Piñera autoriza a las Fuerzas Armadas de Chile a controlar las fronteras para "combatir la inmigración ilegal"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, autorizó este martes a las Fuerzas Armadas a cooperar en el control fronterizo para "combatir la inmigración ilegal".

A través de la modificación del decreto 265, Piñera encomendó a las fuerzas armadas dar "apoyo logístico, tecnológico y de transporte" a los organismos encargados de la seguridad en el control de las fronteras.

Según dijo el mandatario en una rueda de prensa, el Gobierno busca con esto "proteger la seguridad y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país, sean chilenos o extranjeros". 

"El objetivo es mantener las puertas abiertas y acoger a la migración legal de aquellos que vienen a Chile cumpliendo con nuestras leyes y a aportar el desarrollo de nuestro país, pero al mismo tiempo combatir la inmigración ilegal de aquellos que pretenden entrar sin cumplir nuestras leyes", dijo el presidente. Y añadió que la medida va en línea con lo dispuesto por la nueva Ley de Migración que impulsó el Gobierno y fue aprobada por el Congreso. 

Según Piñera, una vez que la normativa sea promulgada por el Ejecutivo, Chile podrá tener "una migración más segura, más ordenada y más regular". 

En su discurso, el jefe de Estado afirmó que el foco de esta medida estará puesto en la región norte, donde existen, aseguró, 32 pasos ilegales, por medio de los cuales "organizaciones criminales, dotadas de cuantiosos recursos (…), ingresan al país drogas, armas, contrabando y violencia".

La nueva ley de Migración que está a punto de entrar en vigencia fue una propuesta del oficialismo, que la impulsó bajo el lema "ordenar la casa". Si bien reemplaza una vieja legislación que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la normativa endurece las obligaciones para los extranjeros en Chile, y ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos.   

Entre otros puntos, la ley establece que el extranjero que quiera ingresar como residente deberá pedir una visa consular en su país, al tiempo que dispone que, si un turista consigue un trabajo en Chile y quiere modificar su registro a residente, ya no podrá hacerlo, salvo por un caso de 'reunificación familiar'. 

Críticas al decreto

El pasado 2 de diciembre, apenas se aprobó el proyecto oficial, la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile emitió un comunicado en el que señala que la normativa "reforzará las desigualdades" que viven las personas migrantes y refugiadas en el país andino. 

Según sostiene el organismo, la ley multiplicará la presencia sistemática de una migración irregular en Chile, y advirtió que "la implementación de un sistema de visados consulares ya ha demostrado en la práctica ser la principal barrera para la concesión de residencias".

Asimismo, parlamentarios de la oposición presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de Chile, por considerar que el proyecto atenta "contra derechos fundamentales de las personas migrantes". 

Para los diputados opositores, la redacción de algunos artículos conlleva la "desprotección de aquellas personas en situación migratoria irregular, en proceso de regularización migratoria y aquellas que no han ingresado a Chile", debido a que no se ofrece "una justificación constitucionalmente legítima", para limitar sus derechos.

Por lo tanto, "resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación".

El Tribunal Constitucional informó este martes que declaró admisible el requerimiento de los legisladores de oposición, por lo que se acordó decretar una audiencia pública el próximo lunes 18 de enero de 2021 para tratar este asunto.