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Procesan a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina por espionaje y "abuso de autoridad" durante la gestión de Macri

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Los extitulares habrían incurrido en prácticas "prohibidas" desde las bases del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre 2016 y 2017.
Procesan a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina por espionaje y "abuso de autoridad" durante la gestión de Macri

El juez federal argentino, Alejo Ramos Padilla procesó este miércoles sin prisión preventiva y con un embargo de unos 243.000 dólares a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por espionaje político.

Los extitulares de la Agencia, señalados por "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad", habrían cometido maniobras de espionaje desde las nuevas bases de la AFI instaladas en la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre 2016 y 2017.

El espionaje estuvo dirigido a dirigentes políticos nacionales y territoriales, gremios y líderes gremiales, movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores o escuelas y manifestaciones consideradas contrarias a los intereses de Macri.

Según estimaciones del juzgado, hubo quince vehículos abocados a las tareas de seguimiento y el Estado habría gastado aproximadamente 1220.000 dólares en labores de espionaje, sin contar el pago del salario de los agentes.

Asimismo, se procesó a otros nueve responsables de las bases que la exSIDE (Secretaría de Inteligencia), tras ser considerados como coautores de estos delitos por haber obtenido información, producido inteligencia o almacenado datos sobre personas con acciones privadas u opinión política contrarias al exmandatario argentino.

Este fallo se sustentó en una gran cantidad de fotos y capturas de los archivos encontrados, que demuestran que la AFI tenía en su poder información de toda índole sobre diversos dirigentes.

El escandalo por el espionaje ilegal del expresidente estalló en mayo del 2020, después que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara que durante la gestión de su antecesor, Gustavo Arribas, el organismo había espiado de manera ilegal a políticos, funcionarios, escritores, periodistas y líderes sociales, tanto oficialistas como opositores, a pedido de Macri.

Al radicar la denuncia, Caamaño reveló que en enero pasado encontró dentro de una caja fuerte de la AFI sobres que contenían fichas de 403 periodistas, 28 académicos y 59 líderes sociales y empresarios.

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