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Hospitales móviles sin instalar, irregularidades y sobrecostos: Los estragos de la corrupción en el manejo de la pandemia en Honduras

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El Tribunal Superior de Cuentas emitió un informe que detalla los malos manejos en la adquisición de ventiladores, pruebas para covid-19, mascarillas, entre otros insumos.
Hospitales móviles sin instalar, irregularidades y sobrecostos: Los estragos de la corrupción en el manejo de la pandemia en Honduras

Con el traslado de 22 pacientes y tras meses de espera, comenzó a operar esta semana en Honduras el primer hospital móvil para atender a enfermos de covid-19.

Esta primera clínica móvil se instaló en un espacio anexo al Hospital Mario Catarino Rivas, en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país centroamericano, cerca de la frontera con Guatemala.

La clínica móvil cuenta con 91 cupos de cama, equipo de alta tecnología, así como "unidades de cuidados intensivos (UCI), planta de oxígeno, cocina, su propio laboratorio, farmacia, morgue, lavandería y planta de aguas residuales", dice un comunicado de la Secretaría de Salud de Honduras.

Pero este es apenas uno de siete hospitales móviles que el ente gubernamental Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) adquirió en Turquía, por un monto de más de 47 millones de dólares, con el fin de "quintuplicar" la capacidad de atención médica en el país, ante la pandemia del coronavirus.

Las otras clínicas de campaña serían instaladas en Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa. En total, todos estos espacios juntos tendrían capacidad para albergar a 450 pacientes.

El largo retraso

La promesa de estos hospitales de campaña se hizo en marzo. El 18 de ese mes, Invest-H habría hecho la adquisición de las dos primeras unidades, cuando el país apenas contabilizaba 13 contagios por coronavirus y un fallecido.

El otro encargo, de cinco hospitales más, se hizo el 2 de abril. Al pedido se le sumaron siete plantas de desechos hospitalarios.

Sin embargo, llegó junio y aún no aparecían los sanatorios de campaña. Ese mes, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, que bajo su mando se hicieron las compras, fue citado ante la Comisión de Emergencia del Congreso para disipar las dudas sobre su adquisición.

"No estamos frente a una estafa", dijo Bográn ante los diputados, mediante la interpelación que se hizo de manera virtual. En esa oportunidad, explicó: "La guía de embarque que hemos presentado demuestra que los contenedores vienen en camino y llegarán a Puerto Cortés, entre el 7 y 9 de julio, con los dos primeros hospitales móviles para San Pedro Sula y Tegucigalpa".

Ese primer envío de dos instalaciones llegó, específicamente, el 10 de julio a territorio hondureño. Otros dos lo hicieron apenas el pasado domingo 11 de octubre. Por lo que, de momento, queda aún pendiente el arribo de las otras tres unidades móviles.

En el Parlamento, además, le cuestionaron a Bográn que hubiese hecho el pago del 100 % del costo total de las clínicas móviles sin haberlas recibido, en lugar de ampliar las instalaciones de salud existentes, así como el constante cambio en las fechas de entrega.

El informe del Tribunal de Cuentas

Esta situación generó un escándalo político y social en Honduras. A finales de junio, tras el paso por el Congreso, Bográn presentó la renuncia a su cargo y, en su lugar, fue nombrada Evelyn Bautista, quien apenas estuvo al frente de Invest-H durante 13 días.

Pero el caso de Bográn no quedó en su renuncia. En el país se abrió una investigación sobre el manejo de fondos por parte de Invest-H durante la pandemia, que involucra al exdirector de esta entidad y al exadministrador Alex Moraes.

Este jueves, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público un informe detallado en el que revela irregularidades en la adquisición de los siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.

"La investigación especial constató atrasos injustificados en los tiempos de entrega, equipos ofrecidos incompletos y falta de cumplimiento en la prestación de atención técnica extranjera especializada para su instalación, proceso de contratación sin garantías, documentación de oferta de dudosa pertenencia de parte del proveedor, falta de supervisión de la construcción de hospitales por un tercero calificado, proceso llave en mano fallido, anticipo del 100 % a proveedor no calificado entre otros", señala el texto del TSC.

Aunado a ello, el TSC encontró la suscripción de un contrato para la empresa constructora Consultores de Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA) para la supervisión de la obra de construcción del plantel e instalación del hospital móvil en Santa Rosa de Copán. La investigación reveló que Bográn "tiene un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con el presidente del Consejo Administrativo de CINSA", puesto que se trata de su tío Napoleón Bográn.

Otros hechos de corrupción

Pero, además, en el documento del TSC señalan otros presuntos hechos de corrupción por parte de Invest-H, como la inconsistencia en la adquisición de 440 ventiladores mecánicos por 8.758.530 dólares, para ser usados durante la pandemia, de los cuales —dice la investigación— se adelantó un anticipo de entre 75 y 80 % de su valor, sin ninguna garantía. Hasta el momento, las unidades no han sido entregadas, aunque estaba previsto que llegarían en junio y julio.

Otro caso son las irregularidades en el procesamiento de compra de 250.000 pruebas para covid-19, que, además, terminaron dañadas en su totalidad por el mal manejo de las mismas. El costo de los tests, que se adquirieron a una empresa de Corea del Sur, alcanzó 1,875.000 dólares, pero, sumando los valores de envío, llegó a 1.932.550 dólares.

Otra irregularidad fue la encontrada en la adquisición de cubrebocas. "Se verificó la compra de mascarillas a precio mayor que otro ofertado; asimismo, durante este proceso se otorgó anticipo del 40 % a un proveedor que renunció brindar el insumo, devolviendo el dinero extemporáneamente sin costos financieros a favor del Estado". Esta información ya había sido adelantada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Bográn y Moraes habían sido detenidos, en un proceso iniciado en su contra por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración estatal. Sin embargo, el pasado jueves 8 de octubre, un juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión, como prohibición de salida del país y presentación de cada 15 días ante el juzgado, por lo que podrán defenderse en libertad, acción a la que ha apelado el Ministerio Público (MP).

¿Dónde está el dinero?

Ante toda esta situación de corrupción generada durante el manejo de la pandemia del coronavirus en Honduras, en Tegucigalpa y otras ciudades del país, los ciudadanos han salido a manifestarse. La principal pregunta que se hacen es: "¿Dónde está el dinero?".

La interrogante se lee en carteles y también ha sido pintada en algunas calles de la capital hondureña, junto con otras como "JOH se lo robó", en alusión al presidente Juan Orlando Hernández.

"El MP y TSC tienen el gran reto de levantar su cara ante la población, porque los familiares de los fallecidos por esta —crónica de impunidad anunciada— deben saber que los responsables de garantizar el acceso a una salud digna y que determinaron no hacerlo pagarán por sus vínculos a la corrupción", señala un texto de la CNA.

Esos fondos malversados e insumos que aún no llegan pudieron haber servido para paliar la situación de salud en el país centroamericano —de poco más de 9,5 millones de habitantes— golpeada por el coronavirus, pandemia que, según los datos de la Secretaría de Salud, deja hasta este jueves 15 de octubre 86.089 infectados y 2.552 fallecidos.

Edgar Romero G.

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