Un nuevo informe, presentado recientemente por el Congreso de EE.UU., denuncia la muerte de varios inmigrantes retenidos en los centros de detención de ese país. El documento detalla los nombres y apellidos de las personas que recibieron tratamientos médicos inadecuados o fueron víctimas de atención sanitaria tardía.
La investigación parlamentaria ha concluido que las personas recluidas en dichas instalaciones, operadas por contratistas privados, a menudo carecen de tratamiento médico necesario, no disponen de suficiente personal sanitario y permanecen en espacios con falta de saneamiento e higiene. Según los datos publicados, los inmigrantes bajo custodia también se enfrentan a serios riesgos asociados al mal manejo de enfermedades infecciosas. Asimismo, se dio a conocer que más de 300 detenidos contrajeron el coronavirus en tan solo uno de los centros.
Por otra parte, el informe acusó al personal de los centros de detención de falsificar, en ciertas ocasiones, los registros con el fin de ocultar los problemas existentes. El Congreso citó a dos grandes contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana: CoreCivic y The GEO Group, que solo el año pasado obtuvieron 1.300 millones de dólares de las arcas públicas. En este contexto, la investigación del Congreso acusó a la administración de Donald Trump de conocer los problemas de seguridad y salud que rigen en las instalaciones y a pesar de ello, recompensar con dinero público su deficiente gestión.
Frente a los hechos, el informe solicita no renovar los contratos con las compañías que presentan un historial con problemas y no muestran mejoras, a la vez que exigen disminuir la externalización de estos servicios. En respuesta, ambas empresas aseguraron estar comprometidas con la seguridad y la salud de las personas que tienen bajo custodia y rechazaron las acusaciones.
El Congreso estadounidense también subrayó en el documento el hecho de que el Servicio de Inmigración no haga públicas las investigaciones sobre las muertes de las personas detenidas, a pesar de que así lo exige la ley federal.