Tras años de fracasos y de sangre derramada en la "guerra contra las drogas" en Colombia, un par de senadores han dado una vuelta al tablero y han hecho una propuesta revolucionaria y controversial: que el Estado le quite el monopolio de la cocaína al narcotráfico.
A finales de agosto, se rompió el silencio de décadas sobre el tema del consumo de drogas en Colombia cuando los senadores Iván Marulanda (Partido Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social), apoyados por otros 21 congresistas, introdujeron en el Congreso el proyecto de Ley para establecer el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados.
Esta alternativa, que plantea que el Estado regule el cultivo, la producción y la comercialización de la coca y sus derivados, surge en un país signado por la violencia que ocupa dos récords lamentables que se han sostenido a través de los años: el mayor productor de cocaína y cultivador de coca en el mundo.
Para conocer a profundidad la propuesta que plantea dar un vuelco a las políticas internacionales sobre el control de las sustancias psicoactivas, RT ha entrevistado al también ambientalista y economista Iván Marulanda.
RT: EE.UU. ha calificado de "fracaso" la política antidrogas de Colombia. ¿Cree que su proyecto es una oportunidad de plantear una alternativa?
I.M.: Podemos encontrar un balance desolador dado que Colombia exporta 90 % de la cocaína que se consume; tenemos más de 200.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y la historia de estas cuatro décadas es de sangre, de pérdida de vidas, de destrucción de las instituciones, de corrupción de la política y de la economía. Es un desastre.
Este proyecto de ley es un nuevo camino después de tantos años de fracaso de la política internacional, del fracaso de unos convenios internacionales suscritos en el marco de las Naciones Unidas, que son la matriz de toda esta política.
El problema es que Colombia terminó siendo productor y proveedor de sustancias psicoactivas, fundamentalmente de la cocaína, pero todo esto es el encuadramiento que resulta de una política internacional de penalización, de criminalización de estas sustancias, que es lo que comúnmente se llama 'Guerra contra las drogas'.
Colombia está perdiendo la soberanía en los territorios en manos de organizaciones criminales, algunas de ellas inclusive internacionales. Son patrullados por ejércitos de sicarios que imponen la ley del gatillo y de la selva. Con base en el terror y la violencia, subyugan y esclavizan a las poblaciones. Allí no ejerce dominio el Estado.
"Si el Estado le compra la hoja de coca a los campesinos y les quita esa materia prima a las organizaciones criminales, podría abastecer industrias artesanales, ancestrales"
Esta política que proponemos es un camino distinto que surge de un razonamiento: si el Estado le compra la hoja de coca a los campesinos y les quita esa materia prima a las organizaciones que producen cocaína y la monopolizan, podría abastecer industrias artesanales, ancestrales (campesinas e indígenas), de producción de alimentos y bebidas, de bienes de uso medicinal, de cosméticos.
Por otro lado, el Estado produciría una cocaína para los consumidores colombianos [según la Ley, la dosis mínima de cocaína permitida para uso personal en Colombia es de un gramo], arrebatándosela a las redes del narcotráfico.
RT: ¿Cómo desvincular la coca de la guerra?
I.M.: Hay una mezcla de cosas. Por un lado, está el vacío de una política agraria en Colombia, donde las políticas públicas para el desarrollo del campo son mínimas y, naturalmente, cuando se abandona el campo, se lo toma la violencia. El campo ha sido el escenario de una guerra política muy antigua que tiene cerca de 70 años.
En la medida en que pueda avanzarse en la profundización del Acuerdo de paz, es decir, en su realización, habrá pacificificación en el campo. Desafortunadamente, esto no ha ocurrido en estos años. El Gobierno actual no es amigo del acuerdo.
Ahora, un aspecto importante. Hay organizaciones criminales que tienen un poderoso armamento y presencia en los territorios. En la medida en que el Gobierno compre a precios del mercado la producción de 200.000 hectáreas de hoja de coca, que es lo que pretende el proyecto, en esa medida las familias campesinas vinculadas a esos cultivos, que son cerca de 250.000, y que están al margen de la ley, pasarán a estar vinculadas a la institucionalidad del país. Eso cambia el tablero de la guerra.
RT: En el proyecto se habla de la "lucha contra los eslabones más fuertes del narcotráfico". ¿Cómo lograrlo si perderían el monopolio de la producción de coca?
