Garantías para los pueblos originarios: la minga indígena se dirige a Bogotá para exigir una reunión con Duque

Previamente, los manifestantes llegaron a Cali, donde se reunieron con autoridades gubernamentales sin que las partes llegaran a un acuerdo.

Unas 8.000 personas agrupadas en una gran movilización llamada minga indígena han anunciado que se dirigen a Bogotá, capital de Colombia, en demanda de una reunión con el presidente Iván Duque, con la finalidad de exigirle al Gobierno garantías para los pueblos originarios afectados por la violencia y el despojo de sus tierras.

Esta marcha en reclamo de los derechos de las comunidades indígenas, que se realizó por primera vez el 12 de octubre de 2008, llegó el lunes a Cali (Valle del Cauca), donde sostuvo un encuentro con una delegación del Gobierno sin que se llegara a un acuerdo ante la ausencia del mandatario colombiano.

La movilización, que se inició el pasado sábado en el municipio de Quilichao (Cauca), a unos 55 kilómetros de distancia de Cali, agrupa a miembros de los resguardos indígenas del suroccidente del país, integrantes del Consejo Regional del Cauca (CRIC), campesinos, población afro y movimientos sociales.

¿Cuáles son las demandas?

En el pliego de peticiones de los manifestantes se encuentran cuatro puntos principales: la vida, el territorio, la democracia y la paz.

En ellos se concentran temas como el rechazo a las masacres, a los asesinatos de líderes sociales, al narcotráfico y al incumplimiento de los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, se denuncian los "despojos" por parte de las transnacionales en los territorios indígenas y el avance del paramilitarismo.

Del mismo modo, se responsabiliza al presidente de "desconocer los derechos de los colombianos" y de irrespetar el aparato judicial.

Debido a que esta movilización se lleva a cabo durante la crisis por el coronavirus, sus organizadores han afirmado que durante los desplazamientos se han tomado las medidas sanitarias pertinentes.

Hasta ahora, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hay más de 30.000 casos confirmados de covid-19 en 72 pueblos originarios, de los cuales se han recuperado 29.180 y han fallecido 1.117 personas.

¿Qué dice el Gobierno?

Para escuchar las solicitudes de los manifestantes, siete ministros, cinco viceministros, el Alto Comisionado para la Paz, los comandantes del Ejército y la Policía de Cali y otros funcionarios gubernamentales se desplazaron el pasado lunes a la capital del Valle del Cauca.

Luego de la reunión, donde no se llegó a un acuerdo, la ministra del Interior, Alicia Arango, colgó en sus redes sociales un video donde leyó un comunicado emitido por la delegación gubernamental, en el que se afirma que la minga "no es reivindicativa" y que es "de carácter político".

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó su preocupación por los riegos de quienes participan en aglomeraciones y desplazamientos entre ciudades y llamó a seguir el protocolo de bioseguridad.

El Gobierno considera que ha cumplido con las demandas, según un tuit de la Presidencia, donde se informa que el Ejecutivo ha destinado 334.000 millones de pesos (unos 87 millones de dólares) entre 2019 y 2020 para cumplir con las peticiones de la minga.

Este año, a pesar del confinamiento por la pandemia, por lo menos 40 líderes indígenas fueron asesinados hasta junio pasado. Por su parte, la ONIC ha registrado 242 homicidios de indígenas desde la firma de los acuerdos de paz, en 2016.

La situación de la violencia en los resguardos indígenas ha sido catalogada de "exterminio sistemático" en medio de masacres y asesinatos de sus líderes sociales.

Debido a los enfrentamientos por el control territorial entre organizaciones criminales y el Ejército, los miembros de las comunidades han tenido que desplazarse forzadamente.

A mediados de este año el caso de una niña del pueblo emberá que fue secuestrada y violada por siete soldados desató una serie de protestas para alertar sobre la compleja situación de los derechos humanos de los indígenas