"Solo se ha juzgado una ínfima parte del aparato represivo": el reclamo para que Argentina revele los archivos ocultos de la dictadura

Argentina es reconocida en el mundo por su juzgamiento a criminales y genocidas de la última dictadura militar (1976-1983), luego de haber anulado en 2003 —durante el Gobierno de Néstor Kirchner— las leyes que garantizaban la impunidad de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, en ese país sudamericano muchos sostienen que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia está incompleto si los distintos organismos del Estado continúan sin revelar los archivos secretos del autodenominado 'Proceso de Reorganización Nacional', y también de los años previos. Esto, considerando que en la etapa final del último mandato de Juan Domingo Perón —falleció en 1974 y luego tomó el cargo su esposa, María Estela Martínez de Perón— se instauró la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), una organización presuntamente financiada por el Ministerio de Bienestar Social que utilizaba a grupos paraestatales armados, dando inicio al terrorismo de Estado, afianzado en la posterior dictadura.

Se estima que desde septiembre de 1973 hasta el golpe militar hubo 1.035 activistas revolucionarios muertos y 752 secuestrados o desaparecidos. Varios historiadores, como Claudia Ferri, incluso sostienen que el 'Plan Cóndor' ya había iniciado antes de la dictadura. Bajo el mandato de facto, la cifra de desapariciones forzadas ascendió a 30.000, según organismos de derechos humanos. 

Myriam Bregman, abogada defensora de víctimas de violaciones a los derechos humanos

De una u otra forma, lo cierto es que en democracia los Gobiernos fueron pasando y las condenas a antiguos jerarcas no estuvieron acompañadas por la apertura masiva de documentos locales que pusieran luz sobre los secretos del horror, todavía ocultos: procedimientos militares o delitos aún desconocidos; nuevos nombres propios y líneas de mando para investigar; complicidades eclesiásticas, empresariales y hasta sindicales. Quienes reclaman la entrega de los archivos creen que también podría ayudar a muchos bebés robados, hoy adultos, para conocer su verdadera identidad, y saber qué pasó con sus padres detenidos. 

"Dejan dormir los expedientes"

La dirigente de izquierda Myriam Bregman, una abogada conocida por patrocinar a víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias, lleva años intentando acceder a esos documentos. Las respuestas de las oficinas públicas casi nunca son satisfactorias: "No hay información" o "es todo lo que tengo", son las más comunes. A nivel judicial, el panorama no es muy distinto: "Los expedientes los dejan dormir, directamente. No te dicen que no, te ponen un 'téngase presente', y lo dejan así", cuenta la legisladora. 

En 2019 Washington le entregó a Buenos Aires 4.903 documentos desclasificados de inteligencia, vinculados a la dictadura sudamericana, hoy disponibles en Internet. En total, se calcula que son unas 43.000 fojas. Este hecho histórico, relevante para saber más sobre el proceso antidemocrático y la coordinación de la Casa Blanca con las dictaduras regionales bajo la doctrina del 'enemigo interno', también es la contracara de la falta de información local: "Resulta bochornoso que nos estemos enterando por las desclasificaciones de EE.UU., por ejemplo, dónde hubo centros clandestinos de detención en la Argentina", expresa Bregman. 

Mientras, varias organizaciones insisten en la importancia de liberar los archivos secretos de la Policía Federal Argentina (PFA) y también de la entonces Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE), algo que ya ocurrió con la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y dio buenos resultados.

"Los archivos están, pero aparecen a cuentagotas"

En 2013, la entrevistada tuvo una excepción, en medio de trabas burocráticas y constantes evasivas. Tras muchas intimaciones judiciales y la posibilidad de allanar oficinas estatales, en un caso donde representa a Alejandrina Barry —sus padres fueron asesinados—, logró que las autoridades de Inteligencia reconocieran por primera vez lo que ya todos suponían: "Conseguimos que la exSIDE responda y diga que sí tenía archivos de la dictadura guardados. Nos entregó información de los padres de Alejandrina e incluso alguna mención a ella misma", repasa la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Además, parte de los documentos entregados eran de 1974, previo al Gobierno de facto.   

Bregman remarca que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) jugó un papel cuestionable en los últimos años. Bajo el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se aprobó una ley de Acceso a la Información Pública, y con esta herramienta, Myriam volvió a pedir datos sobre el caso Barry por la vía administrativa, sin jueces de por medio: "Me dio información distinta a la que me había dado la primera vez", subraya, y acota que la entrega "evidentemente es parcializada". Igualmente, en otros casos puntuales la AFI le dio más escritos, frente a pedidos específicos: "Todo confirma que los archivos están, pero van apareciendo a cuentagotas", enfatiza. 

Myriam Bregman, abogada defensora de víctimas de violaciones a los derechos humanos

Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene publicados 6.800 documentos emitidos durante la dictadura. Para Bregman, es insuficiente, y no hay voluntad política para mostrar todos los papeles del terrorismo de Estado a la sociedad. "Llegó el momento de abrir absolutamente todo. Que la Iglesia comparta lo que tenga, que los organismos del Estado entreguen todo. No puede ser que digan: 'Encontramos en un sótano del Ministerio de Defensa...' ¡Basta de sótanos!", remarca. 