I.M.: Hoy los campesinos están en medio del conflicto, del lado de las organizaciones criminales y sus cultivos son perseguidos por la autoridad. Van a seguir estando en el medio pero del lado de las instituciones.
El Estado tendrá que enfrentar a las organizaciones criminales. Hoy las está combatiendo y está perdiendo esa guerra porque hay un doble frente: el de la erradicación de los cultivos y el del enfrentamiento con las organizaciones armadas.
RT: ¿No cree que las organizaciones criminales van a desesperarse al perder su única fuente de ingresos? ¿Esto no desataría una guerra?
I.M.: Es que estamos en una guerra. Lo que digo es que el tablero de la guerra cambia en la medida en que el Estado pueda concentrar su capacidad de juego y represiva en las organizaciones armadas.
"Nadie puede imaginarse que Colombia va a salir de esto sin una guerra, es imposible. Hay miles de personas armadas ejerciendo un poder espurio y criminal"
Que se concentre en el enfrentamiento con las organizaciones armadas que, en la medida que pierdan la materia prima para producir 1.500 toneladas cocaína, disminuirán su flujo de ingresos de dólares para financiar esa guerra.
Ahora nadie puede imaginarse que Colombia va a salir de esto sin una guerra, es imposible. Hay miles de personas armadas ejerciendo un poder espurio y criminal. Colombia está invadida de fuerzas armadas al margen de la ley.
RT: ¿Es menos costoso lo que usted plantea que la política de erradicación de los cultivos?
I.M.: Comprar la cosecha de hoja de coca a precios del mercado cuesta 2,6 billones de pesos (770 millones de dólares) y los programas de erradicación cuestan 4 billones de pesos (1.100 millones de dólares) con un fracaso total. La diferencia es abismal y hay ejemplos muy dramáticos. Cuando se ha erradicado con glifosato los costos se elevan al doble. En 2005 y 2015 los programas de erradicación de hoja de coca costaron anualmente 88 billones de pesos (2.500 millones de dólares) y los cultivos no disminuyeron sino que aumentaron.
Todo esto está agravado porque con la política de erradicación hay que agregar las pérdidas de vidas, la corrupción y la destrucción ambiental y el sufrimiento de las poblaciones.
La ganancia es enorme cambiando esta política y esta estrategia.
RT: Si el Estado es el regulador de la producción de coca, ¿cómo garantizar que no sea presionado por el narcotráfico?
I.M.: Nadie puede garantizar que el Estado colombiano no se corrompa porque de hecho lo está.
La corrupción es un drama para los colombianos y nadie puede garantizar que las políticas públicas que se proponen para tratar de que el país avance no se van a corromper.
Una política pública no puede detenerse o dejar de pensarse porque va a caer en manos de la corrupción, porque entonces el país tendría que paralizarse y habría que llegar a la conclusión de que el Estado tendría que desaparecer y ese es un escenario impensable.
RT: EE.UU. es el mayor comprador de la cocaína que produce Colombia. ¿Cree que habrá presiones?
I.M.: Allá están cambiando las cosas sustancialmente. Más de 35 estados legalizaron la producción, la distribución y el consumo recreativo y en todos lo campos de la marihuana.
Digamos que se ha cambiado el poder argumentativo de EE.UU. en la medida que su propia realidad está en contravía de su política internacional tradicional.
Ahora, no descarto que haya que hacer una labor diplomática importante de convencimiento de lo que significa para Colombia, porque es un tema de soberanía, de defensa de la vida y de la integridad.
El país se está destruyendo por cumplir con unos tratados y convenios internacionales que lo están llevando a un infierno, entonces es un acto de independencia y de responsabilidad con la nación pero adicionalmente puede significar ventajas y avances para la humanidad.
Si Colombia produce cocaína para sus consumidores se abre un escenario muy interesante: otro Estado, que no tenga problemas con su producción sino que tenga consumidores y persiga su tráfico, diga: "si puedo tener cocaína que me la suministre un tercer Estado, que no sea ilegal, que no tenga rastro de sangre, que sea pura, puedo cambiar mi política de criminalización del consumo por una de salud pública para suministrársela directamente a esos consumidores y poder hacer un control sanitario para que tengan ayuda médica y psiquiátrica, si la necesitan".
