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La Justicia mexicana ordena nuevamente la captura de un exgobernador y empresario implicados en el caso de tortura a periodista Lydia Cacho

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La magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez, emitió órdenes de aprehensión contra Kamel Nacif, Mario Marín y Adolfo Karam.
La Justicia mexicana ordena nuevamente la captura de un exgobernador y empresario implicados en el caso de tortura a periodista Lydia Cacho

Una magistrada federal mexicana emitió nuevas órdenes de captura contra Kamel Nacif, Mario Marín y Adolfo Karam por la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurrida entre el 16 y 17 de diciembre de 2005. 

La magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez, emitió el jueves 3 de diciembre nuevas órdenes de aprehensión contra el empresario Nacif; el exgobernador de Puebla (2005-2011), Marín; y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Karam. Esto después de que en noviembre los tres implicados obtuvieran un recurso judicial por parte del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, que los protegía de la detención ordenada desde el 11 de abril de 2019. 

Con las órdenes judiciales emitidas por la magistrada Suárez, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la responsabilidad de localizar y capturar a Nacif, Marín y Karam. No obstante, de acuerdo con la organización Artículo 19, los implicados podrían recurrir nuevamente a tribunales, quienes estudiarán las resoluciones para determinar si estuvieron apegadas conforme a la ley. 

En su cuenta de Twitter, Cacho destacó la decisión de la "valiente magistrada que no se dejó corromper" y que busca justicia en su caso. "Catorce años después de que me mandaran secuestrar y torturar para proteger a una red de trata de niñas, nos hemos enfrentado en los juzgados, ellos con sus influencias y poder corruptor, nosotras con la razón", escribió. 

Red de pornografía y trata

La también defensora de derechos humanos publicó el libro 'Los demonios del Edén', en el que documentó una red de pornografía infantil y trata de menores encabezada por el empresario Jean Succar Kuri —actualmente en prisión— y de la que formaba parte Nacif, con la complicidad de diversas autoridades y políticos.

A los siete meses de publicar esta obra, el 16 de diciembre de 2005, Cacho fue detenida de manera arbitraria por policías en Quintana Roo, por una demanda interpuesta por Nacif por difamación, al mencionar al empresario como parte de esta red de explotación sexual de menores. La periodista estuvo incomunicada y fue torturada durante su arresto y traslado al estado de Puebla, en donde se dictó la orden de captura. Unos días después, la defensora obtuvo su libertad bajo fianza. 

El 14 de febrero de 2006 se dio a conocer la grabación de una llamada telefónica entre el exgobernador Marín y Nacif, en la cual el empresario le agradecía al político poblano por detener y procesar a Cacho. 

A Nacif, Marín y a Karam —exdirector de la Policía Judicial de Puebla— se les considera los autores intelectuales de la detención y las violaciones a los derechos humanos sufridas por Cacho hace casi quince años. 

Responsabilidad del Estado mexicano

Tras revisar el caso de Cacho, el 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al Estado mexicano responsable por la violación a los derechos humanos de la periodista, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación.

Por su parte, el 10 de enero de 2019 el Gobierno mexicano ofreció disculpas públicas a Cacho por la violación de sus derechos. 

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