La Asamblea Nacional de Venezuela busca rescatar los activos del país confiscados en el exterior: ¿hay posibilidades de éxito?

Hace una semana, la petición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la nueva Asamblea Nacional (AN) fue clara: buscar los "los mejores asesores" para iniciar un proceso de recuperación de los recursos y activos del país en el extranjero, incluyendo 30.000 millones de dólares en cuentas bancarias y Citgo, la filial de PDVSA en EE.UU.

El proceso ha comenzado este martes, con la conformación de la denominada Comisión Especial para Investigar Acciones Perpetradas contra la República, que estará encabezada por el diputado opositor José Brito, y acompañada por el parlamentario chavista Hugbel Roa en la vicepresidencia, junto a otros 25 legisladores.

La urgencia de esta medida está a la vista. La crisis económica que atraviesa Venezuela, agudizada durante la pandemia de coronavirus, ha obligado al mandatario venezolano a pedir no solo el rescate de los activos del país que han sido confiscados de manera unilateral por EE.UU. en el exterior, sino también los recursos congelados en la banca internacional. Pero, ¿hay posibilidades reales de que estas gestiones sean exitosas?

Comisión Especial

Una de las características inéditas de este proceso, que ha iniciado en el seno del Parlamento, es que la Comisión está conformada por diputados del chavismo y la oposición. La semana pasada, Maduro fue enfático en este punto, al hacer un llamado a "la unión nacional" para este fin. 

"Con esos recursos, Venezuela experimentaría una recuperación milagrosa, automática. Podría dispararse la producción de petróleo, hierro, aluminio, acero, importaciones para nuestro pueblo", apuntó Maduro.

El pasado jueves, Brito aseguró que en la comisión se centrarían en "presentar al país los daños terribles y la burla cometida contra los venezolanos, por la anterior gestión de la AN", que se apropió de 18 millones de dólares "para financiar a bufetes de abogados que han trabajado en contra de los intereses de la República".

Sanciones económicas y profundización de la crisis en Venezuela: el legado de la autoproclamación de Juan Guaidó

Este martes, tras instalarse oficialmente la comisión, Brito puntualizó que para citarán a comparecer al Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, a partir del próximo lunes, para ofrecer los datos del "despojo" de activos y presentar los resultados de las medidas coercitivas impulsadas por el anterior Parlamento, de mayoría opositora.

El jefe de la comisión adelantó que se investigará el robo de las empresas Monómeros y Citgo, y cualquier caso de corrupción que vincule a políticos en general. "Yo no tengo que confundir diferencias con odio, y tampoco puedo confundir venganza con necesidad de justicia. A Venezuela le hace falta justicia", puntualizó Brito.

El parlamentario aseguró que en lapso de 30 días, con carácter perentorio, será dado a conocer un informe preliminar de las investigaciones contra los diputados de la AN saliente. "Muchas de estas investigaciones están adelantas, en curso o por realizarse. La gente podrá conocer todo lo que se está investigando, ocultando", sostuvo.

Contraloría interna

Entretanto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, le pidió este lunes al Contralor General, Elvis Amoroso, "meter la lupa" e investigar la gestión de los integrantes de las antiguas directivas del Parlamento. "Abriremos todas las puertas de esta instancia para que se realicen las auditorías correspondientes a las directivas de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020", manifestó.

Por su parte, Amoroso puntualizó que habrá sanciones para aquellos que se nieguen a declarar, empezando por 12 meses de inhabilitación para el ejercicio público o la inscripción para optar a cargos de elección popular.

"La Contraloría hará las investigaciones correspondientes a los funcionarios que se nieguen a hacer la declaración. Y si arroja algún hecho irregular o de corrupción tendrá una inhabilitación que pueda alcanzar los 15 años", acotó.

Panorama internacional

En conversación con RT, el diputado Oliver Rivas considera que el primer paso para lograr la recuperación de estos bienes y recursos será "el despliegue de Venezuela en el escenario internacional" y en las instancias y organizaciones multilaterales, que dependen de las Naciones Unidas.

El parlamentario reconoce que, para ello, primero debe lograrse "el reconocimiento de la nueva AN como Poder Legislativo y del Estado venezolano como sujeto de Derecho Internacional", así como su derecho a gestionar las empresas estatales que se manejan mediante figuras jurídicas privadas.

En este particular, Rivas se muestra optimista, ya que considera que el exdiputado Juan Guaidó, quien fungía como uno de los contendientes en esa disputa para quedarse los activos Venezuela, ya no tiene ninguna legitimidad. "Por el contrario, la ha ido perdiendo progresivamente", sostuvo.

La desaparición de Guaidó del plano político, a su juicio, "cambia la relación del juego" y le da al Estado venezolano una mejor posición en las instancias internacionales de arbitraje o conciliación. 

El parlamentario estima que durante los próximos meses Venezuela vivirá un escenario interesante, con una buena asesoría jurídica, y "una gran campaña internacional por la devolución de los activos" y "el reconocimiento de los daños de las medidas coercitivas de EE.UU.", lo que ocurrirá a la par del cambio de administración en la Casa Blanca. 

Por su parte, el parlamentario Tony Boza apunta que "con un nuevo gobierno en EE.UU., Venezuela hará todas las acciones posibles para recuperar el patrimonio, incluyendo a Citgo". Según su criterio, toda medida que no este amparada en el Derecho Internacional puede revertirse.

"Hay antecedentes positivos. En el caso argentino hubo muchas decisiones sobre la deuda soberana que fueron revertidas, precisamente por reclamos ante las instancias correspondientes", agrega Boza.

El gobierno venezolano estima que la economía nacional perdió un estimado de 17.000 millones de dólares por año como resultado de la primera ronda de sanciones económicas de 2017, y de 10.000 millones de dólares adicionales, producto de la última seguidilla de medidas coercitivas, iniciada por Guaidó en 2019. 

Jessica Dos Santos