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"El problema hay que resolverlo en África": Miles de migrantes hacinados en un puerto de Canarias desatan una grave crisis política en España

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La incesante llegada de cayucos y pateras con migrantes magrebíes y subsaharianos a la costa sur de Gran Canaria ha desbordado completamente la capacidad de gestión de las autoridades locales.
"El problema hay que resolverlo en África": Miles de migrantes hacinados en un puerto de Canarias desatan una grave crisis política en España

Las cifras del recién publicado informe quincenal sobre inmigración irregular, elaborado por el Gobierno español, son solo la expresión estadística de la cruel realidad que está experimentando la costa sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife desde hace algo más de dos semanas.

Solo entre el 1 y el 15 de noviembre han arribado a Canarias más de 5.350 personas en cayucos y pateras desde el norte de África, lo que establece un promedio superior a 350 diarias.

La magnitud de estas cifras, por impactante que resulte, no es suficiente para transmitir la gravedad del problema, cuya dimensión material y humana quizá se comprende mejor a través de algunas de las imágenes que empiezan a circular por las redes sociales.

Entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de noviembre las autoridades costeras canarias rescataron a un total de 16.760 migrantes, once veces más que en el mismo periodo de 2019. La cifra también es superior al número total de migrantes irregulares que llegaron por vía marítima al resto de España, que se sitúa en 15.260.

El epicentro de esta crisis migratoria se encuentra ahora mismo en el muelle de Arguineguín, ubicado en el extremo sur de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, uno de los más turísticos de la isla.

Allí, en un campamento improvisado, se hacinan desde hace semanas los migrantes africanos que van llegando en sucesivas oleadas de embarcaciones rudimentarias.

Este jueves hay todavía más de 1.700 inmigrantes hacinados en esta pequeña instalación portuaria, soportando el paso de las horas en condiciones de absoluta precariedad y con serias dificultades para aplicar protocolos de seguridad frente al coronavirus.

A principios de esta semana la cifra de personas concentradas en el muelle superó las 2.300.

La infraestructura institucional local en materia de migración está completamente desbordada y ante la incesante llegada de migrantes las autoridades locales no encontraron en un principio mejor solución que alojarlos en plazas turísticas, abundantes en la zona y actualmente disponibles por la baja demanda asociada a la pandemia. 

Desde el miércoles, el Ejército ha habilitado además un campamento en el antiguo polvorín de Barranco Seco, al nordeste de la isla, al que ya han llegado los primeros 400 migrantes, en dos tandas. La Brigada Canarias XVI del Mando de Canarias ha sido la encargada de montar las 23 tiendas que integran este nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), en el que esperan acoger a un total  de 800 personas.

Los cálculos son fáciles de hacer y evidencian el problema: el campamento improvisado en Barranco Seco apenas puede albergar a una pequeña parte de los migrantes que ya están en territorio canario, y las pateras abarrotadas no dejan de llegar a las costas isleñas.

En consecuencia, la cifra de migrantes hacinados crece y la tensión política del país aumenta en paralelo a la indignación y la perplejidad de la población local. 

227 migrantes dejados a su suerte en la ciudad

Dentro de la ya de por si caótica situación, un episodio acontecido el martes evidenció el desbordamiento de la situación y el escandaloso desbarajuste en que está derivando la gestión de esta crisis.

Sobre las 16.00 horas, 227 migrantes fueron desalojados del muelle de Arguineguín, ya que la normativa vigente establece que no pueden ser retenidos más allá de las 72 horas correspondientes al trámite de reseña policial. Ante esta situación, y para evitar que los recién liberados deambularan por las inmediaciones del muelle, el Ayuntamiento de Mogán fletó tres autobuses y envió a estas personas hacia la capital insular, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a la Plaza de la Feria, en la que tiene su sede la Delegación del Gobierno central en Canarias.

Una vez en esa plaza, los migrantes estaban completamente abandonados a su suerte, sin ningún tipo de tutela por parte de las autoridades. La prensa local y las redes sociales registraron la reacción solidaria espontánea de algunos vecinos, que se acercaron a la plaza a repartir ayuda y alimentos entre los recién llegados.