El rol eclesiástico en la lucha para conocer la verdad es muy criticado por la izquierda argentina. Bregman estuvo presente el día en que el cardenal Jorge Bergoglio —el actual papa Francisco—, declaró como testigo en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El religioso dijo que se podrían buscar los papeles de la Iglesia Católica para esclarecer algún crimen cometido en el pasado. Sin embargo, "esos archivos no aparecen", lamenta la abogada.

La revelación más importante del último tiempo fue en 2018, cuando el Episcopado argentino acordó con el Vaticano entregar a las autoridades locales constancias de 127 bautismos producidos en la ESMA, uno de los centros de detención y tortura más representativos de la dictadura, mientras muchos hijos de desaparecidos intentan recuperar su verdadera identidad. De todos modos, estos aportes son excepcionales.

"No puede ser que haya causas dependiendo de que algún sobreviviente, de 60 o 70 años, se acuerde de algo. Ya no va más ese sistema", cuestiona la especialista.    

¿Pacto de silencio?

Para esta letrada, si las autoridades mostraran todos los archivos del terror podrían figurar más represores que todavía no fueron indagados. "Lo que se ha juzgado en Argentina es una ínfima parte del aparato represivo del Estado", puntualiza. Y subraya: "Fue una dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial, faltan varias patas". En cuanto a la responsabilidad civil, añade: "Resta por saber quiénes fueron todos esos directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y las grandes empresas, que participaron activamente en el armado del genocidio. No es que ellos se beneficiaron económicamente nada más". 

Bregman también fue abogada de Julio López, una víctima de la dictadura que, tras declarar en los juicios por la verdad, volvió a desaparecer en plena democracia. Nunca más se supo de él. Sobre este caso emblemático, repasa que López compartió el encierro clandestino en los 70 con un delegado de la automotriz Peugeot, que estaba por ser liberado: "Llamaron de la empresa y dijeron que no lo suelten porque era 'un bochinchero [ruidoso] bárbaro'. Esa fue la expresión que recordó Julio. Bueno, esas personas, esos empresarios, esa red de multinacionales que señalaban a sus delegados y decían 'que desaparezcan', no sabemos quiénes son. Quiero esos nombres. Tal vez siguen perteneciendo a las personalidades ilustres de la sociedad argentina".  

Pero, ¿por qué Argentina todavía no difundió todos los archivos secretos? ¿Acaso hay uniformados en funciones con un pasado oscuro? ¿Hombres y mujeres de negocios? ¿Sindicalistas? ¿Cuál es la parte de la historia que los organismos del Estado todavía no contaron?

El personaje más renombrado al respecto fue César Milani, jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2013 y 2015, bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este militar generó polémicas porque estuvo procesado en la causa por desaparición, tortura y asesinato del soldado Alfredo Ledo, sumado a los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón Alfredo. Pasó dos años y medio detenido, pero luego fue absuelto de las graves acusaciones. "Milani es la punta del iceberg", opina Myriam.

"Se protege a los civiles"

La aparición de carpetas de aquellos tiempos genera revuelo en la sociedad actual. Algo así sucedió cuando se dio a conocer un listado del Batallón 601, dependiente del Ejército, con las identidades del Personal Civil de Inteligencia (PCI) de la dictadura. Infiltrarse en universidades, fábricas, organizaciones sociales y sindicatos fue una práctica habitual de los represores. En este archivo desclasificado "había nombres muy renombrados de la Argentina", recuerda Bregman.

Uno de ellos es Gerardo Martínez, actual secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), y hombre importante en la Confederación General del Trabajo (CGT), la central gremial más grande de ese país. Martínez fue sobreseído porque la Justicia no comprobó ningún crimen, en un fallo muy criticado, pero el hecho de haber trabajado para los dictadores genera resquemores entre los obreros más informados. "Se protege a los civiles", vaticina esa legisladora local. 

En diciembre del 2019 hubo cambio de administración: la asunción de Alberto Fernández regresó al peronismo a la Casa Rosada y con su asunción se renovó el compromiso por la búsqueda de verdad, al menos discursivamente. Por lo pronto, apenas llegó al Ejecutivo se decidió intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde se está relevando una cantidad colosal de archivos vinculados a la dictadura. Y ya les enviaron a distintas agrupaciones sociales algunos informes que Inteligencia hizo sobre esos colectivos, cuenta Bregman. La deuda pendiente, sigue siendo mostrar los nombres de los autores de aquellas tareas. 

"Hace falta un trabajo conjunto del Estado, empezando por Cancillería, donde todos los familiares iban y me consta que habían registrado cosas muy importantes sobre el destino de los desaparecidos", destaca la política. Y suma: "Acá debería haber una acción coordinada de todos los organismos de derechos humanos, los familiares, todos los que han tenido víctimas o quienes las representamos, para hacer una exigencia de verdad en serio".

Cuando Bregman ocupó un escaño en el Congreso Nacional presentó un proyecto de ley para impulsar una apertura masiva de archivos, "diseñando un esquema de cómo serían administrados", detalla. La revelación de los documentos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sirven de ejemplo, para lo cual se creó una Comisión de la Memoria que se encarga de analizar los datos. Igualmente, no tuvo la respuesta deseada, y sus conclusiones son lapidarias: "Es increíble que no logramos que pase las comisiones en la Cámara de Diputados. Ni que hablar de que llegue al recinto. Hay una reticencia objetivamente muy grande a que se sepa toda la verdad de lo ocurrido durante la dictadura". 

Leandro Lutzky

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