Detenciones arbitrarias, agentes encubiertos, uso excesivo de la fuerza, persecuciones, golpes, disparos de perdigones y de armas no identificadas, gases lacrimógenos y agresiones a periodistas han marcado las represiones policiales padecidas en Perú esta semana y que ya se convirtieron en las jornadas más violentas de las últimas décadas.
Desde el lunes, miles de ciudadanos salieron diariamente a las calles de las principales ciudades del país para repudiar la destitución del presidente Martín Vizcarra, al considerar que es una decisión inconstitucional tomada por un Congreso opositor y una "venganza" de la ultraderecha que solo vuelve a deteriorar el sistema democrático en ese país con la asunción de Manuel Merino como presidente interino.
Con el pasar de los días, las imágenes de la violencia contra las marchas masivas, en las que sobresale la participación de jóvenes, se intensificaron y dieron la vuelta al mundo ante las inusitadas muestras de ensañamiento por parte de la Policía Nacional hacia los manifestantes, a quienes agredieron sin ningún tipo de discriminación.
Los operativos fueron validados por el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien defendió las persecuciones y el uso de gases lacrimógenos. Aunque desmintió que se hubieran disparado perdigones, los videos tomados por los manifestantes demostraron lo contrario.
Una de las escenas que generó mayor indignación se registró cuando los policías les arrebataron una bandera gigante de Perú a las personas que al grito de "¡Fuera Merino!" exigían la defensa de la democracia.
Heridos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dio a conocer este viernes un listado de 11 personas que han sido heridas durante la manifestaciones, tres de las cuales son reportadas como pacientes de gravedad, mientras que otras tres todavía no han podido ser identificadas.
El diario El Comercio, en tanto, reportó a dos heridos de bala: Percy Pérez Shapiama, de 27 años, y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez, de 26. Ambos están internados y graves.
Entre las víctimas de la represión también se encuentran tres periodistas que tienen heridas leves: Alonso Balbuena, del portal Ojo Público, quien recibió perdigones en una pierna; Ernesto Benavides, de la agencia francesa AFP; y Orián Sánchez, un periodista de medios locales.
La Asociación Nacional de Periodistas, por su parte, reportó que desde que las marchas comenzaron el lunes, se registraron 26 agresiones contra trabajadores de prensa. A pesar de que se identificaban como reporteros, los policías también los reprimían.
¿Qué pasó?
Martín Vizcarra tuvo que dejar la vicepresidencia y asumir la presidencia en marzo de 2018, en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció acosado por la investigación de sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y que develó una de las mayores tramas de corrupción en América Latina.
Vizcarra enarboló entonces un discurso de lucha contra la corrupción que, en un país agotado por las ilegalidades de su clase política en general, le valió altos e inéditos niveles de popularidad.
Gracias a ese respaldo social, que superaba el 80 %, en septiembre del año pasado Vizcarra disolvió al Congreso que respondía en su mayoría a Fuerza Popular, el partido que representa al fujimorismo que lidera Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori, emblema de la corrupción y de la violencia política del país sudamericano que actualmente sigue en prisión después de haber sido condenado por múltiples delitos.
La tensión política siguió latente porque la oposición volvió a ganar la mayoría en las elecciones parlamentarias extraordinarias que se realizaron en enero pasado para sustituir al Congreso que había sido disuelto. Los 130 congresistas electos sólo ejercerán durante año y medio, ya que en abril del 2021 se llevarán a cabo los comicios generales en los que los peruanos elegirán al presidente, vicepresidente y 130 parlamentarios para un periodo de cinco años.
Pero el proceso para restaurar la institucionalidad y la normalidad democrática en Perú se vio interrumpido con los intentos del Congreso, encabezados por parlamentarios fujimoristas, para destituir a Vizcarra por supuestos casos de corrupción que todavía no han sido investigados. "Incapacidad moral", fue la principal acusación.
La maniobra triunfó finalmente el lunes pasado, pero provocó una oleada de repudio popular ante las evidentes irregularidades de un proceso que culminó con el nombramiento como presidente de Manuel Merino, un empresario que presidía el Congreso desde hacía ocho meses y que de inmediato designó a un gabinete de ultraderecha.
Reclamos
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ya se pronunciaron en cadena en contra de las represiones policiales de los últimos días.
Jan Jarab, Representante de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en América del Sur, advirtió en un comunicado que recibió "información inquietante" sobre la actuación de las fuerzas de Seguridad en las protestas.
"La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar a manifestantes", recordó el funcionario.
También afirmó que ya se constataron detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. "Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos", convocó.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicaron un pronunciamiento avalado por cientos de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles en la que rechazan lo que consideran un golpe de Estado que deja al país "en una situación de incertidumbre", en el preciso momento que enfrenta una grave crisis sanitaria, económica y social debido a la pandemia.
"La decisión del Congreso pone en cuestión el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes del Estado, los avances en la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia, como es la elección de las y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras importantes autoridades judiciales y fiscales", denunciaron.
Por eso, llamaron al Congreso a respetar el Estado de Derecho y reconsiderar la votación que aprobó la "vacancia", es decir, la destitución de Vizcarra, por considerarla inconstitucional, y a todos los poderes y autoridades del Estado a defender y garantizar el orden constitucional, el respeto a las instituciones, la democracia y la transparencia.
"Recordamos al Congreso de la República y al país que la Constitución, en su artículo 46, dispone que: 'Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional'", advirtieron.
Alerta por los derechos humanos
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron a las exigencias de velar por el respeto a la protesta social sin represiones que violenten garantías.
"Los derechos humanos no pueden sacrificarse en la crisis política", tituló Amnistía el documento en el que conminó a las autoridades a enviar el mensaje inequívoco de que el rol de las fuerzas de seguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
"Amnistía Internacional ha recibido fotografías y videos donde se muestran efectivos de la Policía Nacional exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas, aparentemente hiriéndolos. La organización también ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas en la ciudad de Lima", acusó.
En ese contexto, manifestó su preocupación porque algunos congresistas han llegado al extremo de sugerir reformas a la Constitución para restablecer la pena de muerte en contra de presidentes y altos funcionarios acusados de corrupción.
La CIDH, en tanto, recordó que el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la reacción estatal. "Dentro de un marco de excepcionalidad, sólo se encuentra justificado bajo principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad", señaló en un mensaje en sus redes sociales.
El organismo alertó sobre la vulneración al derecho de defensa de las personas detenidas que no pueden establecer comunicación con asistencia jurídica, así como la detención de una menor y las agresiones a la prensa.