Argentina fue el escenario de polémicos casos en los cuales se les negó el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos a muchas niñas y mujeres, que fueron obligadas a ser madres por no tener acceso a una interrupción legal del embarazo, en medio de dilaciones estatales y todo tipo de trabas burocráticas. A pocas horas de haberse despenalizado y regulado el aborto en ese país sudamericano, los colectivos feministas todavía tienen presentes situaciones escandalosas y recientes, difundidas en los momentos cruciales del debate legislativo. Muertes evitables, marcas imborrables en el cuerpo y severos daños psicológicos fueron algunos de los resultados por forzar la maternidad.
La histórica sanción del Congreso cobra mayor relevancia si se repasan hechos ocurridos hace pocas semanas, luego de que el Gobierno de Alberto Fernández enviara el proyecto de ley. De hecho, el 30 de noviembre la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir denunció que una niña de 12 años fue obligada a dar a luz en la provincia de Jujuy, al extremo norte.
Este grupo afirma que la menor quedó embarazada producto de una violación, y por ello solicitaron la interrupción del mismo, ya que un fallo de la Corte Suprema nacional ordena que se autoricen estos pedidos para situaciones de abuso. Sin embargo, las autoridades provinciales habrían dilatado el trámite, mientras el feto seguía creciendo. "La estrategia fue ganar tiempo", sostuvo la Red.
Así, a pesar de que el Ministerio de Salud nacional se ofreció como intermediario para garantizar los derechos de la pequeña, la cartera sanitaria local contestó con evasivas. La provincia, conducida por el radical Gerardo Morales, ya contaba con un protocolo especial para menores, diseñado junto a Unicef, pero tampoco fue tenido en cuenta.
"Realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre", lamentó la agrupación. Este año hubo varios casos similares en distintas provincias, como Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero.
Un territorio antiaborto
El norte argentino tiene larga data violentando derechos de mujeres que no deseaban ser madres. En Tucumán, jurisdicción gobernada por el peronista Juan Manzur y declarada oficialmente como un territorio "pro-vida" (es decir, en contra del aborto legal), el caso de 'Lucía' —nombre ficticio que se usó para no revelar la verdadera identidad— conmocionó a todo el país en febrero del 2019. Aquella gestante, una niña de tan solo 11 años, fue obligada a parir. Se cree que había quedado embarazada tras ser violada por el novio de su abuela.
Cecilia Ousset, la médica que le practicó la cesárea, contó en Radio Nacional que la menor ingresó al sistema de salud con 16 semanas de gestación, destacando que de haberse interrumpido el embarazo por esos días, como pedían 'Lucía' y su familia, la niña no hubiese corrido riesgos. En total, hubo ocho pedidos para abortar. Sin embargo, el Estado provincial dejó pasar el tiempo, adrede, hasta la semana 23.
Así, ya no era posible hacer un aborto legal de manera segura, y se decidió extraer a la beba de forma prematura. En caso de haber continuado la gestación, la menor podría haber tenido un paro cardíaco por su elevada presión. Igualmente, dentro del quirófano, todos los profesionales, incluyendo el anestesista, se declararon "objetores de conciencia". Entonces, solo quedaron Ousset y su marido, quien también es médico, y realizaron la delicada intervención.
Horas antes, el Gobierno tucumano difundió un aberrante comunicado afirmando que acataba la doctrina de la Justicia argentina para interrumpir el embarazo, pero "en procura de defender las dos vidas".
Rápidamente, el Poder Judicial tucumano debió aclarar que esto era una mentira gubernamental: la jueza nunca mencionó las "dos vidas", y solo se limitó a respetar el lineamiento de la Corte Suprema nacional. Asimismo, la abogada Florencia Vallino, quien pudo interceder en el caso, alertó que los responsables del Sistema Provincial de Salud influenciaban a la niña, romantizando el embarazo y hasta tocándole la panza.
En marzo del año pasado, a los pocos días del nacimiento forzoso, el sanatorio Eva Perón reveló que la bebé había muerto. Y la doctora Ousset, quebrada emocionalmente, recordó el momento en que conoció a 'Lucía' en el hospital porque la pequeña no soltaba la mano de su madre mientras jugaba con unos muñecos.
La muerte de una niña indígena violada y forzada ser madre
En noviembre del 2018, el mismo año en que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito invadía las calles en las principales ciudades del país, otro grave caso desató la polémica e indignación. Una niña de 13 años murió en la provincia de Chaco, y su beba recién nacida, también.
Según el relato de Liliana Ensisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, la pequeña indígena de la comunidad wichí presentaba desnutrición crónica, anemia, neumonía y un embarazo de siete meses. Se cree que la concepción se produjo tras un abuso sexual. Frente a este cuadro crítico, con un "fallo multiorgánico", se decidió suspender la gestación, "ya que corría riesgo la vitalidad fetal y la materna".
"Nació un niño de 1.300 gramos, de 30 semanas de gestación, pero que también tenía una infección, y horas después falleció", relató la doctora. Al día siguiente, la menor también murió. Desde las agrupaciones feministas de ese país criticaron que el Estado no le brindó la información necesaria a la gestante, ni tampoco le consultaron si deseaba ser madre. Los derechos ausentes fueron varios: la adolescente ni siquiera iba al colegio. En su comunidad, acudía un médico una vez cada 15 días.
Unicef publicó en septiembre que Argentina tiene diez partos por hora entre adolescentes, y unos 109.000 al año. En ese segmento poblacional, el 70 % de los embarazos no son deseados: "Ocurrieron durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición", advirtió la organización. Entre tanto, la nación suramericana acaba de dar el primer paso para evitar este flagelo, y solo resta por ver cómo se aplica la nueva ley para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito, incluso en los territorios más conservadores.
Leandro Lutzky
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