Este martes se cumplen cuatro años de la firma del 'Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto' entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado en medio del incremento de la violencia, reclamos históricos de varios sectores de la población y exigencias del cumplimiento de lo pactado entre la guerrilla y el Gobierno.
Un día antes del aniversario de este acuerdo firmado en Bogotá, que dio paso a la desmovilización y desarme del grupo guerrillero más antiguo de Colombia, organizaciones sociales denunciaron el asesinato del líder social Edgar Hernández, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en el municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo, en el suroeste del país.
Esta nueva muerte se suma al largo listado de líderes sociales y exguerrilleros asesinados sin que aún haya una respuesta contundente ante el incremento sostenido de las muertes. En lo que va de año, 256 luchadores sociales han sido ultimados y desde 2016 la cifra sobrepasa los 1.000.
Las peticiones de la FARC
Entrevistado por RT, el periodista y columnista colombiano Alfredo Molano Jimeno ha catalogado el avance del proceso de paz de "agridulce" y ha destacado que el tema de seguridad es "neurálgico" porque "afecta muchísimo la implementación del acuerdo".
Ante esta situación, el partido político Fuerza Alternativa del Común (FARC), conformado por exguerrilleros, ha pedido garantías de seguridad en medio del asesinato de 242 excombatientes desde 2016 (57 en lo que va de 2020).
Entre las demandas que fueron expresadas al presidente Iván Duque en una reunión a principios de noviembre también se encuentra la solicitud de asignación de tierras para su reincorporación a la vida civil, la aceleración de la entrega de recursos para los proyectos productivos y la implementación integral del acuerdo, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos tras un proceso de diálogos en La Habana y Oslo.
Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que realiza un monitoreo independiente a la implementación de los acuerdos de paz, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 el avance general en lo pactado ha sido apenas de 6 %.
La JEP es "inderogable"
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional contemplado en el acuerdo de paz para procesar a los actores del conflicto armado, ha estado en el centro del debate.
Recientemente, el expresidente Santos recordó que la JEP era "inderogable" y que estaba "blindada" en una carta dirigida al líder de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', quien previamente le había enviado una misiva donde expresaba su preocupación por la propuesta del exmandatario y exsenador Álvaro Uribe de derogar este mecanismo de justicia.
A pesar de que los detractores del acuerdo de paz han señalado una supuesta falta de resultados de la aplicación de la JEP, las cifras arrojan que ha habido 12.678 solicitudes de sometimiento a ese mecanismo jurídico especial: 9.770 son de las FARC; 2.745 de miembros de la Fuerza Pública y 121 de otros agentes del estado, de los cuales 12 han actuado en protestas sociales.
Por otra parte, según ha señalado Molano, el Gobierno "ha estado presionando a la JEP públicamente para que no acepte el ingreso (al mecanismo) de jefes paramilitares que cumplen su pena en EE.UU. y que han empezado a llegar a Colombia".
Los llamados de la ONU
En octubre pasado, el jefe de la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.
En el documento refiere que "la incesante violencia contra excombatientes sigue afectando el proceso de reincorporación y, más en general, la consolidación de la paz", y ratifica la petición de mantener "las medidas de seguridad para los excombatientes".
Entre los otros aspectos que ha destacado Molano, se encuentra el incumplimiento del acuerdo de desarrollo rural, la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos alimenticios y las fumigaciones con glifosato que han sido impulsadas por el Gobierno.
"Es un tema sensible y ha producido un choque entre las organizaciones campesinas y la fuerza pública y ha dejado desprotegidos a líderes sociales que impulsaron en sus comunidades acuerdos colectivos", concluye.