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Más de un millar de mujeres esterilizadas forzosamente en 10 años: la práctica que sufrían en España las personas discapacitadas
El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad modificar el Código Penal para acabar con este procedimiento.
Este jueves España ha dado el primer paso para acabar con una práctica prohibida por los convenios internacionales firmados por el país: la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Ahora tan solo queda el refrendo del Senado.
En la última década este procedimiento ha afectado a más de mil mujeres, de acuerdo con los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad modificar el Código Penal para evitar que se vuelva a producir y para que a partir de ahora se sancione esa práctica.
Aprobada por el @Congreso_Es por unanimidad la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente promovida por @Cermi_Estatal y @FCermiMujerespic.twitter.com/Ns6T2YL79B
— CERMI Estatal (@Cermi_Estatal) October 15, 2020
La legislación española, a punto de ser modificada, autoriza que la decisión de esterilizar la pueda tomar el tutor o tutora en el supuesto de personas con la capacidad modificada, con el refrendo de un juzgado, y que se haga sin el consentimiento del afectado, al que se le priva de su capacidad para tener hijos.
Esta reforma llevaba más de 10 años pendiente, después de que España firmara y ratificara la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye poner fin a las prácticas discriminatorias relativas a la familia, la paternidad y la fertilidad del colectivo con capacidades diversas.
Paso histórico
"Con la prohibición de la esterilización forzada de personas incapacitadas judicialmente, España da un paso histórico en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las personas con Discapacidad", aseguró a las puertas del Congreso Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena Inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
"Me llena de felicidad formar parte de este cambio histórico en nombre de todas las mujeres que han sido víctimas de esta lacra social. Ya es hora de que se haga justicia y esto es gracias a un trabajo colectivo", afirmó Paredero, que también sufrió esta práctica.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la discapacidad haya sido motivo de acuerdo político unánime, justo "en un momento en el que la capacidad de consenso está tan deteriorada en el contexto actual".
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