En el epicentro del conflicto en Chihuahua por la deuda hídrica de México con EE.UU.: "Sin agua no hay trabajo" (VIDEO)

La sequía, el cambio climático, la creciente superficie agrícola y las disputas políticas tanto en México como en EE.UU. son algunos de los factores que explican la guerra por el agua registrada en el estado mexicano de Chihuahua. 

¿Cómo estalló el conflicto?

Tras un año de protestas y negociaciones con autoridades federales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) decidió abrir las llaves de la presa La Boquilla para transportar dicha agua a la presa El Granero y de ahí pagar parte de la deuda hídrica de México con EE.UU. en el Río Bravo. Un hecho que desató la molestia de pobladores de la región. 

Tras un mitin encabezado por políticos opositores al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de protestar por la entrega de agua a EE.UU., un grupo de agricultores e inconformes decidieron tomar las instalaciones de la presa La Boquilla el 8 de septiembre. La Guardia Nacional intervino para impedir la ocupación y posteriormente se produjeron disturbios.

En el operativo, Yessica Silva, una agricultora que participaba en las protestas, murió por disparos de los uniformados federales. El hecho fue calificado como un "lamentable accidente" por el comandante de la corporación de seguridad; sin embargo, actualmente se investiga si hubo abuso de autoridad por parte de los elementos de la Guardia Nacional.

El principal temor de los agricultores es quedarse sin agua para el ciclo agrícola de 2021.

"Dicen que hay mucha agua, que el estado tiene mucha agua y que la presa tiene para cerrar este año y todo el 2021. Por eso la gente se comenzó a cansar, porque ya como agricultor, las alfalfas ya no nos estaban dando. Llegó el momento, en estos dos últimos meses, en que el agua nomás nos daba un riego por mes. Al ver que le estaban abriendo a la llave y ser dueños de las presas —nomás de boca porque nos restringían más— fue la gente enojándose", dice Tomás Alderete, agricultor que se encontraba en la toma de la presa La Boquilla, en entrevista con RT.

Debido a que la economía local prácticamente depende en su totalidad del sector agrícola, la falta de agua para los cultivos no solo afecta a los productores de nuez, alfalfa, chiles y otros vegetales, sino a prácticamente todos los habitantes de las zonas aledañas a los municipios de Camargo y Delicias.

"No quiero que se nos acabe el agua, porque se nos acaba el empleo a todos", dice Alejandro Morales, jornalero agrícola y tractorista.

En la localidad semidesértica de Camargo, el tema del agua es un asunto recurrente en las conversaciones de la gente. Los automóviles y camionetas portan consignas en apoyo a la "lucha por el agua" mientras en la radio local reportan casi a diario los centímetros que sube y baja el nivel de las presas.

"Dicen que el agua es de la nación, pero nosotros formamos parte de la nación. ¿No?", dice una mujer de nombre Sandra, mientras conduce su automóvil con rumbo a la presa La Boquilla. Una muestra del abandono que sienten muchos chihuahuenses respecto a las tensiones hídricas que padece la región, las cuales han ido en aumento en las últimas tres décadas.

Elecciones y guerra política

Aunado a las tensiones sociales, también existe preocupación de algunos alcaldes de la región por la manera en que el Gobierno federal pretendía transportar agua desde el centro de la entidad hasta el Río Bravo.

"Al entrar a septiembre, la presa ya estaba al 30 % de su capacidad nada más con la extracción normal de las aguas concesionadas", explica Arturo Zubía, alcalde de Camargo, quien resultó electo como abanderado del partido conservador PAN. "Afortunadamente ha llovido un poco pero ya la presa no alcanza los niveles de aceptación para poder tener un ciclo agrícola normal. Este ya se terminó. Los productores no nos negamos a que se pague el agua del tratado de 1944, es correcto hacerlo, pero no se puede dar algo que no se tiene, y es precisamente la falta de agua lo que no tenemos en las presas de Chihuahua", señala.