"Aquí la guerra contra las drogas fue hasta hoy un acto de fe, un dogma, un fetiche, de esto no se podía hablar"
Hoy no se podría hacer eso porque no tendría a quien comprarle una cocaína que no tenga rastro de sangre. Un Estado no podría ir al Cártel de Sinaloa a comprarla para implementar una política de salud pública y de derechos humanos.
Creo que se abriría esa puerta para un cambio en la visión de este problema en el mundo entero. Es una hipótesis que lanzo. Esta política sólo tiene por lo pronto el alcance de resolver el problema colombiano, no el del mundo.
Esta política que estamos proponiendo no está vinculada a los tratados de la Convención de Viena, está enmarcada en los derechos humanos porque estamos reivindicado derechos fundamentales: a la vida, a la democracia, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a las libertades, a la soberanía.
Ya hay países muy importantes que han legalizado la producción, la distribución y el consumo de marihuana. Estos países se apartaron de esos convenios internacionales suscritos en el marco de Naciones Unidas para definir sus propias políticas en materia de cannabis. Ese es un antecedente jurídico importante que tendrá que hacer parte en la argumentación que se tenga en la apertura de una nueva discusión mundial sobre este tema, de manera que empiece a evolucionar la legalidad internacional en esta materia.
RT: ¿Es este un proyecto revolucionario o Colombia está promoviendo el consumo mundial de cocaína?
I.M.: De lo que se trata esta aproximación, que efectivamente es una revolución democrática, es de cambiar radicalmente la visión de un problema desde el punto de vista político, jurídico y económico. En ese sentido es revolucionario en la comprensión de lo que significa el consumo en la visión del ser humano.
El consumo está andando a velocidades infinitas y no obedece a esta política. El consumo nació desde el origen de la humanidad. Es una tradición milenaria: el mundo entero está invadido de opiáceos, de cocaína, de marihuana, de alcohol, de tabaco. El ser humano es un ser que vive y en algunos casos naufraga en su propia adicción. No tiene nada que ver con esta ley porque estamos tratando de resolver el problema que se deriva de una mala política.
No estamos diciendo: "hay que consumir cocaína". Estamos diciendo: "hay seres humanos que consumen cocaína y, por la manera que se están proveyendo de ella, se está generando un problema colateral enorme de violencia, de corrupción y destrucción del tejido social y de las instituciones".
RT: ¿El Congreso respaldaría esta propuesta?
I.M.: En la composición del poder político en Colombia hoy este proyecto no es viable porque esas mayorías que están en el Congreso y en Gobierno han afincado su discurso y su poder político en la guerra contra el narcotráfico y, naturalmente, no van a aceptar algo tan contrario a su propia doctrina y dogma.
Aquí la guerra contra las drogas fue hasta hoy un acto de fe, un dogma, un fetiche, de esto no se podía hablar, era una verdad revelada que no tenía discusión. Yo mismo participé de esa guerra en los años 80 con mis compañeros políticos Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, cuando apareció el fenómeno del narcotráfico infiltrando la política. Nos pusimos de frente y dijimos: "hay que combatir la penetración del narcotráfico en la política y hay que perseguir los poderes del narcotráfico". ¿Y qué pasó? A los compañeros los mataron porque estábamos planteando unos principios éticos y morales desde la razón y la palabra y los contrarios tenían una ametralladora en la mano.
"Después de tantos años en la política sé que los procesos históricos toman tiempo, que no hay que afanarse. Que esto va a llegar, no tengo la menor duda"
Lo que estamos logrando es un cambio fundamental en el debate político, en abrir esta discusión por primera vez, en hablar abiertamente de esto. Entonces está circulando una información que no se había dado nunca y que nos llevará a que la mentalidad de la ciudadanía se vaya transformando. En las próximas elecciones o no sé cuándo, el ciudadano podría tener en la definición de su voto un referente distinto.
Si algún día cambian las mayorías por una expresión popular de un voto encarnado en personas que quieran cambiar esta política, esto cambia en ese momento. Ese es un camino que estamos empezando a recorrer: generar una conciencia y un debate.
RT: ¿Es optimista?
I.M.: No me llamaría optimista, sino que tengo la conciencia tranquila de estar haciendo lo que creo que hay que hacer. No tengo ningún interés personal, cumplo mi papel como un hombre público. Después de tantos años en la política sé que los procesos históricos toman tiempo, que no hay que afanarse. Que esto va a llegar, no tengo la menor duda. ¿Cuándo? No lo sé.
Nathali Gómez
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