La Justicia de Bolivia ha decretado prisión domiciliaria bajo custodia policial para el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuéllar, acusado de la represión y muerte de al menos 11 manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar en Sacaba, en noviembre de 2019, contra el golpe de Estado que desalojó a Evo Morales de la Presidencia del país.
Cuéllar fue detenido el martes después de declarar ante la Fiscalía de Sacaba, en Cochabamba. Durante su exposición sostuvo que durante los días de las protestas él solo cumplía funciones administrativas y ejercía como quinto hombre en la cadena de mando, según recoge el medio boliviano La Razón.
El auto del tribunal también le impone la prohibición de comunicarse con otros testigos e implicados en el caso, la obligación de acudir dos veces por semana a firmar a la sede de la Fiscalía de Sacaba y el pago de una fianza de 250.000 bolivianos (algo más de 36.000 dólares).
Las masacres
Los sucesos juzgados tuvieron lugar durante la intervención policial-militar contra una marcha de cocaleros que intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Morales, tras su renuncia forzada por los militares y parte de la oposición. Al menos ocho de las víctimas mortales perecieron por impactos de bala recibidos por parte de la fuerza pública.
Cuéllar ha sido el primer arrestado por los hechos de violencia ocurridos tras el golpe de Estado a Evo Morales. Además de la masacre de Sacaba, cuatro días después se produjo otro violento operativo militar y policial en Senkata, en la ciudad de El Alto, donde otras diez personas fuero víctimas de la represión. Este otro suceso todavía está pendiente de ser juzgado.
Las masacres de Sacaba y Senkata son investigadas paralelamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que el pasado lunes envió a cinco expertos a la ciudad de La Paz, junto a su presidente, Joel Hernández.