Sin embargo, el descontento social que priva en la región también ha sido utilizado por líderes políticos locales de cara a las elecciones intermedias de 2021. Una situación que explica, en parte, la manera en que la presa La Boquilla se ha convertido en el epicentro de movilizaciones y actos promovidos por políticos locales, opositores al Gobierno federal.

"Hay muchos políticos oportunistas que andan tratando de enarbolar las banderas de los agricultores cuando nunca en su vida han sembrado una sola semilla", dice Luis Carlos Arrieta, agricultor y dirigente campesino. "Lo que sucede es que el año que viene hay cambio de gobierno. Ellos quieren que la gente piense que son los próceres de esta lucha", añade.

A partir de la toma de la presa se intensificó una guerra de descalificaciones entre el presidente López Obrador y opositores como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, casi al mismo tiempo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, pedía al Departamento de Estado de EE.UU. presionar a México para saldar su deuda hídrica.

López Obrador y funcionarios federales han señalado que varios políticos chihuahuenses de oposición han encendido los ánimos de la gente con fines políticos. El Gobierno federal congeló cuentas de políticos y líderes sociales como Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, provocando molestia entre productores de la región, que consideraron esta acción como una medida represiva. El presidente también denunció que algunos grupos de agricultores cercanos a exgobernadores han acaparado grandes extensiones de agua.

En respuesta, el gobernador Corral, quien encabeza un grupo de mandatarios estatales opositores, calificó al presidente mexicano como "autoritario" y "ruin", lo que ha agudizado las tensiones entre ambos.

Esta ruptura entre ambos políticos provocó que las fuerzas de seguridad excluyeran a Corral de las reuniones donde se coordinan las labores de la Guardia Nacional, por considerar que el mandatario estatal pasaba información a grupos de manifestantes.

Hasta el momento, López Obrador y Corral han roto el diálogo debido al conflicto por el agua. El Gobierno federal ha señalado que estudia la posibilidad de saldar el adeudo con EE.UU. con agua de otras presas, debido a que el presidente no quiere que el tema sea usado por los estadounidenses para ejercer otro tipo de presiones políticas sobre México. 

¿En qué consiste el tratado?

En 1944, México y EE.UU. firmaron un acuerdo para regular el uso de las aguas fronterizas y asegurar el caudal de los ríos Bravo y Colorado. 

En dicho acuerdo, se establece que EE.UU. aportará a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua anuales de la cuenca del Río Colorado, mientras a México le corresponde aportar alrededor de 2.158 metros cúbicos en ciclos de cinco años (un promedio de 431 metros cúbicos anuales). Con este tratado, el país latinoamericano recibe cuatro veces más agua de la que aporta a su vecino del norte.

El tratado especifica que "los faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente". En 1969, se agregó un acta en la que se especifica que, en caso de existir un adeudo al final de los cinco años, México deberá pagar el faltante y su cuota habitual en el siguiente periodo.

Sin embargo, históricamente ha existido flexibilidad para que el país latinoamericano pague sus adeudos hídricos, como ocurrió durante los ciclos 25 y 26, ocurridos de 1992 a 2002, en medio de una fuerte sequía que azotó el norte del país.

En octubre de 2015, México pagó el adeudo que tenía del ciclo 34. Actualmente está por finalizar el ciclo 35, en el cual, México debe pagar un restante de 301.744 millones de metros cúbicos, según datos del 19 de septiembre de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y EE.UU. (CILA). La fecha límite para pagar es el 25 de octubre.

La sequía y crecimiento agrícola

Pero un elemento que el Gobierno federal no ha tomado en cuenta es el nivel de sequía que predomina en la región.

De acuerdo con la Conagua, la región de Chihuahua, donde ocurre el conflicto, enfrenta niveles de "sequía severa y sequía extrema". El estado ha padecido este fenómeno los tres últimos años y, actualmente, 58 de los 67 municipios de la entidad han solicitado una declaratoria de sequía.

Fenómenos como el cambio climático y sequías cada vez más recurrentes han provocado que los escurrimientos del Río Conchos, que abastece a las principales presas de la región, se hayan reducido significativamente.

