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Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas

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Académicos y organizaciones ambientalistas advierten que la determinación judicial mantendrá al país como líder en conflictos por minería en América Latina.
Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al pueblo indígena Masewal, de la Sierra Norte de Puebla, y avaló la Ley Minera. La decisión no está exenta de polémica porque, según académicos y estudiosos del tema, dará luz verde a la explotación, devastación y despojo de tierras por parte de las industrias extractivas en México.

La Segunda Sala de la SCJN avaló por unanimidad la constitucionalidad de la Ley Minera, aún cuando los pueblos indígenas afectados por ese instrumento jurídico no hayan sido consultados para su aprobación.

La determinación de la Corte se produjo luego de que la comunidad Masewal solicitara declarar la invalidez de la Ley Minera, por considerar que viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

De hecho, la instalación de un proyecto emprendido por filiales mexicanas de la minera canadiense Almaden para la extracción de oro y plata, en el municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, ya había provocado desde hace varios años la resistencia de las comunidades asentadas en la zona.

"Negar la inconstitucionalidad de esta ley significa validar un sistema de violación, que históricamente nos ha despojado de territorio a los pueblos indígenas", señalaron voceras del Consejo Masewal Altepetahpianih, a través de un video difundido en redes.

El planteamiento de los pueblos fue apoyado por organizaciones ambientalistas tanto nacionales e internacionales, incluyendo a dependencias de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la Ley Minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país", señaló el abogado Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en declaraciones recogidas por el medio SinEmbargo

Minería contra los pueblos

Al respecto, grupos de académicos y defensores de derechos humanos han señalado que "las leyes mineras deben ser consultadas con los pueblos indígenas, pues la extracción de los minerales que comúnmente se encuentran en sus territorios tienen impactos muy intensos que suelen generar daños contrarios al derecho internacional".

Uno de los principales problemas en torno a la Ley Minera es que que prioriza las actividades extractivas, por encima de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la minería es una de las principales causas de emergencia social y ambiental en el país, ya que los métodos de extracción y disposi­ción de residuos han convertido a la actividad en una importante fuente de contaminación, con afectaciones a la salud de muchas poblaciones.

"Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales", sostienen los investigadores Claudia Gómez y Jorge Peláez, en un trabajo publicado por la Semarnat. "En estos convenios leoninos, las empresas mineras reciben todas las ganancias y las comunidades asumen todas las pérdidas. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan", señalan.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México es el país con más casos de conflicto minero en la región, con 58 registros, por encima de Chile (con 49) y Perú (con 46). 

Manuel Hernández Borbolla

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