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El rey emérito Juan Carlos I estaría sopesando regularizar su situación fiscal para evitar un proceso penal
Está sobre la mesa la declaración complementaria sobre las tarjetas bancarias opacas con fondos presuntamente donados por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause.
El rey emérito Juan Carlos I estaría intentando regularizar su situación fiscal en España, en concreto, en lo relativo a las tarjetas bancarias opacas que habrían utilizado tanto él como algunos de sus familiares, cuyos fondos provendrían de donaciones del multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Durante los años 2016, 2017 y 2018 el rey emérito y sus allegados habrían gastado con estos plásticos más de 500.000 euros que habrían servido para sufragar gastos personales, tales como hoteles, viajes o restaurantes, disponibles gracias a un testaferro, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que habría vehiculado los fondos del empresario mexicano, amigo personal del exmonarca.
El asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero aún no se encuentra judicializado, lo que da la opción al exjefe de Estado de regularizar su situación pagando los impuestos defraudados y abonando una sanción económica, de modo que no tendría que enfrentarse a un proceso penal por un delito que está penado con hasta seis años de cárcel.
En la información publicada por diversos medios españoles se barajan dos hipótesis: que Juan Carlos I ya habría presentado la regularización voluntaria ante la Agencia Tributaria o que aún se encontraría sopesando esta opción. Si la declaración complementaria ya hubiera sido presentada, ahora la institución fiscal tendría que decidir si la acepta sin más o bien si solicita aclaraciones, así como el importe que el exmonarca debería pagar.
Sin embargo, el rey emérito habría descartado la regularización de la fortuna que oculta en Suiza, puesto que en este caso sus acciones estarían protegidas por la inviolabilidad que le otorga la Constitución española durante el periodo que fue jefe del Estado. No ocurre lo mismo con las 'tarjetas black', puesto que su utilización es posterior a 2014, fecha de su abdicación en su sucesor, el rey Felipe VI.
Noticia en el aniversario de la Constitución
La noticia de la posible regularización fiscal se ha conocido este 6 de diciembre, 42º aniversario de la aprobación de la Constitución española y festivo nacional. En el acto de celebración de esta efeméride en el Congreso de la Diputados, políticos de distintas tendencias han sido preguntados sobre este asunto.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no ha querido pronunciarse al respecto, mientras que el jefe de la oposición, el conservador Pablo Casado, tan solo ha hecho mención al legado de Juan Carlos I, al igual que otras destacadas figuras de su formación, el Partido Popular. "Me quedo con su legado y la obra que hizo tan importante para todos los españoles", afirmó Casado.
El único que se ha pronunciado directamente sobre esta polémica ha sido el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que espetó: "Menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a Hacienda".
La de las 'tarjetas black' es una de las tres causas por las que el exmonarca está siendo investigado. Si bien dos de ellas se estima que no tendrán ningún recorrido jurídico en España debido a la inviolabilidad de la que gozó hasta 2014, sí podrían tener consecuencias penales fuera de las fronteras españolas, debido a que también están siendo investigadas por la Fiscalía suiza.
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