Así, de 1994 a 2018, este río pasó de aportar 61 % a tan solo 38 % del total del agua que normalmente le toca entregar al estado de Chihuahua para cumplir con el tratado.

De ahí que los habitantes de la zona teman que la falta de agua pueda derivar en una crisis en 2021, ante el bajo nivel de las presas. La Boquilla, epicentro del conflicto, estaba al 32 % de su capacidad al 29 de septiembre, según datos de CILA. Esta escasez y la disminución de las concesiones de riego provocará que los agricultores solo puedan sembrar una tercera parte de sus parcelas.

"En este año de sequía no es buena idea dejar las presas vacías", explica Carlos Manjarrez, agricultor y académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). El experto señala que estas instalaciones deben usarse como "alcancía" para resistir a las tensiones del próximo año.

"Estamos en el desierto del norte de México. Por nuestra geografía, es muy difícil tener lluvias todo el año. Pasó junio, julio y agosto y únicamente se registraron 40 milímetros de precipitación. Esto es algo que no se ha entendido", explica Manjarrez.

Pero, además, hay dificultades técnicas para transportar el agua desde La Boquilla hasta el Río Bravo.

"Las tensiones han sido provocadas por la Conagua. Quieren sacar el agua de aquí y hay un nivel en las presas a partir del cual ya no se pueden sacar. Sin embargo ellos toman toda la capacidad de la presa como si se pudiera sacar todo y eso es un error", señala Alberto de la Rosa Ambriz, ingeniero y experto en hidráulica, quien durante años fue encargado de revisar la seguridad de las presas.

Los especialistas coinciden, además, en que las altas temperaturas provocarán que fenómenos como la infiltración y evaporación hagan que se pierda la mitad del agua en el trasvase hasta la presa El Granero, a partir de la cual se envía a EE.UU.

Por ello, algunos expertos chihuahuenses coinciden en que ha faltado una mejor gestión por parte de la Conagua, y también una mejor labor diplomática para reducir las exigencias de EE.UU.

Sin embargo, la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses y el inicio del proceso electoral rumbo a 2021 en México han provocado una politización del tema que explica buena parte de la crisis actual, ya que no había ocurrido en otros años con adeudos. Algo que ha hecho que cada vez sea más difícil para Chihuahua cumplir con las cuotas de agua establecidas en el tratado.

"Los factores que influyen en los volúmenes de agua disponibles en la cuenca del Río Conchos para realizar las entregas de agua hacia EE.UU. son principalmente la sequía, el uso intensivo en la agricultura y el crecimiento poblacional; y las políticas y arreglos institucionales que inciden en esta cuenca no los abordan apropiadamente", señala el investigador Rodrigo Israel González Velázquez en un reciente estudio avalado por el Colegio de la Frontera Norte.

El 98,5 % del agua de los ríos en Chihuahua es destinada al uso agrícola, una buena parte para regar grandes extensiones de nogal, alfalfa o cebolla, que requieren grandes cantidades. Una situación que no ha sido debidamente regulada por los Gobiernos estatal y federal, pese a que es un factor clave en las tensiones.

"En vez de ver vegetación de desierto vemos grandes extensiones de cultivos agrícolas, donde impera el nogal e impera la alfalfa", explica Manjarrez, quien afirma que actualmente se cultivan cerca de 100.000 hectáreas de nogal en Chihuahua, a pesar de que "posiblemente la capacidad del estado no es para tener esa cantidad".

En su estudio, González también advierte que históricamente en esta región "existe la percepción de que todos sus vecinos, hablando de los usuarios en otros estados mexicanos (BC, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas) y estadounidenses (Texas), se benefician del agua chihuahuense, y que por ello no existe retribución al estado de Chihuahua, por lo que se requiere atención en cómo manejar esta percepción".

Una serie de factores que explican un conflicto social que, de no atenderse, podría agudizarse en los próximos años.

Manuel Hernández Borbolla

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