Crisis humanitaria a las puertas de Madrid: más de 4.000 vecinos sin electricidad durante el peor temporal de frío y nieve en 50 años

Hace 101 días que los vecinos de una zona lindante con la capital de España viven sin electricidad. Sin embargo, la medida, que afecta a casi 4.500 personas, ha llegado a un punto extremo estos días, con el temporal de nieve más duro que ha sufrido el centro del país en los últimos 50 años. 

Mientras tanto, responsables políticos y la empresa concesionaria del suministro eléctrico han protagonizado una especie de partido de tenis en el que se traspasan de unos a otros la responsabilidad de una situación que se ha convertido en toda una crisis humanitaria a las puertas de la ciudad más importante del país.

¿Qué es la Cañada Real?

La Cañada Real está compuesta por una serie de asentamientos en su mayor parte ilegales, un enclave de viviendas prefabricadas en muchas ocasiones, donde también se encuentran chabolas, chalés e incluso bloques de pisos repartidos a lo largo de unos 15 kilómetros.

El asentamiento se encuentra repartido entre tres municipios: Coslada, Rivas Vaciamadrid y la propia capital del país. Pero la parte de construcciones ilegales pertenece principalmente al término municipal de Madrid, salvo un pequeño tramo central que se adentra en Rivas.

La Cañada Real se divide en seis sectores. Los dos últimos, el V y el VI, son los que se encuentran afectados por el corte eléctrico que dura ya más de un trimestre.

Las soluciones que proponen los tres municipios afectados son diversas. Coslada apuesta por legalizar todo el tramo que discurre por su término y dotarlo de todos los servicios públicos. Rivas ha manifestado su intención de derribar todas las viviendas y realojar tan solo a las familias vulnerables. Por su parte, Madrid sigue debatiendo la solución a aportar a la zona, aunque en principio se pretende derribar las edificaciones para mantener la zona como espacio verde.

¿Quién vive allí?

Desde mediados del siglo XX se ha ido asentando en esta zona población de diversas procedencias, donde son mayoría las personas de etnia gitana u originarias de otros países.

El sector V ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos ocho años, con la llegada de migración marroquí que se ha unido a los iniciales pobladores de origen español. Aquí las construcciones varían en su calidad y tamaño.

Por su parte, el sector VI es el más grande de la Cañada Real y también el más mediático, debido fundamentalmente al tráfico de drogas que se desarrolla en una pequeña área de esta zona.

En total, aunque no existe un censo oficial reciente, se calcula que la población en ambos sectores asciende a entre 4.000 y 4.500 personas, de las que casi la mitad serían niños y adolescentes.

¿Qué ha pasado con la luz?

La empresa encargada de la distribución, Naturgy, asegura que el consumo excesivo de determinados enganches (conexiones ilegales) a la red producen sobrecarga y que, por ese motivo, se produjo el corte en el suministro.

Lo cierto es que los vecinos aseguran que desde hace años, con la llegada de las bajas temperaturas, se venían produciendo cortes puntuales de electricidad, que podían durar unas horas o hasta un día, pero hasta la fecha nunca se había producido una situación ni ligeramente similar a la que sufren desde el pasado 2 de octubre, con un corte total ininterrumpido de luz.

Ahora, se apunta que la sobrecarga de la red que indica la empresa distribuidora es producida por plantaciones ilegales de marihuana. El problema es que no solo los usuarios de esta actividad han visto interrumpido el suministro energético, sino también el resto de sus vecinos que no se dedican a ninguna actividad ilícita.

¿Quiénes son los responsables?

Desde el Gobierno de España se ha señalado a la Comunidad de Madrid como la responsable de no dar una solución a este conflicto, después de que en 2017 los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, el órgano legislativo de la región, y los Ayuntamientos de las tres localidades afectadas llegaran a un acuerdo para regularizar la situación de la Cañada Real, que hasta la fecha no se ha llegado a concretar en ninguna actuación.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se señala como responsable a la Delegación del Gobierno en la región, argumentando que son los responsables de acabar con las plantaciones ilegales de marihuana que se encuentran detrás de la sobrecarga de la red eléctrica.

Otro de los actores principales, la empresa Naturgy, ha alegado reiteradamente que no puede proporcionar servicio a construcciones ilegales, aunque en su último comunicado ha cambiado su versión y reclamado el respaldo legal de las administraciones para cortar unos suministros y reestablecer otros.

