La Defensora de los Derechos de la Niñez de Chile, Patricia Muñoz, repudió este miércoles que dos niños que se encontraban en la residencia Carlos Macera de Talcahuano, perteneciente al Servicio Nacional de Menores (SENAME), fuesen heridos de bala tras los disparos del personal de Carabineros.
Muñoz explicó que los funcionarios policiales presuntamente ingresaron a la residencia "de manera absolutamente injustificada y desmedida", y accionaron sus armas de fuego contra los menores de 17 y 14 años. "Causaron lesiones al menos a dos niños, que se encuentran ahora en el hospital recibiendo atención médica", detalló.
De acuerdo con la Defensora, las lesiones de los niños son de carácter reservado. "Esperamos que esto no tenga consecuencias de índole vital", manifestó Muñoz, quien lamentó que esta agresión ocurrido en una residencia estatal para la protección de los derechos de la niñez.
La funcionaria repudió el "horror" de la violencia estatal ejercida por quienes tienen el deber de proteger a los niños y adolescentes. "Reiteramos una vez más la petición expresa y explícita al gobierno de Chile a que adopte las medidas que sean pertinentes para que Carabineros deje de actuar de esta forma", sostuvo.
Muñoz adelantó que la Defensoría de la Niñez presentará este mismo miércoles las acciones legales correspondientes. Y añadió: "Esto debe parar ya, no puede seguir este país permitiendo hechos de esta gravedad que no tengan consecuencias que permitan, en definitiva, que situaciones de esta naturaleza dejen de ocurrir".
La Defensora recalcó que "la primera labor" del Estado chileno debería ser prevenir este tipo de vulneraciones y expresó su deseo de que, esta vez, "sí existan consecuencias claras".
Por último, la funcionaria pidió a los chilenos y demás usuarios de las redes sociales no seguir compartiendo las imágenes de los niños y niñas de la residencia Carlos Macera, porque "claramente están en una situación de vulnerabilidad" y esta práctica los revictimiza.
Reacciones
El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, calificó lo sucedido como "un hecho de máxima gravedad" y aseguró que las autoridades están recabando información "para ponerla a disposición de la justicia".
Según la versión de Delgado, el personal de Carabineros entró al recinto escoltando una ambulancia que iba a atender a unos jóvenes descompensados. "En ese momento, cuando llega Carabineros, se da la situación que se está investigando", afirmó.
El ministro manifestó que el presidente Sebastián Piñera "se quedó personalmente monitoreando la situación" y "ha conversado con diversas autoridades para poder tener los antecedentes lo antes posible".
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que se contactó directamente con el general director de Carabineros, Mario Rozas, a fin de solicitar una investigación por parte de la institución policial.
Mientras tanto, la Fiscalía instruyó las diligencias de investigación a la Unidad de Derechos Humanos de la Brigada de Homicidios.
Tras la agresión de Carabineros en la residencia de menores, la Cámara de Diputados suspendió la votación sobre el presupuesto público de 2021, y en su lugar, convocó a una sesión especial el próximo jueves 19 de octubre a las 10:00 (hora local), para que los ministros Delgado y Larraín comparezcan por lo sucedido.
"Estamos discutiendo y votando el presupuesto de la nación, pero no podemos quedar impávidos cuando hace un rato Carabineros entró a una residencia del SENAME y disparó a niños", señaló la diputada Camila Rojas Valderrama, del Partido Comunes, en su cuenta de Twitter.
A su vez, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz D'Albora, calificó la agresión de Carabineros como insostenible. "Esto debe ser investigado y de una vez por todas asumir las responsabilidades de mando frente a estos actos", apuntó.
Entretanto, la oficina de Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó el actuar de Carabineros y solicitó al Gobierno de Piñera esclarecer los hechos ocurridos.
"Ninguna situación justifica que Carabineros haga uso de armas de fuego para contener incidentes que involucran a menores de edad, especialmente si se encuentran bajo la protección del Estado", señaló la agencia de la ONU, agregando que dicha fuerza de seguridad "tiene la obligación de aplicar protocolos especiales" cuando sus procedimientos afectan a niños o adolescentes.
Desde el inicio del estallido social hasta el 18 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en Chile 2.520 querellas contra agentes de las fuerzas de seguridad, por homicidio (6), tortura (460), lesiones (25) y violencia innecesaria (115), entre otros delitos.