Gobierno de Alberto Fernández confirma que mandará al Congreso la iniciativa sobre el aborto en Argentina y reaviva el debate social

La discusión sobre la legalización del aborto se reavivó en Argentina y copó la agenda pública, luego de que el gobierno del presidente Alberto Fernández confirmara que durante este mes enviará la iniciativa al Congreso.

De inmediato, los colectivos feministas celebraron que el presidente cumpliera su palabra, ya que desde antes de asumir, en diciembre pasado, había prometido que apoyaría la norma que permitirá la interrupción voluntaria del embarazo.

Por el contrario, las organizaciones que se resisten a la reforma repudiaron el anuncio y anticiparon sus propias movilizaciones.

La incógnita por ahora es el tipo de activismo que se llevará a cabo para impulsar o rechazar el proyecto, ya que la pandemia impide concentraciones masivas de personas en las calles. Por lo pronto, la batalla se reflejó en las redes sociales.

Otro factor que se develará en cuanto la ley comience a debatirse en el Congreso es el papel que jugará el Papa Francisco, quien hasta ahora ha tenido una cercana relación con el presidente, pero que se opone por completo a la legalización del aborto y puede influir en el voto de diputados y senadores.

La promesa  

A principios de marzo, cuando ofreció su primer mensaje ante el Congreso, Fernández anunció el envío del proyecto, pero la llegada de la pandemia de coronavirus retrasó el debate de la ley.

En los últimos meses, el presidente reiteró que estaba a favor del derecho al aborto y que lo promovería, pero que no era el momento de tratarlo debido a la emergencia sanitaria.

Al mismo tiempo, los reclamos y las presiones de los movimientos feministas arreciaron, ya fuera en movilizaciones virtuales o en múltiples actividades, como la caravana que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó la semana pasada en todo el país para exigirle al presidente que presentara el proyecto.

"Es urgente, es ahora. Será ley", fue el lema generalizado que se extendió cada vez que organizaciones o profesionales de la salud, que rechazan este derecho, obstaculizaban un aborto legal, ya que en Argentina esta práctica está permitida desde hace un siglo en caso de que la vida de la madre corra peligro o si es producto de una violación, pero es común su incumplimiento, lo que obliga a parir a niñas que fueron abusadas sexualmente.

Anoche, de manera sorpresiva, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, reveló en un par de noticieros que la iniciativa entrará este mes al Congreso para ser tratada en un periodo extraordinario de sesiones.

"El proyecto recoge los consensos sobre el tema que hubo en 2018", explicó la funcionaria al referirse al debate que hubo ese año y que fue histórico, ya que la legalización fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero terminó rechazada en el Senado después de masivas e inéditas movilizaciones de mujeres que exigían ese derecho.

Ibarra agregó que los detalles del proyecto los anunciará el propio Presidente y que su contenido se conocerá en cuanto se envíe al Congreso, lo que confirma que no será el mismo documento elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

También señaló que, de manera simultánea, se presentará un proyecto para que el Estado asista, por un periodo de tres años, a las personas que decidan continuar con sus embarazos.

"Las mujeres que decidan ser madres deben tener un acompañamiento, no queremos que ninguna mujer piense en el aborto por imposibilidad de atender económicamente a un bebé que tiene deseos de tener. Queremos que las mujeres puedan elegir sus maternidades", dijo.

Aunque la batalla parlamentaria se prevé intensa, Ibarra advirtió que el gobierno presenta la iniciativa con la intención de que sea aprobada, lo que convertiría a Argentina en el tercer país de América Latina en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, después de Cuba y Uruguay.

Recordó, además, que en Argentina hay entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos cada año, que derivan en alrededor de 40.000 ingresos hospitalarios por haberse practicado en condiciones que no eran las adecuadas.