Chile, a un año del estallido: La protesta social persiste en las calles mientras recrudece la represión de Carabineros

Miles de chilenos se preparan para conmemorar el aniversario del inicio de la crisis social que terminó con el espejismo de la falsa prosperidad de un país que era puesto como ejemplo de exitoso modelo económico por los defensores del neoliberalismo, y que la próxima semana decidirá si deja atrás, o no, la Constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.

A pesar de las permanentes represiones de los Carabineros en las calles, las redes sociales están colmadas de convocatorias para manifestarse el próximo domingo con el fin de recordar ese 18 de octubre de 2019, cuando un inédito y masivo cacerolazo cambió la historia de Chile.

Al igual que aquel día, el punto central de la protesta será la Plaza Italia que, desde hace un año, los manifestantes rebautizaron como la Plaza Dignidad. El gobierno, mientras tanto, ya anunció un operativo con más de 40.000 efectivos de seguridad.

La tensión social es evidente, y combina la expectativa y movilización política rumbo al plebiscito del próximo 25 de octubre con la escasa popularidad del gobierno de Sebastián Piñera, las restricciones de movilidad que rigen por la pandemia de coronavirus y los frecuentes episodios de violencia en los que está involucrado el cuerpo de Carabineros.

En las últimas semanas, esta fuerza policial volvió a protagonizar escándalos por el uso indiscriminado de balas de gomas, gases lacrimógenos o chorros de agua en contra de manifestantes en las recurrentes protestas sociales. Uno de los casos que causó mayor conmoción fue el de un efectivo que aventó a un adolescente desde un puente durante la represión.

A ello se le sumó un informe que Amnistía Internacional (AI) publicó esta semana y en el que acusó a Carabineros de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante las protestas multitudinarias, realizadas del 18 de octubre al 30 de noviembre del año pasado.

Lesiones, tortura, violaciones...

La organización señaló que, en ese periodo de protesta social, más de 12.500 personas tuvieron que ser llevadas a urgencias médicas y por lo menos 347 sufrieron lesiones oculares, en gran parte por los balines que dispararon los carabineros.

AI agregó que, según datos de la Fiscalía Nacional, hubo 5.558 víctimas de violencia institucional, ya fuera por heridas de armas de fuego o lesiones graves. Entre ellas, niños, niñas y adolescentes. Y los carabineros fueron señalados como responsables en 4.170 denuncias.

Los policías también fueron acusados por 246 víctimas que sufrieron violencia sexual, de las cuales seis denunciaron penetración sexual con un objeto; dos, violación sexual, y una violación múltiple, además de que están en marcha otras 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos y malos tratos.

Carabineros rechazó las acusaciones en un comunicado y lamentó que Amnistía Internacional haya dado por probadas denuncias graves, que todavía se encuentran bajo investigación.

"El reporte omite aclarar a la ciudadanía que un caso presentado en su informe inicial sobre la supuesta violación de un joven en una comisaría fue falso y así declarado por los órganos competentes (...) Las denuncias deben ser investigadas bajo la dirección del Ministerio Público en conformidad a la ley. El establecimiento de la verdad y las responsabilidades civiles y penales les corresponden a los Tribunales de Justicia", advirtió.

Por otra parte, el cuerpo policial aseguró que durante las protestas del año pasado los agentes hicieron "los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos" con apego a la Constitución.

Sin embargo, en diciembre del año pasado la expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya había señalado en un informe que los Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en operativos en los que usaron armas letales, y no distinguieron entre manifestantes pacíficos y violentos.

El organismo recabó denuncias por torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en protestas que dejaron un saldo de 26 muertos y más de 5.000 heridos.

El germen del estallido

El aumento del precio del boleto del metro en Santiago, que las autoridades trataron de imponer el año pasado, desató un malestar ciudadano que provocó una revuelta social impensada que afectó por completo al gobierno de Piñera.

Las protestas comenzaron el 7 de octubre, cuando cientos de jóvenes se organizaron para saltarse los torniquetes del metro en señal de repudio al incremento, pero la presión social fue creciendo con el paso de los días en medio de las violentas y habituales respuestas policiales.

El 18 de octubre, para evitar que los manifestantes siguieran evadiendo el pago del billete, el gobierno paralizó por completo el servicio del metro. Apostaron a que la ciudadanía se enojaría con los jóvenes pero, en lugar de eso, se unieron a ellos en un cacerolazo que sorprendió por su magnitud. Más de un millón de personas salieron a demostrar que el publicitado "modelo chileno" estaba basado en la desigualdad, en un 5,0 % de la población que tiene más del 50 % de la riqueza, mientras más de la mitad de los trabajadores apenas si pueden mantenerse.

El hastío no estalló por el aumento del boleto. Eso fue solo la gota que rebalsó el vaso. "No son 30 pesos, son 30 años", resumió uno de los lemas que se popularizaron en las marchas, en las que se recordó que el propio presidente era uno de los hombres más ricos del país.

Desde entonces las protestas no pararon, ni siquiera cuando Piñera decretó el estado de emergencia y el toque de queda. Ni con las represiones de Carabineros. Ni cuando el gobierno dio marcha atrás con el aumento.

Las movilizaciones concitaron la atención mundial y lograron que el 15 de noviembre el Senado aprobara la realización de un plebiscito para reformar una Constitución que fue emitida en 1980, durante el gobierno de Augusto Pinochet. Es decir, una Constitución de la dictadura que quedó vigente en democracia.

Entonces, se fijó el 26 de abril de 2020 como la fecha en que la sociedad chilena decidiría si quería una nueva Constitución y, en caso de que así fuera, qué órgano debería redactarla.

Cecilia González