El Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con el fin de que entren en vigor las mismas medidas restrictivas para contener la pandemia de covid-19 que se implantaron la semana pasada, pero que la Justicia tumbó. El estado de alarma tendrá una duración de 15 días, prorrogables tan solo si obtiene el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que "la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada" y que es "indiscutible" que hay transmisión comunitaria en la región, puesto que desde el 1 de julio el 70 % de todos los contagios registrados en el país se han registrado en Madrid, que ascienden ya a 258.767. "La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver", ha dicho Illa, que ha defendido la necesidad de tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y para que el virus no se extienda a otras regiones de España.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado que las medidas contempladas en el decreto de estado de alarma son exactamente las mismas que entraron en vigor en Madrid el pasado viernes, y ha anunciado que 17.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil serán desplegados "inmediatamente" para asegurar el cumplimiento de las restricciones, con punto de control en los accesos de los municipios confinados perimetralmente, así como en las infraestructuras de transporte colectivo.
Enredo jurídico
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ratificar la resolución del Ministerio de Sanidad que obligaba al cierre perimetral de Madrid y de otros nueve grandes municipios de la región, que superan los 500 casos cada 100.000 habitantes, para luchar contra la propagación de la pandemia de coronavirus.
El Tribunal no argumentaba sobre el fondo del asunto, es decir, sobre las medidas que contiene la resolución, sino que lo hace sobre la legislación que las ampara, la ley 16/2003, que según el texto recogido en el auto "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales". Sin embargo, en otras regiones las medidas anuladas en Madrid sí han sido aceptadas por los jueces.
Ultimátum de Pedro Sánchez
Sánchez dio un ultimátum a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que expiraba este viernes a las 12 del mediodía. Tras intentar, sin éxito, reunirse con el Ejecutivo regional, el presidente anunció la noche de este jueves que convocaba un Consejo de Ministros, con la finalidad de decretar el estado de alarma en Madrid para que entraran en vigor las restricciones que había tumbado el TSJM.
Antes, Sánchez había telefoneado a Díaz Ayuso para ofrecerle tres opciones que permitían mantener las medidas revocadas por los tribunales. La primera era que fuera la Comunidad de Madrid la que dictase una nueva orden, en este caso bajo el paraguas de la ley de salud pública de 1986. La segunda era que el Ejecutivo regional solicitara al Gobierno la declaración del estado de alarma y la última consistía en que el propio Gobierno de Sánchez fuera el que impusiese ese estado de excepción.
Este viernes, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en comparecencia ante los medios, ha vuelto a apostar por no implementar las medidas instadas desde Sanidad y tan solo ha anunciado que las limitaciones impuestas se aplicarán a 51 zonas básicas de salud, en lugar de las 45 anteriores, y que el umbral se sitúa en 750 casos cada 100.000 habitantes, en lugar de los 1.000 que contemplaban hasta ahora.
Tres semanas de incertidumbre para los madrileños
Los ciudadanos madrileños llevan al menos tres semanas asistiendo a un enfrentamiento político sin precedentes en medio de una pandemia que tiene a Madrid como epicentro europeo y que ha generado una gran incertidumbre entre la población, que no tenía muy claro qué medidas restrictivas estaban en vigor y cuáles no.
Durante estos días, el Ministerio de Sanidad ha presionado a la Comunidad de Madrid para que tomara medidas para cortar los contagios. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso emitió una normativa que solo imponía restricciones a algunos barrios de la región, que desde el departamento dirigido por el ministro Salvador Illa se tachó de demasiado laxa.
Días después, el ministro reunió a los consejeros de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas y se decidió, con el voto en contra de Madrid y otras tres regiones, el cierre perimetral y la reducción de horarios y aforos de todas aquellas zonas del país que cumpliesen los siguientes criterios epidemiológicos: más de 500 casos cada 100.000 habitantes, más de un 10 % de positividad y más de un 20% de ocupación de UCI por pacientes covid. Madrid y otras nueve ciudades de la región los cumplían todos.
Díaz Ayuso, en ese momento, acató la resolución ministerial mientras la recurría en los tribunales. Este jueves, tras la decisión del TSJM, las medidas impulsadas por Illa cayeron, mientras que no está claro si las restricciones anteriores del Gobierno regional siguen en pie.
Mientras, después de haber clamado contra el cierre de Madrid, tanto Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han pedido a la población que no salga de sus municipios, justo la víspera de que comience un feriado largo de tres días no laborables en el que tradicionalmente los madrileños se han trasladado a segundas residencias o a la costa de manera masiva. El año pasado, en estas fechas, se produjeron más de un millón de desplazamientos.
La Comunidad de Madrid tiene una incidencia de 563 casos cada 100.000 habitantes, con más de 37.000 positivos diagnosticados los últimos 14 días. La positividad de la última semana se encuentra en el 18,5 % de los test PCR realizados y la ocupación por pacientes covid de las camas UCI roza el 40 %. Todos los indicadores duplican la media nacional.