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Irlanda podría multar con hasta 2.500 euros y seis meses de cárcel por hacer fiestas en casa tras decretar el nivel máximo de alerta por covid-19
Dublín introdujo este jueves su nivel más alto de restricciones por el coronavirus. El estricto confinamiento, además de prohibir las reuniones familiares, limitará los paseos y salidas a un radio de cinco kilómetros del domicilio.
El Gobierno de Irlanda ha propuesto imponer sanciones penales y monetarias a quienes organicen fiestas en su casa o infrinjan las nuevas restricciones para combatir el rebrote de covid-19 en el país.
En virtud de la legislación acordada este martes, que se prevé sea aprobada por el Parlamento en los próximos días, organizar fiestas en domicilios particulares acarreará una multa de 1.000 euros (alrededor de 1.180 dólares) y una pena de cárcel de un mes. Asimismo, las multas 'in situ' serán de hasta 500 euros (unos 590 dólares), recoge el diario The Irish Times.
En detalle, las autoridades tendrán la facultad ingresar a la casa donde tenga lugar la reunión y pedir al propietario que la detenga. En caso de no hacerlo, se impondrá la multa, que aumentará a 1.500 euros (1.700 dólares) tras una segunda infracción o prisión por tres meses, o ambos castigos. De repetirse la violación por tercera vez, la sanción será de 2.500 euros (2.900 dólares) y seis meses tras las rejas.
Irlanda introdujo este jueves por seis semanas su nivel más alto de restricciones en un intento por detener la propagación del coronavirus. El estricto confinamiento, además de prohibir las reuniones familiares (excepto bodas y funerales de hasta 25 personas), limitará los paseos y salidas a un radio de cinco kilómetros de la casa. Los bares y restaurantes trabajarán solo a domicilio, las escuelas continuarán abiertas y la visita a los mercados deberá limitarse a la compra de artículos esenciales, entre otras limitaciones.
El Gobierno está considerado imponer multas también a quienes desacaten tales parámetros. Cualquiera que realice un viaje no esencial a más de 5 km de su hogar podría enfrentar una penalización de 60 euros (70 dólares) y el no pago resultaría en un cobro mayor, la comparecencia ante un tribunal y una posible condena penal. Los ciudadanos que se abstengan de usar tapabocas en el transporte público o en establecimientos comerciales enfrentarán asimismo sanciones.
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