El Consejo Europeo empezará a revisar esta semana el grado de respeto al Estado de derecho que existe en cada uno de sus países miembros, atendiendo a factores como la independencia judicial, la pluralidad política, la libertad de prensa y respeto a las minorías.
Se trata de un ejercicio de vigilancia que responde a la intención de la UE de elevar el listón de exigencia en cuanto a valores y libertades fundamentales en su seno, tanto como criterio de admisión para nuevos países integrantes del club como para decisiones y gestiones internas.
En este sentido, en julio de 2020 y con respecto a las ayudas para paliar la crisis del coronavirus, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya vinculó la concesión de fondos europeos a este criterio, estableciéndolo como condición indispensable para aspirar a las ayudas comunitarias.
Bruselas aspira a que este mecanismo de control sea equiparable al llamado 'semestre europeo', en el que cada país rinde cuentas en el ámbito económico sobre su gestión financiera para evitar excesos que amenacen la estabilidad económica de la UE. Lo que este examen sobre el Estado de derecho pretende evitar es la degradación del funcionamiento democrático o la regresión de ciertas libertades en cualquiera de sus países miembros.
Tensiones internas
Con este nuevo nivel de exigencia, el bloque comunitario quiere también allanar el terreno político en todo su territorio para atraer y tranquilizar a inversores que, actualmente, muestran recelos por la deriva autoritaria y antidemocrática que presentan los gobiernos de algunos socios del club como Hungría y Polonia, dirigidos por fuerzas ultraconservadoras.
Tanto el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como el polaco, Mateusz Morawiecki, ya han reaccionado acusando a la Comisión de extralimitarse en sus competencias y de vulnerar la soberanía nacional, y han llegado a amenazar con bloquear la aprobación de los presupuestos de la UE para el sexenio 2021-2027, lo que frenaría el reparto de los fondos de cohesión y también el del recién habilitado fondo de recuperación frente a la pandemia.
La manera en que se desarrollarán las sesiones de escrutinio, en el Consejo Europeo en su formación de Asuntos Generales, también podría suscitar tensiones entre los socios integrantes de la UE. Está previsto que el examen de cada país, a puerta cerrada, dure una media hora, durante la cual los ministros de Exteriores o de Asuntos Europeos de cada país defenderá la gestión de su Gobierno en materia de respeto al Estado de derecho, y luego se enfrentarán a preguntas de sus homólogos de otros países, que no siempre serán cómodas.
Esta revisión a la que la UE someterá a sus estados miembros estará basada en el reciente informe elaborado por la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en cada país, en el que se llevó a cabo una "evaluación cualitativa" de "cuatro pilares: el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales relacionadas con el control y el equilibrio de poderes".
La iniciativa arrancará este martes con el examen a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca y Estonia, en la primera sesión. Durante los próximos meses se irá revisando al resto de estados miembros, normalmente por orden alfabético.