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Farmacéuticas que venden a Chile la vacuna contra el covid-19 no responderán en caso de daño o muerte de inoculados

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El Estado será la parte responsable si alguien decide presentar una demanda por posibles impactos negativos del fármaco.

Los contratos de compra que firmó el Gobierno chileno con las farmacéuticas que desarrollan vacunas contra el coronavirus protegen legalmente a dichas compañías de responsabilidades, en caso del eventual riesgo sanitario al que podrían exponerse las personas inoculadas, informa La Tercera.

En consecuencia, si alguien se vacuna y luego tiene un impacto negativo en su salud o hasta muere, el individuo afectado o su familia no conseguirán que el fabricante del fármaco usado responda ante acciones legales, por lo que tendrían que presentar una demanda contra el Estado, ya que fue el Gobierno quien autorizó el uso de la vacuna.

De acuerdo con el diario, el Ejecutivo indicó que estos son los únicos términos, en los cuales se pudo negociar la compra de millones de dosis de la vacuna en condiciones de presión de hacerlo lo más rápido posible y a un precio moderado. "No hubo alternativa", aseguraron desde la Presidencia.

"No hay otra opción"

Bajo estas condiciones, el Gobierno de Chile firmó el pasado 19 de noviembre el contrato de compra de 4 millones de dosis a AstraZeneca, asumiendo por su cuenta "los costos legales razonables [...] por fallecimiento, daño físico, mental, incapacidad o condición, temor de los anteriores, daños o perjuicios a terceros de sus bienes, y la interrupción de negocios de la parte dañada o una persona relacionada con dicha persona dañada [...] relacionados con o que surjan del uso o la administración de la vacuna enviada o asignada a su lugar".

Desde la Presidencia señalaron que este punto del contrato con AstraZeneca "es idéntico o muy similar en todos los contratos con laboratorios, y según quienes han visto los firmados con Pfizer y Janssen, así son". También aparecen en el contrato de compra de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac Biotech, añade el medio.

Con referencia a La Moneda, el diario recalca que se consultó con gobiernos de la Unión Europea y América Latina y "los términos son los mismos".  "No hay opción" para cambiar estas condiciones, añadieron.

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