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El presidente de Argentina rechaza aplicar indultos a pesar de las presiones de su partido: ¿cuáles son sus razones?

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Alberto Fernández confirmó que prefiere que la tarea de liberar o no a exfuncionarios quede en manos de la Justicia o del Congreso.
El presidente de Argentina rechaza aplicar indultos a pesar de las presiones de su partido: ¿cuáles son sus razones?

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó este miércoles que no indultará a los exfuncionarios o líderes sociales vinculados a los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que se consideran "presos políticos", entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, quien fue condenado por actos de corrupción.

"Para que haya indulto tiene que haber alguien condenado, el indulto es un perdón que da el Presidente y, la verdad, cuando la Justicia actúa no tengo por qué perdonar. Yo no soy quién para perdonar, aun cuando tenga esa facultad", advirtió el mandatario en una entrevista con la cadena Radio con Vos.

"A la palabra le asigno un valor central. Yo hice campaña diciendo que iba a promover una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo y cumplí, e hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y voy a cumplir", agregó.

El presidente hizo estas declaraciones en medio de las presiones que hay al interior de la coalición oficialista Frente de Todos para liberar a Boudou, al exministro de Planificación Julio De Vido y a los dirigentes Milagro Sala y Luis D'Elía, entre otros.

"Los persiguen por patriotas. Las cárceles no son para los compañeros. Marcha y acampe por una navidad sin presos políticos", fue el lema con el que el pasado 14 de diciembre se llevó a cabo una manifestación al Palacio de Tribunales.

"Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia y lo que es peor, continúa", acusaron. 

En ese momento, la Corte Suprema había dejado con sentencia firme la condena a cinco años y diez meses de prisión en contra de Boudou, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo. El tribunal que lo juzgó consideró ciertas las denuncias de que el exvicepresidente había comprado, a través de prestanombres, una empresa que obtuvo millonarios contratos por parte del Estado para imprimir billetes.

La prensa antiperonista anticipó que, gracias a este fallo, Boudou dejaría la prisión domiciliaría en la que se encuentra cumpliendo su pena y volvería a una cárcel común, lo que hasta este momento no ha ocurrido debido a una serie de apelaciones.

'Lawfare'

Militantes peronistas lanzaron una campaña para defender a Boudou con el argumento de que, al igual que decenas de políticos y empresarios procesados o juzgados, entre los que se encuentra la expresidenta y actual Cristina Fernández de Kirchner, es víctima del 'lawfare', es decir, de una guerra jurídica que implica una persecución por motivos ideológicos, no porque realmente se hayan cometido delitos.

Como parte de esas movilizaciones, arreciaron los reclamos para que el presidente indultara a los acusados. Uno de los más explícitos fue el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, quien advirtió que esta era la única manera de terminar con el 'lawfare'.

Sin embargo, el mandatario advirtió este miércoles que el indulto es "una rémora monárquica" que todavía permanece en la Constitución, pero con la que no está de acuerdo.

"Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quienes han sido condenados, y en esos mismos términos se transfirió a la Constitución argentina. Primero se dice que el Presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual, no borra la condena", explicó.

También precisó que para que exista el indulto tiene que haber alguien condenado, porque la amnistía, que ha sido otro de los reclamos, solo puede aplicarse a quienes estén procesados, pero en ese caso la decisión depende del Congreso, no del Poder Ejecutivo.

Aunque rechazó la posibilidad de liberar a los autodenominados "presos políticos", Fernández sí coincidió en que durante los últimos años hubo procesos judiciales irregulares que podrían ser anulados.

Cecilia González

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