Mientras tanto, el presidente regional, Ángel Víctor Torres, realizaba gestiones de emergencia para evitar que nadie durmiese a la intemperie. Sus esfuerzos culminaron en la decisión de volver a montar a los migrantes en autobuses de vuelta al sur de la isla, para que finalmente pasaran la noche en los bungalows de un complejo turístico habilitado para la ocasión. 

Sin embargo, el arreglo logístico in extremis de la situación no atajó las consecuencias políticas de este episodio, que alcanzaron en cambio las más altas esferas de la autoridad nacional: tanto el senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, como la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, han pedido la "inmediata dimisión" del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la salida de los 227 inmigrantes del campamento de Arguineguín. 

Organismos internacionales alarmados ante una situación "insostenible"

El exacerbado incremento del flujo migratorio en esta ruta ha hecho saltar las alarmas al más alto nivel institucional dentro y fuera de España. Tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) enviaron el lunes a sus representantes en España a las costas insulares afectadas para conocer de primera mano la asistencia que se presta allí a los migrantes rescatados.

En esa visita, Sophie Muller (ACNUR) y María Jesús Guerra (OIM) se comprometieron con el presidente Torres a ayudar a Canarias a dar "una respuesta digna y humana" a esta "situación de emergencia", en el ámbito de la acogida, la protección internacional, el respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las medidas frente al covid-19.

Por su parte, la directora adjunta de Human Rights Watch (HRW) para Europa, Judith Sunderland, ya había calificado la situación como "insostenible" a principios de este mes, en declaraciones que ofreció a los medios de comunicación tras visitar las carpas que acogen a los migrantes en el puerto de Arguineguín.

¿Una "nueva Lampedusa"? 

La impactante imagen de miles de migrantes retenidos en islas periféricas del territorio continental europeo ha evocado inevitablemente la situación que viven desde hace años la isla italiana de Lampedusa –que vivió este pasado verano una situación muy similar– o la isla griega de Lesbos, lugares que acabaron convirtiéndose de facto en centros de detención de migrantes cuya intención era ingresar en el territorio europeo continental.

Al principio, la comparación explícita entre Canarias y estas islas mediterráneas surgió, en forma de crítica feroz contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en la oposición más reaccionaria: fue Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, quien afirmó que "Canarias se está convirtiendo en la nueva Lampedusa".

Sin embargo, el temor a que esa situación se reproduzca efectivamente en las islas españolas ha calado en la práctica totalidad del espectro político y en una buena parte de la población del archipiélago.

Tanto es así que el vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez –un político nacionalista de izquierdas, muy poco sospechoso de compartir las tesis de Abascal en materia de migraciones o en cualquier otro asunto de Estado–, se ha expresado en términos similares al advertir que el Ejecutivo regional no está dispuesto "a permitir que Canarias se convierta en Lesbos o Lampedusa".

Rodríguez exige insistentemente a las autoridades nacionales aliviar el colapso en Gran Canaria llevando a cabo "derivaciones regladas, transparentes, solidarias y con cupos" a otras regiones del país.

Asimismo, el vicepresidente canario acusa al Gobierno central de pretender dejar a los migrantes varados en las islas para, "supuestamente, trasladar la imagen de que el que entra en Canarias no sale", proyectando al exterior la "idea de Canarias como una cárcel". 

El ministro español de Interior, Grande-Marlaska, viajará este viernes a Marruecos para tratar con las autoridades locales el asunto de la creciente presión migratoria. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hará lo propio en Senegal los días 21 y 22 de noviembre. 

Mientras las distintas administraciones tratan de lidiar con el problema sin acabar de resolverlo, circulan por las redes sociales abundantes bulos xenófobos que criminalizan a los migrantes y que intentan extender entre la población local el miedo a una supuesta "invasión" de Canarias, que contaría con el beneplácito negligente del Gobierno.   

"El problema no está aquí, el problema está en el otro lado"

Teodoro Bondyale Oko es el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC). Es también enfermero, sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas. Nació en Guinea Ecuatorial, pero lleva casi 50 años viviendo en España. Desde 1985 está afincado en la isla de Gran Canaria.

