El Senado de Argentina comenzó este martes la sesión especial en la que debatirá si avala o rechaza el proyecto de legalización del aborto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que representa una lucha del movimiento de mujeres de este país que puede repercutir en el resto de la región, en donde solo Uruguay, Cuba y Puerto Rico reconocen el derecho a interrumpir voluntariamente los embarazos sin mayor causal que el deseo de la mujer o persona gestante.
Se prevé que la jornada legislativa termine al amanecer del miércoles porque 59 de los 72 senadores se anotaron para exponer su posición a favor o en contra en un día que ya es histórico, porque el debate sobre el aborto legal comparte protagonismo noticioso con el esperado inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus.
La sesión inició cubierta por un manto de incertidumbre, ya que el resultado se estima muy ajustado. De acuerdo con el balance realizado por RT a partir de declaraciones o entrevistas con las y los senadores, hay 32 votos garantizados para la legalización, 32 en contra y seis que han mantenido oculta su posición, y que terminarán inclinando la balanza en uno u otro sentido.
Fuentes del gobierno consultadas por este medio confirmaron que esperan que el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández sea aprobado a lo sumo con 36 votos afirmativos, contra 32 negativos y dos abstenciones.
Si hay empate, el voto decisivo será el de Cristina Fernández de Kirchner, ya que una de sus funciones como actual vicepresidenta es dirigir las sesiones en el Senado y desempatar en caso de ser necesario.
El dramático escenario, sin embargo, es descartado hasta el momento por el gobierno, a pesar de que la Iglesia Católica está presionando hasta el último minuto a los senadores para que no apoyen la iniciativa.
De hecho, el Papa Francisco, que es el excardenal argentino Jorge Bergoglio, se sumó al intenso debate público que enfrenta hoy su país natal con un mensaje en Twitter en el que ratificó su posición en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Campañas
Desde temprano, la militancia en favor y en contra de la interrupción legal del embarazo colmó las redes sociales con etiquetas como #VaASerLey, #AbortoLegal2020, #EsUrgente y #EsAhoraSenado, frente a #NoSeráLey y #ArgentinaEsProvida.
En las plazas de todo el país están convocadas cientos de manifestaciones, pero el epicentro es la Plaza del Congreso, en Buenos Aires, que ya fue dividida por rejas para que el lado izquierdo sea ocupado por el movimiento de mujeres que ha luchado por la legalización y que se identifica con los pañuelos verdes, y el derecho por quienes prefieren mantener el aborto clandestino y usan pañuelos celestes como símbolo.
"La historia es nuestra y la hacemos en la calle", señalaban algunos de los carteles colocados en la vía pública por organizaciones feministas, y que contrastaban con los que pegaron las organizaciones opositoras, fundamentalmente religiosas, con mensajes en los que aseguraban que el expresidente Juan Domingo Perón rechazaba por completo el aborto.
En ambos lados de la Plaza ya se colocaron pantallas gigantes para que las militancias escuchen el debate durante la vigilia que realizarán bajo los casi 30 grados que cubren a Buenos Aires, en pleno verano austral.
Mientras tanto, en la televisión y en las redes se anticipaban los escenarios del "poroteo", como se denomina localmente a la estimación de votos cuando se discute una ley. En todos los casos aseguraban que la legalización será aprobada con una mínima diferencia.
Cronología
El camino para esta sesión comenzó el pasado 1 de marzo, cuando Fernández, quien recién había asumido la presidencia el 10 de diciembre, anunció durante su primer mensaje en el Congreso que enviaría el proyecto de legalización del aborto que había prometido durante la campaña.
La pandemia retrasó sus planes, por lo que el reclamo del movimiento de mujeres para que cumpliera su palabra se fue intensificando hasta que el pasado 9 de noviembre Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, confirmó que la iniciativa estaba lista y sería discutida en periodo extraordinario de sesiones.
El 17 de noviembre, el presidente anunció el envío de dos proyectos que son complementarios: el de interrupción voluntaria del embarazo y el Programa de los 1.000 días para apoyar a las mujeres durante los tres primeros años de vida de sus hijos e hijas. La premisa es que el Estado apoye tanto a las mujeres que quieren ser madres como a las que no.
A principios de diciembre, las comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal de la Cámara de Diputados realizaron tres audiencias informativas, en las que participaron 36 oradores a favor y 36 en contra de la legalización. El 9 de diciembre emitieron dictamen y al día siguiente fue debatido en una sesión plenaria, que terminó el viernes 11 de diciembre, después de una sesión que duró 20 horas.
El resultado fue de 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
La iniciativa se envió entonces para su ratificación o rechazo al Senado, en donde del 15 al 17 de diciembre se realizaron tres audiencias informativas, en las que 28 expositores a favor y 28 en contra del aborto se presentaron frente a las comisiones de Justicia, Salud y la Banca de la Mujer. El mismo 17 por la tarde emitieron el dictamen que comenzó a ser sometido a discusión en el pleno de este martes.
En el medio, se acentuaron las intimidaciones a las y los senadores, que se tradujeron en correos masivos con amenazas si votaban a favor, persecuciones en sus provincias y, en el caso de los opositores, para que no apoyen el proyecto porque su aprobación representará un triunfo político para el gobierno.
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa impulsada por el presidente legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años, sin más requisito que la solicitud de la mujer o persona gestante (varon trans o del género no binario).
Ese plazo solo podrá ser mayor si el embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la solicitante, o si es resultado de una violación, lo que ya está despenalizado en Argentina desde 1921. Para ello, deberá firmar una declaración jurada, requisito que no será necesario si es una niña menor de 13 años.
También establece que toda mujer y persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios públicos y privados del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, con garantía de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía, calidad y acceso a la información.
En los casos de menores de 13 años, el aborto se realizará mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.
Si tiene entre 13 y 16 años, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su autorización, el de al menos uno/a de sus representantes legales.
El proyecto advierte que las y los funcionarios públicos, autoridades, profesionales y personal sanitario que dilaten injustificadamente, obstaculicen o nieguen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo podrán ser plausibles de sanciones penales de tres meses a un año, e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Durante su tratamiento legislativo, la ley sufrió algunos cambios para garantizar más votos.
El más importante se refiere a la "objeción de conciencia" de los establecimientos de salud, que no estaba incluida en la iniciativa original, y que permite que todos los profesionales de la salud de un mismo centro aleguen creencias personales para negarse a practicar un aborto. En caso de que eso ocurra, esa institución tendrá que derivar a la paciente que solicita interrumpir su embarazo para que sea atendida en tiempo y forma. Además, se hará cargo de los gastos.