La Fiscalía de Venezuela informó este jueves que han sido identificados 26 de los 28 cuerpos de los venezolanos fallecidos el pasado fin de semana, tras el naufragio de una embarcación "inadecuada" que zarpó de costas venezolanas con destino a Trinidad y Tobago.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo en una rueda de prensa que los ciudadanos Luis Alí Martínez y Luis Ramón López fueron "presentados e imputados" por los presuntos delitos de "tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir. El primero en grado de autor y el segundo en grado de cooperador inmediato".
Tras estos hechos que han conmocionado a los venezolanos, cuatro personas están solicitadas por la Justicia por presuntamente estar "vinculadas directamente al caso", al igual que siete militares, entre los que se encuentra el comandante de la estación de vigilancia costera de Güiria.
Los primeros hallazgos de cadáveres en las costas de Güiria, en el estado Sucre, ocurrieron el pasado sábado, luego del hundimiento de un bote que pretendía trasladar de manera ilegal a un grupo de tripulantes hasta Puerto España, la capital de la isla antillana, a unos 11 kilómetros de distancia.
La investigación paso a paso
La investigación, según aseveró Saab, comenzó antes de hallar el primer cuerpo. El Ministerio Público tuvo conocimiento de un audio donde se afirmaba que se desconocía el paradero de un grupo de personas que había salido hacia Trinidad, y que posiblemente estaría en una base militar en la isla.
Luego de aparecer los primeros cadáveres, se supo del naufragio. Posteriormente, se conoció que las víctimas habían zarpado de la playa denominada 'El Rincón', ubicada en la propiedad de López, a bordo de la embarcación 'Mis recuerdos', de Martínez.
Martínez y López "tienen antecedentes y condenas por tráfico de drogas" y el último además posee historial policial por "porte ilícito de armas y hurto calificado", informó el fiscal. Además, estas personas le dijeron a los familiares de los fallecidos que estos habían sido detenidos al llegar a la isla antillana para así evitar que hicieran denuncias por las desapariciones.
Una detención no reportada
En el transcurso de la investigación se conoció que Martínez había sido capturado días atrás por las autoridades militares venezolanas, pero fue liberado tras realizar un pago ilegal.
Por esta razón, la Justicia venezolana también ha solicitado órdenes de aprehensión contra siete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que cumplían funciones en la Estación de Vigilancia Costera Güiria, en el estado Sucre, por el presunto delito de "extorsión agravada".
Estos uniformados le habrían cobrado unos 4.500 dólares a Martínez a cambio de no notificarle al Ministerio Público sobre su aprehensión, ocurrida el pasado 9 de diciembre, cuando realizaba un traslado ilegal de Trinidad a Venezuela.
Los funcionarios son: el comandante de la Estación, Eliud Betancourt Cova; el sargento mayor de tercera Leonel Bonillo Marcano; la sargenta de segunda Neomar Sifontes y los sargentos Brayan Chirino Velázquez y Darvel Zacarías Puesme, Mario Cortesía Ramos y Frannel Moreno Bolaños.
El Ministerio Público no descarta que en las próximas horas se anuncien nuevas detenciones, debido a que se encuentran investigando las posibles conexiones entre mafias transnacionales de trata de migrantes y autoridades locales.
Según cifras de la Fiscalía proporcionadas por Saab, desde 2017 se han procesado 118 casos de tráfico ilícito de personas y 196 ciudadanos han sido acusados desde esa fecha.