El martes por la noche estuvo en la Plaza de la Feria, acompañando a los migrantes desasistidos y desorientados que tres autobuses acababan de trasladar desde el muelle de Arguineguín, y está siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta crisis migratoria en la isla, en contacto permanente con las autoridades. 

"A nivel general la gestión es muy deficitaria y muy torpe. Pero es que el problema no se puede resolver en Europa, hay que resolverlo en África", explica Bondyale. "El problema no está aquí en Canarias, ni en España –insiste este activista–. Esto no es un problema. Lo que está pasando en Mauritania, en Senegal, en Marruecos, en el Sahara, en Mali o en Costa de marfil: eso sí es un problema".

Bondyale recuerda que en estos países africanos "miles de personas están desesperadas porque el covid-19 les ha impedido hacer cualquier cosa: los negocios están cerrados, el poco turismo que tenían ha desaparecido, y allí los trabajadores no tienen ERTE [subsidio parcial para desempleados temporales] como en España, y vienen desesperados a buscarse la vida".

"El inmigrante no es tonto"

A pesar de los burdos bulos que denuncian una progresiva invasión en Canarias, y de la creciente sensación de inseguridad que la xenofobia crea en la población local, lo cierto es que la mayoría de las personas que están llegando ahora a las islas ya cuentan con contactos personales en distintos puntos de Europa, y es ahí a donde quieren llegar en última instancia. La gran mayoría de ellos no tienen ninguna intención de quedarse en Canarias.

"El inmigrante no es tonto, el inmigrante sabe que en Canarias no hay trabajo", señala Teodoro Bondyale. "Muchos  de ellos quieren llegar a Francia, o a Inglaterra o a Alemania, o a Dinamarca", enumera el activista, indicando que ahora mismo "la dificultad para encontrar trabajo en Canarias es casi la misma que en Mauritania".

El incremento exponencial del flujo migratorio hacia Canarias se ha producido, tal como explica el secretario de la FAAC, "porque han bloqueado el Mediterráneo: [las autoridades europeas] encargaron a Túnez, Marruecos, Argelia y Libia el control de los flujos migratorios, para que no salgan de África, y tienen todas las patrulleras en el Mediterráneo".

A ello se suma un incremento de la presencia policial en la conocida como 'ruta del Estrecho de Gibraltar" como parte de la lucha internacional contra el narcotráfico.

"Entonces, la ruta que queda libre ahora es la del Sáhara a Canarias o la de Mauritania a Canarias", concluye Bondyale, que advierte que es "una ruta muy peligrosa, a todos los niveles". 

Efectivamente, esta ruta es más larga y está atravesada por corrientes marinas aún más intensas y peligrosas que las que hay en el Mediterráneo. 

Una Europa que no quiere compartir su riqueza

Bondyale no se cree la tesis de una supuesta intención de convertir específicamente Canarias en una "nueva Lampedusa". "El Gobierno de España no puede desear que Canarias se convierta en un depósito de inmigrantes, con todo lo que ello implica", asegura, si bien admite que "la política europea frente a los migrantes pobres y negros ha sido siempre la misma". 

"Lo que han hecho es trasladar las fronteras europeas a Níger, a Mali, a Senegal, a Marruecos, como límites del acceso a Europa, pero eso no ha funcionado. Es más: ha desestabilizado a esos países, como demuestran el caso de Libia y Mali", explica este analista del fenómeno migratorio. "La Europa del norte, enriquecida con recursos que han sacado de los países empobrecidos, no quiere compartir su riqueza", asegura a continuación.

Bondyale se muestra convencido de que en este periodo de la historia, "los países del sur de Europa tendrán que seguir encajando las oleadas del flujo migratorio" y de que tendrán que "gestionarlas con el apoyo de los países del norte". 

"El derecho a emigrar está para ejercerlo, y hay que preguntar por qué la gente emigra: si no resolvemos esa pregunta, no tendremos respuesta para esta situación", asegura.

David Romero

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