¿Se vislumbra una solución?

Ni las administraciones públicas ni la empresa Naturgy han dado hasta el momento una respuesta definitiva para acabar con este problema. 

Los primeros conatos de dar con una solución llegaron el pasado jueves, ya con Filomena, la terrible borrasca que ha azotado la península Ibérica, dando sus primeros coletazos. Ese día el Ayuntamiento de Madrid anunció que habilitaría una antigua fábrica de muebles en desuso de la zona donde se podría albergar hasta a 600 personas y en la que se instalarían alternadores para ofrecer electricidad y calefacción. Además, se ofrecían otras 100 camas en un polideportivo en el cercano barrio de Santa Eugenia de Vallecas.

Solo cuatro personas (una mujer con su bebé y dos hombres) aceptaron esta oferta. Esta familia acudió el viernes y permaneció en este albergue hasta el domingo, cuando se cerró la instalación. Los motivos del cierre han sido dos, por un lado la falta de personas a las que atender, y por otro, la falta de gasóleo para el generador que debía proveer la calefacción del recinto.

El resto de vecinos de la Cañada Real rechazaron esta posibilidad ofrecida por el Consistorio de la capital, recriminando que se había propuesto sin consultarles ni informarles. Además, argumentaron que no se había tenido en cuenta que se encuentran en medio de una pandemia de coronavirus y que esos albergues comunitarios posibilitarían un mayor riesgo de contagio. Por otro lado, no quieren abandonar sus hogares y sostienen que la solución pasa por el restablecimiento del suministro eléctrico.

Por su parte, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, región que engloba las tres poblaciones afectadas, han insistido en que la problemática vivida en la Cañada solo tiene que ver con la delincuencia y el narcotráfico, sin aportar ninguna solución al respecto.

La empresa Naturgy remitió una carta, también el pasado jueves, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al delegado del Gobierno de España en la región y a los alcaldes de Madrid y de Rivas Vaciamadrid solicitándoles una reunión urgente.

Además, ahora, la distribuidora ha solicitado la autorización administrativa de la Comunidad de Madrid, o del Gobierno de España en su defecto, para cortar la luz solo a los consumos excesivos, potencialmente vinculados a las actividades ilícitas, para restaurar el consumo al resto de la población.

Para el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, la iniciativa de la eléctrica es una cortina de humo para lavar su imagen, y afirma que "escudarse en la droga para cortar el suministro a cientos de familias es algo que raya en lo criminal".

Este domingo, el Ayuntamiento de Madrid y Naturgy anunciaron que entregarían 100 estufas de gas y 120 bombonas de butano para las familias afectadas. La entrega, que ha comenzado a llevarse a cabo este mismo lunes, ha resultado sin embargo accidentada, con el lanzamiento de piedras por parte de los vecinos.

Organizaciones sociales dan la voz de alarma

Desde el inicio de esta crisis, diversas organizaciones sociales han alzado la voz, aún con más fuerza durante la última semana con la situación crítica que se vive con temperaturas bajo cero grados.

Diversas asociaciones de vecinos de la Cañada Real emitieron un comunicado el pasado día 8 respondiendo al alcalde de Madrid, el conservador José Luis Martínez-Almeida. Denuncian que el regidor no se ha reunido con las asociaciones vecinales y que no han sido consultadas en ningún momento. Sostienen que la propuesta de "traslado forzoso" pone de manifiesto un "tratamiento indigno": "Como si fuésemos mercancía, sin contar con nuestros derechos y sobre todo como si no fuésemos dignos de poder decidir", escribían.

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La situación de los menores es especialmente grave. Así lo atestigua la carta remitida la pasada semana por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que pedía a las administraciones españolas que solucionasen la situación de Lina, una niña de tres años aquejada de bronquiolitis obliterante crónica que no puede ser tratada sin suministro eléctrico. 

También el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, el Defensor del Pueblo, la ONG Save the Children y otras organizaciones han puesto el foco en la situación de los alrededor de 2.000 niños que están sufriendo esta crisis humanitaria. Incluso el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, así como el partido político Más Madrid, han reclamado una solución a este drama.

"No hay circunstancia alguna que justifique la vulneración de los derechos de la infancia y que las administraciones públicas y toda la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de hacer valer su interés superior", ha asegurado Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, entidad que ha pedido la intervención inmediata de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que facilite los dispositivos para dotar de suministro eléctrico a estas familias.

Nuria López