus migratorio, su idioma o si están encarcelados, merecen controlar sus propias opciones reproductivas y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos", afirmó.
"Campo de concentración experimental"
Jayapal y los congresistas Judy Chu, Jerrold Nadler y Zoe Lofgren le enviaron una carta a Joseph V. Cuffari, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, para manifestarle "la gran preocupación" que existe por las altas tasas de histerectomías (extirpación total o parcial del útero) y solicitarle una investigación por parte del organismo.
"Una inmigrante detenida informó que conoció a cinco mujeres que se habían sometido a histerectomías en un período de tres meses, entre octubre y diciembre de 2019. Esta mujer comparó la instalación con un 'campo de concentración experimental' y la enfermera Wooten dijo que las histerectomías eran la 'especialidad de ese médico, él es el recolector del útero'", explicaron.
Además, dijeron, varias de las mujeres que sufrieron histerectomías ni siquiera sabían por qué acudían al médico. Una inmigrante, al recibir diferentes explicaciones de por qué la iban a intervenir, expresó: "Sentí como si estuvieran tratando de meterse con mi cuerpo".
Estos informes, señalaron los congresistas, se remontan "a una época oscura en la historia de EE.UU." en la que 32 estados aprobaron leyes de esterilización eugenésica, lo que permitió la esterilización de entre 60 y 70.000 personas a principios del siglo pasado, práctica que continuó en las prisiones en tiempos recientes, ya que casi 150 mujeres encarceladas en California habrían sido obligadas a someterse a esos procedimientos entre 2006 y 2010.
"Esta vergonzosa historia de esterilización en EE.UU., en particular esterilización de personas de color y encarceladas, nunca debe repetirse", señalaron.
El lunes pasado, Jayapal, Nadler y Lofgren le enviaron otra carta a Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, para exigirle "acción, respuestas y documentos" por parte del organismo. En ese momento, el ICE ya había anunciado que el ginecólogo Amin dejaría de atender a las migrantes.
En la misiva, solicitaron que las personas que puedan haber experimentado una experiencia médica innecesaria o no consensuada, tengan acceso inmediato a un tratamiento seguro, que no haya represalias en su contra y se conserven los registros de las pacientes atendidas por Amin o su personal, así como las copias de su contrato y todo tipo de registro que se tenga sobre sus consultas en el Centro de Detención, las cirugías y los procedimientos que realizó, así como los reembolsos que recibió por los mismos.
México ya investiga
El canciller mexicano, Marcel Ebrard, anunció a inicios de esta semana que, desde el momento en el que se conoció la denuncia por esterilizaciones masivas en Georgia, se emitió una alerta consular.
"Desde luego es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aun sin tener toda la información confirmada. Cuando la tengamos se las compartimos, pero incluso en EE.UU. hay toda una reacción importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto y esto tiene que esclarecerse. En su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo, no sólo sancionarse, sino tomarse otras medidas", dijo el canciller durante una rueda de prensa.
Este jueves, en declaraciones a periodistas citadas por Reuters, el canciller mexicano informó que aún no obtenían evidencia de que esos procedimientos se hubiesen practicado en centros de detención. "Se ha entrevistado a 20 mujeres de un universo de 24 que se detuvieron en esa 'facility' (instalación). Ninguna de las 20 nos ha confirmado que se le haya realizado una operación de esa naturaleza", aseveró.
No obstante, las pesquisas no han terminado. "Nos faltan todavía cuatro (mujeres), más dos que están en México, que tenemos que entrevistar para estar seguros de que no hayan sufrido alguna operación indebida durante su estancia", agregó Ebrard.
Sin embargo, no es la primera vez que mujeres mexicanas denuncian haber padecido esterilizaciones forzadas en EE.UU.
"No más bebés", es el nombre de la película dirigida en 2015 por Renee Tajima-Peña, una documentalista que cuenta el caso de decenas de inmigrantes mexicanas que fueron esterilizadas sin su consentimiento en el hospital del Centro Médico del Condado de Los Ángeles en los años 60 y 70.