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2020, un año marcado por la violencia en Colombia: las masacres se triplican y los asesinatos de líderes sociales no cesan

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Una gran mayoría ha tenido lugar en zonas rurales, en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional.
Imagen ilustrativa

El clima de violencia en Colombia ha experimentado este 2020 una intensificación sin precedentes en los últimos años. Las masacres, que suponen el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas, se han multiplicado casi por tres en tan solo 12 meses. Si en 2019 hubo que lamentar 36 de estas matanzas, con un total de 133 víctimas, este año han sido 90, en las que han sido asesinadas 375 personas.

Los datos eran alarmantes ya el año pasado. Según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia, 2019 registró las peores cifras desde 2014, dos años antes de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a un conflicto armado iniciado en los años 60 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero la historia de violencia en el país se remonta a décadas: entre 1958 y 2015 se registraron más de 6.000 masacres en Colombia.

Entre las víctimas se encuentran numerosos exguerrilleros. En octubre de 2019 había 5.059 antiguos miembros de las FARC inscritos en actividades de formación profesional como parte de su reinserción en la sociedad, frente a los 2.461 que había en enero. Todavía no se han hecho públicas las cifras de este año, pero la que sí se conoce es la del número de excombatientes, firmantes del Acuerdo de Paz, que han sido asesinados desde el desarme de la guerrilla: 249, según el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común).

Además, el ACNUDH de Colombia ha mostrado reiteradamente su preocupación por las personas defensoras de derechos humanos, así como por los pueblos indígenas, además de por el incremento de los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida y violaciones de los derechos humanos de niñas y niños.

Aunque el Centro Nacional de Memoria Histórica atribuye la mayoría de estas masacres al paramilitarismo, en muchos casos fueron perpetradas por guerrillas, sicarios de narcos y agentes de fuerza pública. Además, una gran mayoría ha tenido lugar en zonas rurales, en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional.

Violencia endémica

En el país existe una tasa de violencia endémica, como demuestra que en 2019, según datos de la Policía, la tasa nacional de homicidios fuera de 25 por cada 100.000 habitantes

Los departamentos más afectados por las masacres, tanto el año pasado como este, han sido Antioquía, Cauca, Nariño y Norte de Santander, donde las disputas por la economía ilícita es una de las principales causas de violencia.

Estos departamentos coinciden con las regiones (además de Arauca y Chocó) donde existe más presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, precisamente estos territorios también son el área de actuación principal de grupos criminales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y la Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, que emplean violencia extrema para controlar las economías ilegales, principalmente las relacionadas con el tráfico de drogas.

Las personas defensoras de los derechos humanos

La situación de los líderes sociales y las personas defensoras de los derechos humanos sigue siendo muy preocupante en el país. En 2019 el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó 253 asesinatos, mientras que en 2020 ha registrado 309 ejecuciones hasta el 30 de diciembre, lo que representa un incremento del 22 % en tan solo 12 meses.

En total, desde la firma de Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC, Indepaz recoge 1.091 asesinatos de líderes sociales. Como en el caso de las masacres, Cauca (con mucha diferencia), Nariño y Antioquía, lideran este siniestro ranking regional.

La mayoría de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados a lo largo de estos cuatro años han sido líderes indígenas (294), seguidos de líderes campesinos-comunales (203) y líderes cívicos (125). En total, los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 79,37 % de los homicidios.

Sin embargo, aunque las cifras se están recrudeciendo desde 2014, todavía están muy lejos de las registradas en los años de mayor conflicto interno en el país, como en 2002, cuando se registraron 1.649 asesinatos de líderes sociales, o 2003, cuando la cifra fue aún peor, con 1.912 muertes.

Baja presencia estatal y redes de macrocriminalidad

Las zonas más criticas presentan muy baja presencia del Estado, salvo en la forma militar, y en ellas sigue la recomposición de control territorial y las disputas por las rentas del narcotráfico, la minería del oro, el tráfico de madera, la plusvalía de megaproyectos y de obras de infraestructura, la apropiación de tierras y el reparto de poder político.

Según apunta Indepaz, los promotores de esas disputas son estructuras y redes complejas de macrocriminalidad que se mueven entre negocios legales e ilegales, que incluyen empresas que lavan el enriquecimiento con actividades ilícitas y que cuentan con socios intrincados en las instituciones del Estado. De esas estructuras los grupos armados neoparamilitares y narcoparamilitares con solo una parte, que funcionan en asociación con otras estructuras legales.

A día de hoy, una parte de las disputas se produce por el intento de grupos armados de reconstruir y controlar la economía que estaba bajo el dominio de las FARC antes de su desarme.

Nuria López

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