Indígenas, mujeres y víctimas de violencia: los colectivos que han tomado sedes oficiales en protesta contra el gobierno de López Obrador

La protesta social en México ha asumido este año una nueva faceta con las tomas permanentes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por parte de colectivos inconformes con las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando miembros de la comunidad indígena otomí tomaron las oficinas del INPI, ubicadas en la ciudad de México.

"Denunciamos que como hace 528 años seguimos enfrentando el despojo, la discriminación, el racismo, el desprecio, el asesinato, el desplazamiento y el genocidio para nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas; 528 años de invasión a nuestras tierras, saqueo y explotación de nuestras riquezas y recursos naturales, robo de nuestra identidad, cultura, lengua y tradiciones", explicaron en un comunicado el día que ingresaron a la dependencia.

Además de rechazar megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería Dos Bocas, también se solidarizaron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su lucha "en contra del capitalismo y el patriarcado".

Entre las demandas concretas del grupo de más de 100 personas que mantiene tomado el INPI se encuentra el derecho a la vivienda, ya que hay un centenar de familias otomíes que radican en la capital y que, en muchos casos, sobreviven en precarias casillas colocadas en algunas calles, sobre todo después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, ya que algunos edificios que habían ocupado quedaron al borde del derrumbe.

La respuesta

A mediados de octubre, la exprecandidata presidencial indígena María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, actual vocera del Congreso Nacional Indígena, acudió a la sede del INPI para apoyar la toma.

"Si están aquí es algo justo, es necesario que estos lazos de unidad sean más fuertes para que no nos acaben (...) los pueblos somos pacientes, podemos esperar porque ya tenemos muchos años. Pero llega un momento en el que esa paciencia se acaba y ustedes hoy lo han demostrado", afirmó.

Mientras tanto, el INPI, que es dirigido por Adelfo Regino Montes, un indígena mixe de larga trayectoria política, les ofreció crear una mesa de trabajo con la mediación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

"Las autoridades federales y de la Ciudad de México reiteran que permanecerá abierta esta mesa de trabajo, para informar acerca de los avances y rutas de atención específicas a cada uno de los planteamientos", aseguró el organismo en un comunicado.

También reconoció "la difícil situación a la que se enfrentan los indígenas migrantes en la capital del país" y se comprometió a buscar alternativas de solución "para que tengan acceso a una vida en condiciones de justicia y dignidad".

Pero esa mesa de diálogo no logró llevarse a cabo, por lo que Regino Montes anunció que las comunidades indígenas residentes en la capital del país serían integradas a todos los programas del INPI y prometió que los temas prioritarios serían la vivienda, el comercio y la actividad artesanal, ya que es el principal sustento económico de las familias indígenas que viven en la capital.

En el medio de la disputa, el funcionario recibió el apoyo de algunos grupos indígenas del país, pero otros optaron por respaldar la protesta de los otomíes. Y hasta ahora, la sede sigue tomada.

Mujeres

El pasado 3 de septiembre, organizaciones feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en la Ciudad de México, para protestar contra los femicidios, las desapariciones y la violencia de género y denunciar el desinterés de Rosario Piedra Ibarra, titular del organismo, hacia las víctimas y sus familiares.

Desde entonces las autoridades y las manifestantes no llegaron a ningún tipo de acuerdo para dejar el inmueble. "No lo vamos a entregar (el edificio), es para las víctimas, esta será su casa, no la vamos a entregar, no hay negociación, que le hagan como quieran", advirtió Yesenia Zamudio, madre de una joven que fue asesinada hace cuatro años. La mujer agregó que si el gobierno intentaba desalojarlas con la Policía, se iban a defender, lo que generó una tensión latente.

La CNDH emitió un comunicado para encontrar una solución, ya que esta toma se relacionaba también con un plantón realizado en ese momento en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

"Se dialogó ampliamente con cada una de ellas, y a ese diálogo se sumó la directora general de la CEAV, quien personalmente se presentó en las instalaciones, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien recibió a una de las víctimas la mañana siguiente y programó audiencia con el resto, de manera que se trazó una ruta para atender sus peticiones", aseguró el organismo.

Mientras las organizaciones feministas del país se dividían entre apoyar o no a las mujeres que tomaron la CNDH, el presidente Andrés Manuel López Obrador se involucró en el conflicto al lamentar que las activistas escribieran lemas en las paredes de las oficinas y rayaran con pintura un cuadro del prócer revolucionario Francisco I. Madero.

Lo único que ocasionó fue que las manifestantes pintaran otros cuadros de héroes patrios y que los subastaran para ayudar a financiar la protesta.

"¿Por qué el presidente se indigna por este cuadro? ¿Por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija?", gritó una de las mujeres que participan en la toma, en medio de lágrimas de indignación.

En estos dos meses, los colectivos feministas que tomaron la CNDH se confrontaron por el uso de los espacios de la sede y el manejo de las donaciones en especie y monetarias que han recibido, lo que derivó en una ruptura de la protesta, aunque el edificio sigue tomado.

Víctimas

Los pioneros en invadir sedes oficiales en señal de protesta durante el gobierno de López Obrador son los manifestantes que desde el pasado 17 de febrero tomaron parcialmente las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en la ciudad de México.

Ellos mismos han señalado que, a diferencia de otras movilizaciones, no impiden el paso de funcionarios, ni paralizan el funcionamiento del inmueble, ni cometen actos de vandalismo. Además, otros grupos se plantaron en el Zócalo para denunciar la inoperancia del organismo.

El reclamo original surgió por el caso de una familia de Chihuahua que fue desplazada de su lugar de origen debido a amenazas del crimen organizado, situación en la que se encuentran miles de mexicanos debido al amplio poder territorial de los cárteles. A pesar de los riesgos, las víctimas recibían un subsidio conjunto de alrededor de 200 dólares, insuficiente para mantenerse.

Después de que esta familia reclamó en la CEAV, otras víctimas se fueron sumando para denunciar a Mara Gómez, la comisionada que encabezaba el organismo y que tuvo que renunciar el 19 de junio en medio de las crecientes críticas a su labor realizadas por las víctimas, en un país en el que hay más de 70.000 desaparecidos y cientos de miles de desplazados, amenazados y asesinados.

A principios de ese mes, la exfuncionaria se había quejado del programa de austeridad impuesto por el presidente, ya que, dijo, implicaba un recorte del 75 % al presupuesto que la CEAV tenía asignado y que alcanzaba los 139,4 millones de pesos (alrededor de 6,3 millones de dólares), lo que paralizaría por completo sus operaciones. Entre eso y la inconformidad de las víctimas, terminó eyectada del gobierno.

Lo contradictorio es que la CNDH, cuyas instalaciones también están tomadas por activistas, reconoció que la CEAV había violado el derecho a la manifestación libre pacífica y al trato digno de las familias que estaban en plantón, por lo que acusó a sus funcionarios de "indebido ejercicio del servicio público".

Cecilia González

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