La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó este jueves una Ley Antibloqueo, presentada por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU. y recuperar la economía nacional.
Tras el debate de los 44 artículos que componen la normativa, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, firmó su entrada en vigencia en nombre de "todos los constituyentes, Dios, Chávez y el pueblo", y aseguró que tras la aprobación se inicia "un nuevo momento" para Venezuela y "la calidad de vida" de los ciudadanos.
Cabello agregó que la activación de esta Ley garantiza un marco normativo temporal "para contrarrestar, mitigar y reducir", de manera "urgente y necesaria", los efectos nocivos generados por las medidas coercitivas unilaterales emanadas "por cualquier Estado o grupo de Estados" en detrimento de Venezuela.
De acuerdo con el Gobierno, la normativa es respaldada por 90 % de los más de 13 millones de personas que respondieron una encuesta disponible en la plataforma digital 'Patria', donde mediante siete preguntas cerradas se consultó la opinión de los venezolanos en torno a las sanciones estadounidenses.
Para el viceministro para las Políticas Antibloqueo, William Castillo, esa ley "es necesaria" porque la economía de Venezuela ha llegado a "una situación limite", ya que el gobierno se encuentra "maniatado" y sus políticas sociales "paliativas" son insuficientes ante "la magnitud de un ataque" que se traduce en la perdida de 30.000 millones de dólares por año.
Según Castillo, el Estado no puede desarrollar política monetaria para controlar los indicadores macroeconómicos principalmente porque el Banco Central "no tiene para invertir y regular el mercado cambiario", lo que, a su juicio, dispara la hiperinflación y derrumba el poder de compra del venezolano. Esa situación, explica, requiere un marco jurídico con mayor capacidad de acción.
De acuerdo con el viceministro, la Ley ayudará al país a "hacer asociaciones nuevas, atraer inversiones, reactivar activos y proteger activos dentro y fuera de Venezuela, e incorporar a los sectores productivos, a la gran industria, a la pequeña y mediana empresa, al poder popular, y por supuesto a las inversiones de gran capital", lo que permitiría al país revertir los daños del último quinquenio.
No obstante, algunos sectores identificados con el chavismo se mantienen cautelosos en torno a la iniciativa legal y consideran que se debe dar a conocer su contenido de una forma más amplia, a pesar de "la necesidad de la confidencialidad" referida por el gobierno.
Para la abogada y constitucionalista, María Alejandra Díaz, la Ley no puede obviar que la Constitución será siempre "la norma suprema del ordenamiento jurídico" y que en Venezuela existe un "Principio de Transparencia", que supone el deber de informar toda la actividad de la Administración Pública.
"La pérdida de la Soberanía podría generarse en el hecho de la desaplicación y flexibilización del ordenamiento jurídico por tiempo indefinido y en secreto", sostiene Díaz, ya que la temporalidad de la nueva normativa dependerá del plazo que perdure el bloqueo estadounidense.
Sobre ese particular, el viceministro asegura que aunque la Ley será de rango constitucional "no estará por encima de la Constitución" y será controlada a través del Consejo de Estado y la Contraloría General de la República, mediante "reglamentos especiales" pensados para esta normativa.
"Es una ley que está blindada, pero bajo la égida de la Constitución. En ningún caso la contradice ni la deroga total o parcialmente, como demagógicamente se ha dicho por ahí, y todo el país debería apoyarla porque esta Ley le va a permitir al Estado circunvalar las sanciones", precisa Castillo.
Sin embargo, la abogada y constitucionalista Díaz considera que hay otras maneras de lograr estos objetivos. "¿Es creíble o será eficaz contra el bloqueo crear una ley para favorecer al capital privado interno y extranjero? ¿Cómo es que tal concesión a la rapiña internacional, se vería retribuida en ingresos, bienes y patrimonio, en fin en satisfacción de necesidades y mejor calidad de vida de la población?", se pregunta.
La experta reconoce que si bien existe una "situación de necesidad real", su principal temor radica en que los 'obstáculos' para esos inversores que el país desea atraer sean, precisamente, las leyes vigentes en la nación.
En esa misma línea, la economista Pasqualina Curcio reconoce que Venezuela debe buscar "ingresos adicionales de divisas" y afirma que solo hay tres maneras de obtenerlos: exportando, endeudando al país o vendiendo activos. En este último caso, cuestiona: "¿Cuáles activos serían eventualmente vendidos en su totalidad o en parte accionaria? ¿Serán los de sectores estratégicos que tocan nuestra independencia y soberanía?".
Ambas expertas consideran que la Ley también debería contemplar castigos "para quienes van por el mundo robando los activos" del Estado venezolano y promoviendo sanciones, especialmente porque el artículo 1 de la normativa establece que el bloqueo de EE.UU. constituye "un crimen de lesa humanidad".
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles de esta semana que la Ley fue "mejorada, ampliada, perfeccionada y corregida", por lo que pidió confianza. "Esa ley la redacte yo mismo, como presidente pueblo, y la hemos consultado, tengo experiencia, casi 8 años de presidente, ya he demostrado mi lealtad al pueblo y la Constitución", agregó.
El mandatario afirmó que este instrumento jurídico es necesario para salir del "cortocircuito económico, financiero y comercial" en el que se encuentra el país, como consecuencia de las sanciones estadounidenses, que lograron que Venezuela experimentará, entre el 2014 y 2019, "la más brusca caída de ingresos externos de su historia".
"De cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en el 2014, hoy obtiene menos de uno. Pasamos de 56.000 millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado", precisó Maduro, quien agregó los peores daños recaen sobre la industria petrolera nacional.
Desde el 9 de marzo del año 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacional contra Venezuela, tras considerar que la situación política del país suramericano constituía "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad y política exterior de Washington, lo que sentó las bases jurídicas para la imposición de siete decretos u órdenes ejecutivas y 300 medidas administrativas contra Venezuela, que se intensificaron en los últimos meses.
Jessica Dos Santos
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