Una nueva jornada de protestas comenzará este jueves en Perú, que desde el lunes, fecha en que el Congreso aprobó la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra, es el escenario de manifestaciones y tensión con las fuerzas de seguridad en las calles, al interpretar lo sucedido como un "golpe de Estado" encubierto.
La convocatoria principal será a las 17 (hora local) en la Plaza San Martín de la ciudad de Lima. Esta concentración es promovida por organizaciones sociales, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos estudiantiles, que no aceptan la vacancia presidencial aprobada por la mayoría de los diputados peruanos.
La interrupción del mandato y las manifestaciones como respuesta
Vizcarra fue removido del Gobierno acusado de "permanente incapacidad moral" en un juicio político. La tipificación del Congreso se produjo luego de verse implicado en un aparente caso de corrupción cuando era gobernador regional del departamento de Moquegua (2011-2014): colaboradores anónimos le dijeron a la Fiscalía que recibió coimas por la construcción de un hospital.
Así, aunque la Justicia todavía no declaró culpable al político, el Parlamento definió su destitución con 105 votos sobre 130 posibles. No obstante, entre quienes cuestionan esta determinación advierten que esto iría en contra del artículo 117 de la Carta Magna, donde se estipulan las circunstancias en que un mandatario puede ser juzgado por el Legislativo.
En concreto, la Constitución contempla las acusaciones por "traición a la patria", la obstrucción para celebrar elecciones y hasta la disolución del Congreso —algo que Vizcarra hizo en 2019—, pero el último pedido de vacancia no se planteó por ninguna de estas situaciones. Además, los críticos destacan que muchos de los parlamentarios también están involucrados en otros casos de aparente corrupción. Y añaden que no es bueno cambiar de autoridades en medio de la pandemia, siendo Perú uno de los países más impactados.
Asimismo, los manifestantes rechazan a Manuel Merino como mandatario interino, un dirigente del frente Acción Popular (AP) que asumió la Presidencia el martes. Este político, quien presidía el Congreso hasta hace unos días, logró convertirse en jefe de Estado ya que la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, había renunciado en mayo. Según la Constitución, al quedar el puesto de presidente vacante, si no está activo el segundo cargo en la línea de mando, el Ejecutivo debe quedar en manos del líder del Parlamento.
Con ese marco, el día de la asunción presidencial Merino juramentó mientras las cercanías del Congreso estaban plagadas de manifestantes. En efecto, el 10 de noviembre se registraron forcejeos entre civiles y las fuerzas de seguridad, piedrazos, perdigones, camiones hidrantes tirando agua y corridas por las calles capitalinas.
Además de concentraciones en varias ciudades peruanas, en los últimos días hubo cacerolazos en diversos puntos del país andino. Entre las consignas principales, se destacó el repudio a "los golpistas" y "traidores a la democracia".
Por su parte, el nuevo jefe de Estado afirmó públicamente que se sostendrá la fecha de las elecciones, estipulada para el 11 de abril. También se confirmó que el cambio de mando con el futuro Gobierno sería el 28 de julio del 2021.
El Tribunal Constitucional revisará la legalidad de los juicios políticos
En medio de la tensión, el Tribunal Constitucional (TC) del país sudamericano afirmó que el miércoles 18 de noviembre se desarrollará una audiencia pública donde se analizará si el Congreso puede destituir a un presidente por "incapacidad moral permanente". De esta forma, la máxima autoridad local responde a una demanda interpuesta por la administración de Vizcarra hace un mes y medio, luego de su primer juicio político, donde lo intentaron destituir bajo la misma acusación.
En esa oportunidad, el escándalo surgió por una polémica contratación del Ministerio de Cultura al cantante local Richard Cisneros durante la pandemia. Sin embargo, los detractores del entonces mandatario no lograron los 87 votos necesarios para expulsarlo del Palacio de Gobierno.
Con ese marco, el Tribunal fue criticado por la aparente lentitud para pronunciarse al respecto: "Está sujeto a plazos legales, que no se podían dejar de cumplir", contestó la magistrada Marianella Ledesma, presidenta del órgano judicial. Entre tanto, las protestas continúan.
La OEA dice que la definición sobre la vacancia depende de las autoridades locales
Ese anuncio se produjo horas después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzara un comunicado subrayando que el organismo a cargo de revisar la destitución de Vizcarra es el propio TC: "Compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", dice la publicación.
A su vez, el ente internacional remarcó que "los actores políticos son responsables" de garantizar la estabilidad en el país y respetar la fecha de los próximos comicios. "La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional del Perú", se lee en el texto. Al respecto, la OEA informó que enviará una Misión de Observación Electoral para acompañar la jornada.
Leandro Lutzky
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